24/07/2026
En una planta de snacks al oriente de San Salvador, las líneas de producción de Productos Alimenticios Diana llevan meses operando a un ritmo diferente. La empresa fue la primera en acogerse a la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con un proyecto de 34 millones de dólares y la creación de 200 nuevos empleos. El caso, que el propio gobierno salvadoreño presenta como ejemplo de los alcances de la norma, refleja el objetivo de una legislación que, a seis meses de su entrada en vigor, ya comienza a mostrar sus primeros resultados.
La Ley fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 498 el 14 de enero de 2026, publicada en el Diario Oficial ocho días después y vigente desde el 24 de enero. De acuerdo con cifras de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), durante el primer trimestre de aplicación se registraron proyectos de expansión por 233 millones de dólares, con una proyección de 1.407 empleos directos.
"La Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones no es una promesa, es un instrumento que ya está moviendo capital en tiempo real", declaró el presidente de la entidad, Rodrigo Ayala, en abril.
El proyecto de Diana no ha sido el único. Galvanissa, del sector metalmecánico, obtuvo la calificación para una expansión de 40 millones de dólares que prevé crear más de 350 empleos. Ternova presentó una inversión de 22.25 millones de dólares con 120 nuevos puestos de trabajo proyectados, mientras que Melher accedió al régimen con una inversión cercana a los 2 millones de dólares, lo que evidencia que la ley también resulta atractiva para proyectos de menor escala. Ayala adelantó que hay más empresas tramitando su incorporación al régimen y que se espera un balance más completo al cierre del primer semestre de vigencia.
Para analizar el alcance jurídico de esta normativa y su impacto en el clima de inversión, LexLatin conversó con María Alejandra Tulipano, socia de Consortium Legal El Salvador, y Verónica Tadeo, asociada senior de la firma.
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Un régimen pensado para quien ya apostó por el país
Para Tulipano, la nueva legislación viene a cubrir una necesidad que el marco regulatorio salvadoreño había dejado sin atender. Si bien el país disponía de incentivos para atraer inversión extranjera mediante regímenes como las zonas francas o los beneficios para proyectos de energías renovables, las empresas ya instaladas que pretendían expandir sus operaciones fuera de esos esquemas carecían de un instrumento diseñado para ese propósito.
"El Salvador ya contaba con un marco legal y mecanismos para atraer inversión extranjera directa mediante la implementación de regímenes especiales como zonas francas, incentivos a energías renovables y otros esquemas sectoriales. Sin embargo, lo novedoso de esta normativa es que suple el vacío regulatorio para empresas que previamente establecidas deseaban reinvertir o ampliar operaciones fuera de los regímenes especiales. La propia exposición de motivos de la precitada ley reconoce que era necesario potenciar la expansión de inversiones existentes en sectores productivos no cubiertos por incentivos específicos", afirma.
En opinión de la vocera, el régimen sigue una tendencia internacional que ha ido dejando atrás las exenciones tributarias generalizadas para privilegiar incentivos vinculados a la inversión productiva, la incorporación de tecnología y el desarrollo de innovación.
Las compañías con varios años de presencia en un mercado parten con ventajas evidentes: dominan el entorno, han consolidado sus cadenas de suministro y cuentan con personal experimentado. En ese escenario, impulsar el crecimiento de quienes ya producen en el país puede generar resultados más rápidos que atraer nuevos capitales.
La estructura de la ley responde a ese objetivo. El régimen está dirigido a proyectos de expansión desde un millón de dólares, sin establecer un techo de inversión. El crédito tributario aumenta de manera progresiva: alcanza el 10 % para desembolsos de entre uno y diez millones de dólares; sube al 20 % cuando la inversión se ubica entre diez y veinte millones; y llega al 30 % para montos superiores a los veinte millones. Además, incorpora la exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces para los inmuebles destinados al proyecto, siempre que permanezcan vinculados a la inversión durante al menos cinco años.
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Por qué unos sectores avanzan y otros esperan
Los primeros proyectos aprobados bajo la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones pertenecen principalmente a los sectores de alimentos, construcción y químico-farmacéutico. Por el contrario, ramas como la textil, la electrónica y la de autopartes todavía se encuentran en una fase inicial de análisis del régimen.
Tulipano relaciona esta diferencia con la dinámica propia de cada cadena productiva. Las industrias orientadas al mercado local o regional detectan con mayor rapidez posibilidades de crecimiento y, en muchos casos, ya disponen de infraestructura, permisos y canales de distribución establecidos. Esa base previa facilita la formulación de nuevos proyectos y reduce el tiempo necesario para ponerlos en marcha.
Las actividades vinculadas a cadenas globales de valor siguen un proceso distinto. En esos casos, las decisiones suelen pasar por comités corporativos internacionales, comparaciones entre jurisdicciones y validaciones de las casas matrices, lo que prolonga el periodo de evaluación antes de concretar una inversión.
"En el caso de alimentos, hay cuatro subsectores que están tomando más protagonismo", declaró Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
Esa observación ayuda a entender por qué el sector alimentario concentra una parte importante de los proyectos aprobados hasta el momento. Ayala también indicó que el interés empresarial no se restringe a la industria tradicional, debido a que existen iniciativas en el sector automotriz relacionadas con la fabricación de bolsas de aire y cinturones de seguridad, así como un acercamiento del sector aeronáutico a fabricantes de asientos para aviones.
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El obstáculo de los diez años
Uno de los principales requisitos de la ley es demostrar al menos diez años de actividad ininterrumpida en El Salvador. Aunque el criterio parece claro, la asociada senior de Consortium Legal El Salvador sostiene que las mayores dificultades aparecen cuando una empresa ha atravesado procesos de reorganización societaria, una situación frecuente tras fusiones, escisiones, cambios de razón social o adquisiciones por parte de grupos internacionales.
"En tales circunstancias, el desafío no consiste únicamente en demostrar la existencia jurídica de la entidad actual, sino en acreditar la continuidad económica, operativa y empresarial de la inversión en El Salvador. Es decir, aunque la sociedad beneficiaria no sea exactamente la misma que inició operaciones una década atrás, deberá evidenciar que existe una continuidad sustancial en las actividades, activos, operaciones o estructuras productivas que pretende expandir", resalta.
La revisión suele ser aún más exigente para los grupos multinacionales que desarrollan sus actividades a través de subsidiarias o holdings regionales. En estos casos, cobra especial importancia sustentar el vínculo entre las distintas sociedades del grupo y demostrar que el proyecto de expansión deriva de una operación con presencia efectiva en el país durante el período establecido por la ley.
A ello se añaden otras exigencias, como la presentación de estados financieros auditados correspondientes a los últimos diez años y documentación que respalde la capacidad técnica y financiera de la empresa. En estructuras corporativas de mayor complejidad, recopilar y ordenar esa información puede extenderse durante varios meses antes de presentarla ante el Ministerio de Economía.
Calificar es solo el principio
Asimismo, obtener la calificación no marca el final del proceso. A partir de ese momento, comienza una etapa de seguimiento en la que las empresas deben cumplir las condiciones que dieron origen al beneficio. Tadeo identifica algunos de los escenarios que pueden poner en riesgo el régimen:
- incumplir los cronogramas de inversión comprometidos;
- modificar de manera sustancial el proyecto sin la autorización correspondiente;
- mantener obligaciones tributarias o aduaneras pendientes;
- acogerse simultáneamente a regímenes incompatibles, como el de zonas francas.
La normativa también establece un plazo definido para ejecutar los proyectos. Las inversiones calificadas deben iniciar operaciones dentro de los 18 meses siguientes a la aprobación, salvo que exista una causa debidamente justificada. De lo contrario, el beneficio puede ser revocado. Esa decisión no solo deja sin efecto los incentivos hacia adelante, sino que también podría dar lugar al pago de los tributos exonerados y a procesos de fiscalización que, de acuerdo con la ley, pueden iniciarse incluso después del plazo ordinario de caducidad.
Las obligaciones tampoco terminan con el inicio de las operaciones, se suma:
- presentar informes semestrales suscritos por auditores autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría;
- remitir esa información a la Dirección General de Impuestos Internos y al Ministerio de Economía,
- conservar el destino productivo de los activos adquiridos bajo el régimen, sujeto a la supervisión de ambas entidades.
"Una eventual revocatoria de la calificación podría generar consecuencias económicas relevantes para la empresa, incluyendo la pérdida de los incentivos concedidos e incluso posibles contingencias o ajustes fiscales por parte de la administración tributaria. Por ello, además de estructurar adecuadamente el proyecto desde el inicio, resulta indispensable implementar mecanismos de seguimiento y cumplimiento durante toda la fase de ejecución de la inversión", advierte la asociada senior.
Dónde queda El Salvador frente a sus vecinos
En la comparación regional es donde el instrumento salvadoreño se distingue con mayor claridad. Costa Rica construyó buena parte de su estrategia sobre el régimen de zonas francas orientado a exportación. Panamá ofrece regímenes especiales para logística y servicios internacionales. República Dominicana consolidó su modelo mediante zonas francas industriales y de servicios. En los tres casos, el énfasis histórico ha sido atraer inversión nueva.
Tulipano señala que este esquema salvadoreño ocupa un espacio que hasta ahora había quedado relativamente vacío en la región centroamericana: el de la reinversión de empresas ya establecidas. Y cuando el análisis se extiende fuera de América Latina, la socia identifica tres modelos de referencia mundial en materia de reinversión industrial: Estonia por sus incentivos a la reinversión de utilidades, Singapur y Corea del Sur por sus esquemas orientados a manufactura avanzada y exportación. Costa Rica y México, agrega, destacan dentro de la región por combinar beneficios fiscales con acceso a mercados estratégicos, una combinación que El Salvador todavía construye.
La diputada Dania González, quien impulsó la iniciativa en la Asamblea Legislativa, calculó que al menos 3.000 empresas podrían beneficiarse de este marco de incentivos.
Los resultados iniciales muestran la demanda real, los casos que avanzan con rapidez y los sectores que apenas empiezan a explorar el instrumento. Sin embargo, Tulipano considera que la evaluación definitiva llegará en los próximos dos o tres años, cuando sea posible determinar cuántos de los proyectos precalificados se concretan y cuál es su impacto real en la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones. Solo entonces podrá medirse si El Salvador logró convertir este régimen en una ventaja frente a sus vecinos centroamericanos.
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