09/06/2026
Más de 314 mil millones de dólares (equivalente a $5.6 billones de pesos). Ese es el volumen que el gobierno mexicano estima movilizar entre 2026 y 2030 a través de su Plan de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, el programa de obra pública más grande que el país ha presentado en muchos años. Ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua, salud: ocho sectores, más de 1.500 proyectos identificados y, desde el 9 de abril de 2026, una ley diseñada específicamente para que el capital privado pueda entrar a ese tablero con reglas más claras que las que existían antes.
La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar no es la primera norma que México produce para regular la participación privada en obra pública. Sin embargo, a diferencia de sus antecesoras, esta norma fue construida al revés: primero se analizaron los proyectos concretos, cerca de 1.500 iniciativas estratégicas con sus particularidades sectoriales y financieras, y después se diseñó el marco para darles soporte. Esa lógica, según Marco Antonio de la Peña, socio de Cuatrecasas México, marca una diferencia con los modelos anteriores.
"La inversión requiere certeza jurídica, y esta ley es un buen apunte en ese sentido. La nueva ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar responde a la necesidad de ajustar el marco legal de los esquemas mixtos de inversión público-privado a los objetivos de política pública del gobierno actual. Este marco legal da soporte al Plan de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 con una inversión estimada de 314 mil millones de dólares en proyectos de energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, agua y salud, entre otros", sostiene el abogado.
La ley también reformó la legislación presupuestal para dar certeza legal a la disposición de recursos públicos destinados a financiar proyectos de infraestructura. Ese ajuste tiene consecuencias prácticas importantes, ya que elimina ambigüedades sobre la aplicación de fondos no presupuestales a proyectos mixtos, un punto que había generado fricciones en esquemas anteriores y que ahora queda expresamente regulado.
Distancias con la Ley de APP y las novedades jurídicas
La pregunta natural que surge entre los operadores del sector es qué diferencia, en la práctica, a este ordenamiento del modelo de Asociaciones Público-Privadas que existía antes. De acuerdo con el experto en Energía e Infraestructura, la Ley de APP operaba con una lógica relativamente uniforme, pensada para proyectos con características estándar. El nuevo marco, en cambio, reconoce que un proyecto ferroviario no tiene la misma naturaleza jurídica ni financiera que uno de infraestructura hospitalaria o de generación eléctrica, y actúa en consecuencia.
De la Peña señala que, a diferencia de la Ley de APP, este ordenamiento prevé estructuras de vehículos de propósito específico adaptadas a la naturaleza de cada proyecto y, al mismo tiempo, introduce mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, tanto presupuestales como no presupuestales. Esa flexibilidad se refleja en la posibilidad de estructurar fideicomisos, sociedades o certificados bursátiles de acuerdo con las características de cada proyecto, sin necesidad de sujetarlos a un esquema único.
"A diferencia de la Ley de APP, este ordenamiento prevé la posibilidad de estructuras y vehículos de propósito específico, acordes a la naturaleza y características de cada sector y proyecto. Al mismo tiempo, da flexibilidad y transparencia a la aplicación de recursos públicos, tanto presupuestales como no presupuestales", indica el socio.
Esa adaptabilidad estructural es, para los operadores del sector, el cambio más relevante del nuevo régimen. Los esquemas de participación mixta que introduce la ley permiten combinar el capital privado con los fondos públicos de formas que el marco anterior no contemplaba con suficiente precisión, lo que reduce la zona gris contractual que tantas veces fue fuente de disputas.
México redefine la participación privada en infraestructura con un plan de inversión mixta
Fideicomisos, sociedades y certificados bursátiles
El corazón operativo del nuevo esquema descansa sobre los vehículos de propósito específico. El vocero de Cuatrecasas México explica que estos instrumentos le ofrecen al inversionista privado mayor certidumbre y control sobre sus recursos dentro de cada proyecto, precisamente porque el capital queda afectado a un fin determinado y separado del patrimonio general de las partes. Para los fondos institucionales y los inversionistas internacionales, esa separación patrimonial no es un detalle menor: es condición para la entrada.
La posibilidad de usar certificados bursátiles dentro de estos vehículos abre, además, una vía de financiamiento en mercados de capitales que en esquemas anteriores era difícil de articular con la participación estatal. Si los proyectos de infraestructura pueden securitizarse a través de instrumentos bursátiles con respaldo legal claro, el universo de inversionistas potenciales se amplía considerablemente más allá del crédito bancario tradicional.
No obstante, de la Peña identifica aquí uno de los retos más delicados de la implementación. Según el experto en el sector público mexicano, garantizar que los recursos públicos se destinen al fin previsto, sin entorpecer la funcionalidad mercantil de estos vehículos, exige un equilibrio normativo muy fino. El derecho mercantil opera con velocidades y lógicas que no siempre son compatibles con los controles que los recursos del Estado exigen, y esa tensión tendrá que resolverse caso por caso en la práctica contractual.
"Un reto en estos vehículos será cómo garantizar el cumplimiento del destino de los recursos públicos sin entorpecer la funcionalidad en los mercados de los mismos y la aplicación del derecho mercantil en su constitución y ejecución", aclara.
¿Dónde están las oportunidades para el capital privado?
De los ocho sectores cubiertos por el plan, la distribución de recursos no es uniforme y eso tiene implicaciones directas para quienes evalúan dónde colocar capital. De la Peña señala que el 54 % de la inversión total se orienta a energía, mientras que los ferrocarriles absorben un 15 % y las carreteras un 13 % adicional. Los sectores de agua y salud completan el cuadro con una participación menor, pero con proyectos de alta demanda social y, en varios casos, con modelos de retorno más predecibles.
Frente a ese mapa, los contratos de largo plazo bajo la modalidad CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) representan el mecanismo más promisorio para el desarrollo privado. La lógica detrás del modelo es clara, ya que al mantener la relación contractual durante todo el ciclo de vida del activo, el privado no se limita a construir, sino que también asume la operación y el mantenimiento, recuperando su inversión mediante los ingresos que genera la propia operación -y no únicamente a través de pagos puntuales del Estado. El abogado de la Peña destaca que el atractivo de este marco trasciende las fronteras mexicanas.
"Sin duda las empresas dedicadas al desarrollo de infraestructura, fondos de inversión e instituciones financieras deben ser agentes activos en la aplicación del nuevo marco legal en México. Igualmente, las firmas de abogados especializadas en infraestructura y energía tendrán un papel relevante en la estructuración legal y regulatoria de los proyectos para garantizar el equilibrio público-privado conforme a los objetivos del nuevo marco legal", remarca.
Qué garantías puede ofrecer el nuevo marco legal al inversionista extranjero
Entre las preocupaciones más frecuentes de los inversionistas extranjeros interesados en proyectos en México está la posibilidad de que el Estado decida terminar anticipadamente un contrato. La inquietud no es menor, considerando que en los últimos años América Latina ha registrado diversos casos de rescisión unilateral de contratos que dejaron a los privados sin mecanismos adecuados de compensación. El nuevo marco legal busca responder a ese escenario de manera expresa.
El experto explica que para los casos de terminación anticipada unilateral por parte del Estado, la ley contempla la posibilidad de obtener una compensación razonable sobre las inversiones realizadas. Además, el esquema contractual incluye controles corporativos específicos orientados a proteger el retorno esperado del inversionista a lo largo de la vida del proyecto. A eso se suma un mecanismo permanente de auditorías durante la ejecución, que permite detectar desviaciones antes de que escalen a conflictos mayores.
"Este nuevo marco legal le puede garantizar al inversionista extranjero un esquema contractual con los controles corporativos necesarios para cuidar el retorno de su inversión y que, ante una terminación anticipada unilateral del Estado, pueda obtener una compensación razonable de sus inversiones. Igualmente, se plantea un esquema permanente de auditorías en la ejecución de proyectos que permiten identificar desviaciones", menciona.
La ley también permite modificar los contratos durante su vigencia cuando se presentan circunstancias que lo justifican. En proyectos con horizontes de 20 o 30 años, esa capacidad de ajuste resulta indispensable, ya que las condiciones económicas, tecnológicas y regulatorias de sectores como el ferroviario o el energético pueden cambiar de forma significativa con el tiempo, y un contrato sin mecanismos de adaptación termina convirtiéndose en un foco de conflictos.
En materia de solución de controversias, tanto la ley como su reglamento contemplan mecanismos alternativos, como el arbitraje y la mediación. Sin embargo, los actos administrativos (como concesiones, permisos y autorizaciones) continúan bajo la competencia de los tribunales. Para los inversionistas que priorizan la certeza del arbitraje internacional, este límite es un aspecto que conviene considerar desde la etapa inicial de estructuración del proyecto.
El socio de Cuatrecasas advierte que pese a los avances introducidos por la ley y su reglamento, la autoridad conserva amplias facultades discrecionales. Por ello, recomienda que las empresas privadas revisen cuidadosamente el modelo de contrato de inversión estratégica de cada licitación antes de asumir compromisos, ya que en ese documento se define el equilibrio entre las partes.
"Será relevante conocer la matriz de riesgos, así como el modelo de contrato de inversión estratégica que sea objeto de la licitación para identificar a detalle la distribución de riesgos entre las partes. La ley y su reglamento plantean facultades discrecionales amplias, respecto de las cuales se recomienda que las empresas privadas revisen el modelo de contrato para garantizar el balance y la mitigación de riesgos legales, financieros y operativos", agrega.
Los lineamientos aún no llegan
El reglamento fue publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2026, apenas 29 días después de la ley. Desarrolla varias de las previsiones del ordenamiento y fija un plazo de 60 días para que la Secretaría emita los lineamientos correspondientes. De la Peña reconoce que el reglamento atendió buena parte de las inquietudes que el sector había planteado, pero advierte que todavía existen previsiones de carácter general cuyo alcance real dependerá de los modelos de contrato que finalmente se liciten.
El éxito del nuevo esquema dependerá menos de la ambición del plan y más de cómo se implementen sus contratos en la práctica. La verdadera prueba estará en la capacidad de las autoridades para ofrecer reglas estables, mecanismos claros de distribución de riesgos y condiciones que permitan sostener proyectos de largo plazo. En un contexto regional donde la incertidumbre sigue marcando muchas decisiones de inversión, México apuesta por construir un modelo que combine la participación privada, la seguridad jurídica y la ejecución sostenida de infraestructura estratégica.
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