Por segunda ocasión en menos de 3 años, la influencer mexicana Mariana Rodríguez ha causado revuelo tras ser acusada de utilizar su cuenta de Instagram para beneficio de la plataforma política de su marido, el ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García.
El hecho se dio a conocer luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer una multa al partido Movimiento Ciudadano por 55 millones 400 mil pesos (2,7 millones de dólares al 26 de julio), el 200 % de los 27.8 millones de pesos que calculan que la celebridad de internet hubiera cobrado por las publicaciones que realizó.
Esto no es nuevo para la pareja. En 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó contabilizar monetariamente las historias de Instagram de Mariana como propaganda política cuando Samuel García realizó su campaña como senador. Ahora en las elecciones de 2021, el INE señaló nuevamente a la celebridad de internet de beneficiar la candidatura del político, al considerar que la difusión en redes sociales es una labor remunerada al considerar que su cuenta de Instagram es su principal fuente de ingresos y deberá el TEPJF pronunciarse sobre el caso.
El día jueves 22 de julio, el INE tuvo una Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde su consejero presidente Lorenzo Córdova comentó que el monitoreo en el sistema electoral fue todo un reto y que a 49 días de los comicios reportó que se revisaron más de un millón de eventos proselitistas que dieron como resultado 39,448 informes de 29,612 candidatos, dando como resultado 1,200 millones de pesos en sanciones, de acuerdo al cálculo de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto.
“Aún tenemos pasos por recorrer para la plena transparencia del ejercicio de los recursos. Esta fiscalización se da en un contexto en donde sabemos que se pretende deslegitimar dicha acción. Aunque tenga sanciones no se trata de un ejercicio punitivo, sino de transparencia”, añadió.
Durante la sesión, la consejera electoral Norma Irene De La Cruz, expresó que, en el caso de Mariana Rodríguez, la fiscalización dio a conocer que la influencer promovió a su esposo en 45 fotografías publicadas y 1.300 historias en Instagram.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del INE multó con 448 mil 995 pesos (19.988 dólares al 26 de julio) a Samuel García, ya que consideraron que las publicaciones realizadas por su esposa Mariana Rodríguez fueron una aportación económica a su campaña en especie que no reportó a la unidad. Su partido fue multado con la cifra previamente señalada.
Redes, políticos y propaganda
En México la política no es ajena a la participación de las personalidades públicas. Sin embargo, la regulación de lo que se puede publicar en internet por parte de los partidos en redes sociales cuenta con vacíos legales que permiten a los aspirantes a un puesto de elección popular obtener publicidad no contabilizada a través de influencers. Esto se debe gracias a que existen regulaciones muy definidas para radio y televisión y fiscalización por parte del INE sobre campañas en medios tradicionales, pero en cuestión de redes sociales, las únicas redes sociales que se encontraban monitoreadas de manera oficial por el instituto hasta el momento son YouTube y Facebook.
Esta última cuenta inclusive con una herramienta llamada Biblioteca de Usos la cual, de acuerdo con la descripción en la aplicación, “ofrece transparencia publicitaria al proporcionar una colección completa en la que se pueden realizar búsquedas y que incluye todos los anuncios que actualmente están en circulación en las apps y los servicios de Facebook, incluido Instagram”. Los datos pueden filtrarse por fecha, autor, página, nombre de la persona que se busca y se menciona el monto, quién invirtió en la publicación y el alcance que obtuvo con el público en general. Este tipo de conteos no se estaban llevando a cabo como requisito para la aplicación de Instagram durante los pasados comicios electorales.
Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, explicó que la primera vez que el INE comenzó a fiscalizar las publicaciones en redes fue en 2018, año en el cual empezó a establecer criterios respecto al uso de redes sociales.
“En términos de opinión, el INE lo que está implementando son criterios de cómo se van a determinar y contabilizar estos gastos en Instagram. A fin de cuentas, es una red social a la que se le están aplicando criterios. Su trabajo es corroborar que lo que están reportando los partidos y esas campañas que están haciendo se haga sin omisiones", afirma la especialista en partidos políticos.
Al respecto, Vázquez Correa expresó que independientemente de la relación que Rodríguez pueda tener con García, sus redes sociales a pesar de ser personales tienen un uso comercial y que la actividad que realizó en las mismas es considerada como una aportación en especie que debe de ser contabilizada como tal.
“Me parece importante señalar que, en los diversos casos de diversos influencers, no se trata de obstaculizar su trabajo, sino de visibilizar que tiene un valor monetario independientemente de que exista un cobro. Esto también es una lucha de la democracia mexicana de promover el voto y fortalecer las vías para la promoción del sufragio”, finalizó.
¿Y la libertad de expresión?
La comunicadora y empresaria Mariana Rodríguez no ha dejado de publicar historias e imágenes respecto a su inconformidad con el tema. En sus historias de Instagram comentó que la resolución del INE implica violencia de género al limitar su libertad como mujer al reservarse u opinar sobre política o realizar un cobro por ello
"Al INE no le importa violar nuestros derechos a la libre expresión como ciudadanas ni como mujeres. Qué lástima que el instituto piense que solo puedo apoyar a quien amo si le pongo un precio. A mí nadie me dice qué hacer y nadie tiene el derecho de definir un precio por mí”, añadió.
Luego de las declaraciones, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al considerar que el INE estaba realizando una violación a sus derechos humanos.
A modo más específico, el documento presentado señala una supuesta violación ante el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere a que el Estado Mexicano está obligado a respetar su derecho de participación política en condiciones de igualdad, libres de discriminación y violencia.
También se consideró una violación al artículo 6 de la Constitución que garantiza el libre acceso a la información plural y oportuna, lo que implica internet y sus distintas formas de comunicación incluyendo redes sociales.
Al respecto, el político y esposo de la influencer, Samuel García, publicó en su cuenta de Instagram luego de que se diera a conocer la votación por parte de los consejeros del INE que: “Están equivocados cuando dicen que Mariana Rodríguez es una persona con actividad empresarial. Desde el 6 de junio de 2020 Mariana se dio de baja como Persona Física con Actividad Empresarial”, mientras mostraba una imagen de un documento presuntamente oficial que comprobaba lo dicho.
Esto abre un debate en donde, por un lado, a pesar de ser páginas de personas físicas, cuentan con actividades de promoción por lo que es importante saber hasta dónde llega su libertad de expresión. Sin embargo, mientras las reglas del INE no se encuentren definidas en cuestiones de redes sociales, sus alcances y si las publicaciones entran o no como un donativo en especie por parte de la persona que lo publica, los partidos políticos y sus candidatos seguirán tomando ventaja de esto, mientras el INE continuará con multas a sanciones que no están claramente establecidas.
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