01/12/2025
En medio de acusaciones por parte del gobierno y el oficialista Partido Libre, los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Honduras de este 30 de noviembre apuntan a una ajustada disputa entre dos representantes de la oposición: el empresario Nasry 'Tito' Asfura (Partido Nacional, conservador) y el presentador televisivo Salvador Nasralla (Partido Liberal), en lo que se perfila como un inminente cambio del rumbo político en ese país centroamericano.
Con 55 % de los votos escrutados, el cómputo parcial da a Asfura un 40 % de los sufragios, mientras Nasralla obtuvo 39,8 %. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, habría alcanzado la mitad de escrutinios de sus principales contendores (19,2 %).
Al margen de quien resulte favorecido por el voto popular tendrá sobre sus hombros, entre otras, la titánica tarea de apuntalar la economía, altamente dependiente de las remesas y de una agricultura poco desarrollada, así como aunar esfuerzos por mantener la lenta pero progresiva disminución de la pobreza, lo cual pasa por la creación de nuevas fuentes de empleo y el reforzamiento de la institucionalidad y la gobernanza, golpeada por altos niveles de corrupción.
De allí que Gustavo León-Gómez, socio de Consortium Legal - Honduras, señale como el principal reto que tendrá el nuevo gobierno el ofrecer seguridad jurídica a las inversiones locales e internacionales que puedan aportar fondos para la reactivación de sectores como la industria, la agricultura y la construcción, a fin de fomentar las exportaciones y el crecimiento económico en general.
Además de la urgencia en lo que respecta al manejo interno del país, Germán Enrique Martel Beltrán, socio director de la firma Interglobal Legal, estima prioritario el mantener la estabilidad macroeconómica haciendo uso del acuerdo marco establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica, entre otras cosas, procurar mantener la inflación en las metas establecidas, controlar el gasto público, reducir el déficit fiscal y bajar los niveles de endeudamiento.
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De dónde venimos
Pese a exhibir en las últimas décadas un ritmo de crecimiento constante de entre 3 % y 4 %, Honduras sigue siendo una de las naciones más pobres de América Latina, con una renta per cápita por debajo de la media regional. Según cifras oficiales, en 2024 el PIB se ubicó en 30.090 millones de dólares, un alza de 3,6 % respecto al año previo. De ese total, el 25 % corrió por cuenta de las remesas enviadas desde el exterior, principalmente desde EE. UU.
Aunque la agricultura sigue siendo el sector económico clave, en particular por el cultivo de café y bananas, las exportaciones agrícolas no logran revertir el signo negativo de la balanza comercial hondureña, que en 2024 alcanzó un saldo desfavorable de 6.700 millones de dólares. A ello hay que añadir el alto grado de vulnerabilidad a perturbaciones climáticas como huracanes y prolongadas sequías, que minan las posibilidades de desarrollo del campo.
Con una escasa tecnificación, el sector manufacturero se destaca por una naciente industria maquiladora que, aprovechando las facilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), exporta partes y piezas para el sector textil y de la confección hacia el mercado norteño. No obstante, el sector requiere de inversiones que posibiliten su expansión hacia otras áreas y mercados.
“Nuestra economía depende en gran medida de actividades con bajo valor agregado y es afectada por muchos factores, entre otros por la falta de mano de obra especializada en labores técnicas, el alto nivel de desempleo y la falta de acceso al crédito financiero formal, que dificulta a la micro y pequeña empresa acceder a recursos en el sistema financiera nacional”, dice Martel Beltrán.
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Certidumbre y seguridad jurídica
“El Estado debe generar certidumbre. Recuperar la credibilidad nacional e internacional en cuanto a su compromiso de cumplir sus obligaciones contractuales y legales”.
La sentencia de León-Gómez deja clara la necesidad que tiene el próximo gobierno de hacer de la lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la gobernanza una prioridad, no solo para mejorar su imagen ante el país y la comunidad internacional, sino con el fin de recuperar la confianza de los inversionistas, especialmente los extranjeros.
En su opinión, esto se relaciona con la necesidad de reformular o desarrollar normativas que garanticen el derecho a la propiedad privada, lo que permitiría a los sector agrícola y turismo, entre otros, planificar inversiones a mediano y largo plazo, así como asegurar a los inversores externos el acceso a las divisas para la repatriación de utilidades.
“Debido al desprestigio de figuras como las concesiones y las asociaciones público-privadas, se ha venido abajo el interés de empresas internacionales para participar de grandes proyectos de inversión financiados mediante “project finance””, dice León-Gómez.
En este mismo sentido, cree necesario aclarar dudas en cuanto a la aplicabilidad y vigencia de los incentivos fiscales, un tema en el que su colega de Interglobal plantea el establecimiento de regímenes especiales claros, sectoriales y temporales, pero siempre evitando una “carrera a la baja en impuestos que erosione la base fiscal sin generar beneficios reales”.
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Inversiones necesarias
De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador y Honduras ocupan los últimos lugares en la región en cuanto a recepción de inversión extranjera directa, que alcanzó en 2024 los USD 1.309 millones. De ese total, el 74 % correspondió a la reinversión de utilidades, mientras que el capital fresco fue casi en su totalidad invertido en la maquila.
Convencido de que esta debe ser otra de las prioridades del nuevo gobierno, Mario Agüero, socio del bufete regional Arias - Honduras, cree pertinente implementar mecanismos efectivos de control y evaluación del desempeño de las instituciones públicas, así como de las gestiones a su cargo. A tal punto, se plantea crear o fortalecer una institución dedicada a esta labor.
“Sería interesante que promueva una figura similar a un ombudsman de la inversión, que atienda exclusivamente estas deficiencias y contribuya a mejorar el clima de negocios, la economía y el bienestar general del país”, dice.
Martel Beltrán, por su parte, destaca el crecimiento de la inversión extranjera (70 % entre 2019 y 2023), pero reconoce que no aumenta en las cantidades qué impliquen un impacto en el crecimiento de la economía, además de estar centrada en pocos sectores.
En su opinión, buena parte de ello es responsabilidad de un marco jurídico poco ajustado a la realidad actual, lo que demanda actualizar la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (Decreto 51-2011) y su reglamento; adaptar las normas regulatorias a los parámetros del CAFTA-DR, tratados bilaterales y mecanismos de arbitraje internacional; y dar un enfoque proactivo a la promoción de inversiones, con portafolios sectoriales, aftercare al inversionista y facilitación de trámites, entre otras realidades.
Del mismo modo, el socio de Interglobal plantea la necesidad de elaborar una cartera de proyectos priorizada en áreas como infraestructura vial y social, logística, energía renovable, agua, turismo, digital, entre otros.
Coinciden los voceros consultados en la necesidad de que Honduras vuelva a formar parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) como foro para la solución de controversias, organismo del cual se desvinculó en agosto de 2024 ante el aumento de casos admitidos por ese organismo contra la nación centroamericana.
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Burocracia y eficiencia
Aspecto relacionado con los anteriores, la eficiencia en las tramitaciones y gestiones públicas preocupa a los analistas, especialmente aquellas relacionadas con la obtención de permisos y licencias operativas para las empresas. Y hay razones para la inquietud.
Un estudio realizado en 2023 por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), determinó que la obtención de las licencias ambientales puede demorar hasta cinco años, afectando proyectos que representaban cerca de 10 % de la IED que arribó al país.
“En ocasiones, estos procesos pueden resultar lentos, burocráticos o poco claros para quienes desean invertir en el país. Superar estos desafíos implica avanzar en reformas orientadas a fortalecer la eficiencia institucional”, dice el especialista de Arias.
Convencido de que reducir la burocracia y la simplificar los procedimientos administrativos elevará la competitividad de Honduras como destino de inversión, Agüero precisa la modernización de los procesos administrativos, la capacitación del personal público y, sobre todo, la implementación de mecanismos de control y evaluación que garanticen la eficiencia institucional, en beneficio del clima de negocios y del crecimiento económico nacional.
En ello coincide Germán Martel, para quien la sistematización de los procesos administrativos y la implementación de la firma electrónica serían de gran ayuda para superar este obstáculo.
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Bajar la deuda
El manejo de la creciente deuda externa debe ser tema de atención preferencial para el nuevo gobierno, más aún tomando en cuenta que este 2025 podría superar los 10.300 millones de dólares, según algunos analistas, un alza cercana al 11 %, el mayor salto desde el 2017, cuando escaló 16,7 %.
“La deuda pública representa un desafío adicional, ya que puede limitar la capacidad del Estado para invertir”, comenta Mario Agüero, precisando cuán fundamental es que el gobierno implemente políticas fiscales responsables y busque mecanismos para gestionar y reducir la deuda pública, de modo que se pongan a disposición recursos para impulsar el desarrollo económico sostenible.
León-Gómez concuerda con esta apreciación, señalando que el alto porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda (más de 9512 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025), impide la inversión pública en infraestructura necesaria para reactivar la producción agrícola y las exportaciones.
Con un peso cercano al 50 % del PIB, Honduras no está en zona de riesgo para caer en default, pero cuenta con un margen de acción bastante reducido con base en el acuerdo suscrito con el FMI, que establece la necesidad de reducir la relación deuda-PIB y el déficit fiscal.
En este sentido, el socio de Interglobal recomienda:
- Priorizar el tipo de deuda concesional y multilateral para proyectos de alto impacto, y usar la deuda de mercado con limitaciones.
- Reperfilar la deuda con vencimientos más cercanos y reducir el riesgo de tipo de interés y de la moneda, para liberar espacio para inversión pública complementaria a la inversión privada.
- Dar un seguimiento oportuno de las contingencias fiscales, de manera que los inversionistas perciban seriedad en la gestión de pasivos ocultos.
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