¿Cómo prepararse ante las fiscalizaciones de Sunafil en 2026? Más control digital y multas más altas

En 2026, las fiscalizaciones de Sunafil ya no se limitan a visitas inspectivas tradicionales. Con la aprobación del Plan Anual de Prevención y Promoción del Sistema de Inspección del Trabajo (PLANAPP) y el fortalecimiento del monitoreo digital, la autoridad laboral peruana ha intensificado el cruce de datos, la supervisión remota y el control preventivo. En un contexto de multas más altas y mayor trazabilidad, las empresas necesitan anticiparse a los riesgos antes de recibir una notificación en su casilla electrónica.

El PLANAPP 2026 consolida una estrategia que combina supervisión técnica, gestión de riesgos y herramientas digitales para anticiparse a la infracción. Cartas inductivas, asistencias técnicas, capacitaciones y alertas masivas forman parte de este modelo que busca corregir antes de multar, sin dejar de fiscalizar cuando corresponda.

En esa misma línea, la Resolución de Superintendencia N.° 026-2026-SUNAFIL traza la hoja de ruta en fiscalización este año con el objetivo de intensificar la vigilancia en seguridad y salud en el trabajo (SST), reforzar el control sobre la tercerización y profundizar el uso de herramientas digitales para el monitoreo de obligaciones laborales. Hoy la autoridad no solo revisa contratos, sino también analiza patrones, evalúa algoritmos empresariales y cruza información en tiempo real antes de cualquier visita presencial.

A este escenario se suma la nueva Unidad Impositiva Tributaria - UIT fijada en S/ 5,500 (cerca de 1.640 dólares), lo que eleva el costo de los incumplimientos. Las infracciones muy graves, como la desnaturalización de la tercerización o deficiencias en el sistema de SST, pueden alcanzar hasta S/ 288,915 (alrededor de 86.033 dólares) para empresas no mype. Así, el 2026 perfila una fiscalización menos visible, pero más incisiva.

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¿Qué estará bajo la lupa en 2026?

Si la supervisión es hoy más técnica y anticipada, también es más selectiva. En su PLANAPP, la autoridad fiscalizadora ha definido los focos donde concentrará su capacidad de cruce de datos, análisis documental y verificación operativa.

• Remuneraciones y beneficios sociales: pago correcto y oportuno de sueldos, CTS y gratificaciones.
• Jornada y descansos: sobretiempos, descansos semanales y feriados, uno de los principales focos de denuncias.
• Planillas electrónicas y registros laborales: errores u omisiones continúan siendo causa frecuente de sanción.
• Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): implementación real del sistema, identificación de riesgos y condiciones de seguridad.
• Derechos fundamentales: igualdad salarial, no discriminación, cuota de empleo para personas con discapacidad, derechos de la madre trabajadora y prevención del trabajo infantil o forzoso.

Solo en 2025, los sectores de servicios, comercio y manufactura concentraron la mayor cantidad de acciones de fiscalización. André Cossio, socio del área laboral de la firma Rubio Leguía Normand, explica que estos sectores permanecerán bajo el radar durante el 2026, y a esta lista se sumarán la minería, construcción, transportes y almacenamiento. Son rubros donde confluyen alta rotación de personal, riesgos operativos significativos y cadenas de subcontratación complejas.

Para el abogado, este despliegue responde a un problema estructural. Según cifras oficiales recogidas por la propia autoridad, a julio de 2025 la informalidad laboral alcanzaba el 70,7 % de la población económicamente activa, lo que refleja que una mayoría de trabajadores permanece fuera del marco formal. En ese contexto, la Sunafil continuará priorizando acciones orientadas a la formalización y a la identificación de esquemas que pretendan encubrir la existencia de relaciones laborales.

“Por ese motivo, regularmente, con frecuencia casi mensual, incluso respecto de empresas del sector formal reciben cartas de orientación para que informen sobre la declaración de sus trabajadores en planillas. La informalidad no solo está en el sector informal, sino también existen múltiples casos de trabajo informal en el sector formal”, resalta.  

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Tecnología, tercerización y verificación operativa

En esa línea, Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, sostiene que, si bien la Sunafil mantiene sus ejes tradicionales de supervisión, ha puesto énfasis en la autonomía empresarial real y la capacidad operativa efectiva de los contratistas, especialmente en casos de tercerización e intermediación laboral.

“Se advierte un reforzamiento del control sobre el registro en planilla, la subdeclaración de remuneraciones y el uso indebido de recibos por honorarios para encubrir relaciones laborales. La jornada de trabajo, el control de asistencia y el pago de horas extras continúan siendo aspectos críticos de fiscalización, junto con la revisión exhaustiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la actualización del IPERC y la operatividad de los comités correspondientes”, menciona.

Valera advierte nuevas líneas de supervisión vinculadas tanto a factores climáticos como a cambios tecnológicos en la gestión empresarial. Uno de ellos es la protección de los trabajadores frente a la exposición a altas temperaturas, una problemática que ha cobrado especial relevancia en distintas ciudades del país. La autoridad estaría observando las medidas preventivas adoptadas por las empresas, desde la adecuación de jornadas hasta la implementación efectiva de protocolos de seguridad y salud.

A ello se suma la reciente habilitación normativa que permite el pago de remuneraciones y demás obligaciones laborales a través de billeteras digitales. Para el experto, otro frente es el uso de inteligencia artificial en las relaciones laborales. No se descarta que este año se registren las primeras fiscalizaciones vinculadas a sistemas automatizados de control de productividad, asignación de tareas o toma de decisiones que impacten en las condiciones de trabajo.

En cuanto a exposición, el abogado identifica un mapa de riesgo: retail, construcción, agroindustria, logística, call centers y empresas tecnológicas que operan bajo esquemas híbridos o de teletrabajo, donde convergen la alta rotación del personal y una intensificación del control digital.

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Más trazabilidad, menos tolerancia

El cambio no es solo tecnológico, sino procesal. Valera advierte que en comparación de años anteriores, el 2026 incorpora nuevas prioridades en la agenda de fiscalización como el uso de tecnologías de control laboral.

El vocero explica que las inspecciones se han vuelto más especializadas, con equipos capacitados en SST, teletrabajo, igualdad salarial y herramientas digitales de control laboral, lo que eleva el nivel técnico de la fiscalización. La SUNAFIL ha comenzado a evaluar algoritmos, aplicaciones de asignación de tareas, sistemas de geolocalización y software de medición de productividad, analizando su proporcionalidad, idoneidad y respeto al derecho a la intimidad de los trabajadores.

“Se han iniciado inspecciones temáticas en materia de igualdad salarial, con especial énfasis en la justificación objetiva y razonable de las brechas remunerativas, así como en la coherencia y consistencia de los cuadros de categorías y funciones”, remarca.

De igual forma, se ha intensificado la supervisión del cumplimiento de la Ley de Teletrabajo, incluyendo la verificación de la compensación de gastos, la realización de evaluaciones ergonómicas, y el cumplimiento de las obligaciones de capacitación.

Finalmente, agrega el director fundador de Valcaya Legal, se observa un mayor escrutinio respecto de la existencia, implementación y aplicación efectiva de políticas internas obligatorias, tales como aquellas vinculadas a prevención del hostigamiento sexual, seguridad y salud en el trabajo y teletrabajo.

Desde la perspectiva de Cossio, no se advierte un cambio en los criterios resolutivos del Tribunal de Fiscalización Laboral, aunque el 2026 podría traer nuevos precedentes con la implementación de su Segunda Sala. Para el abogado, más que un giro de enfoque, existe una continuidad estratégica centrada en la formalización y en la promoción de una cultura de prevención en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

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Multas más altas y mayor exposición económica

Con la UIT en S/ 5.500, las infracciones muy graves generan contingencias económicas significativas. El socio de Rubio Leguía Normand advierte que las mayores multas se concentran en vulneraciones a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, así como en incumplimientos en SST que ocasionen accidentes mortales o incapacidades permanentes.

“En estos casos, la SUNAFIL puede, inclusive, disponer que, para efectos de la multa, se considere como trabajadores afectados a la totalidad de quienes estén registrados en la planilla de la empresa infractora; y, sobre ese monto, aplicar una sobretasa del 100 % del valor de esta”, aclara.  

Para Valera, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores afectados y la reincidencia incrementan sustancialmente el monto final.

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Ambos expertos coinciden en la necesidad de adoptar un enfoque preventivo y permanente.

“La adopción de acciones preventivas, como auditorías laborales y procesos de debida diligencia en derechos humanos laborales, así como la implementación de una estrategia integral de compliance laboral, permite a las empresas identificar riesgos tanto a nivel interno como en su entorno externo, incluyendo proveedores, socios comerciales y demás integrantes de su cadena de suministro, en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo”, señala Cossio.

Frente a un entorno de inspección más técnico y menos tolerante, Valera recomienda a las empresas adoptar medidas concretas para reducir contingencias y fortalecer su capacidad de respuesta frente a eventuales actuaciones de la Sunafil.

• Realizar auditorías integrales en contratación, tercerización e intermediación, revisando el uso de recibos por honorarios y asegurando autonomía empresarial real y coherencia entre lo contractual y la ejecución efectiva del servicio.
• Fortalecer el control de jornada y asistencia, implementando sistemas confiables y auditables, verificando la correcta compensación de horas extras y formalizando adecuadamente los acuerdos de teletrabajo, con políticas claras de desconexión digital y supervisión proporcional.
• Reforzar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), actualizando el IPERC, garantizando la operatividad real del Comité o Supervisor, documentando capacitaciones y asegurando trazabilidad en la investigación y cierre de accidentes.
• Revisar y actualizar las políticas internas obligatorias, como prevención del hostigamiento sexual, SST y teletrabajo, no solo en su aprobación formal, sino en su difusión y aplicación práctica.
• Gestionar la Casilla Electrónica, estableciendo responsables claros y seguimiento permanente, para evitar multas por incumplimiento de requerimientos dentro de plazo.
• Preparar una carpeta de inspección actualizada, capacitar a mandos medios en protocolos de atención inspectiva y realizar simulacros de inspección, a fin de garantizar respuestas oportunas, consistentes y técnicamente sólidas ante cualquier actuación de la autoridad.

En el nuevo mapa de inspección peruano, la coherencia entre lo declarado y lo ejecutado será el principal estándar de evaluación. La autonomía empresarial ya no se presume: se verifica con datos.