13/01/2026
Ante tasas altas y banca más restrictiva, el crédito privado gana terreno en México, pero ¿es ya un pilar estructural del financiamiento empresarial y de infraestructura? En los últimos 10 años, a escala global, el crédito privado ha crecido un 14,5 % anual en contraste con el repunte del endeudamiento corporativo y de los préstamos bancarios comerciales e industriales de 3 %, de acuerdo con un análisis de JP Morgan divulgado en septiembre pasado. El banco de inversión lo muestra como una gran oportunidad, al considerar un entorno macroeconómico cambiante, caracterizado por tasas de interés elevadas y condiciones financieras más estrictas; el auge de las inversiones, así como por la búsqueda de mayores rendimientos y estabilidad por parte de los inversores.
La Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (Lavca, por sus siglas en inglés) muestra la tendencia alcista del private credit desde 2023 y hasta el primer semestre de 2025 como una forma de cubrir los déficits de financiación de la deuda para empresas medianas y proyectos de infraestructura. ¿Para qué usan las empresas esos fondos? Destacan como actores los gestión de patrimonio, compañías de inversión, fondos de capital privado y de cobertura, inversionistas institucionales y particulares, e inversionistas directos, bien individuos o empresas, al tiempo que muestra a México como el mercado con el mayor porcentaje de capital invertido en la región seguido de Brasil, Chile y Colombia.
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Una herramienta en evolución
De ser un nicho del financiamiento alternativo el crédito privado ha pasado a posicionarse como un pilar estructural dentro del ecosistema financiero global al punto de que su tamaño se calcula hoy entre 2 billones de dólares y USD 3 billones. La expansión de los fondos especializados y una transformación profunda en la manera en que empresas, bancos e inversionistas conciben la asignación de capital y el manejo de riesgos refleja el crecimiento que muestra hoy el crédito privado por su capacidad para financiar transacciones que requieren rapidez, flexibilidad y estructuras a la medida.
Pedro Said, socio de Basham, Ringe y Correa, explica que el impulso principal de este tipo de financiamiento proviene de factores regulatorios, macroeconómicos y estratégicos, tomando en cuenta que tras la crisis financiera de 2008, originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos, las exigencias de capital impuestas por Basilea limitaron el apetito de riesgo de la banca, creando un vacío que fue aprovechado por gestores especializados con herramientas de análisis más sofisticadas y horizontes de inversión más largos. A esto se suma la búsqueda de retornos estables por parte de inversionistas institucionales, que encontraron en el private credit una fuente de rendimiento con menor volatilidad que los mercados públicos. Otro elemento que se considera clave al analizar este mercado es la expansión del private equity.
“La necesidad de financiamiento para adquisiciones apalancadas, refinanciamientos y transacciones complejas generó demanda estructural para instrumentos como unitranche, mezzanine y financiamientos basados en activos”.
También resalta el que las empresas valoren cada vez más la capacidad de adaptar términos sin la rigidez de los mercados sindicados o de deuda, dando lugar a un mercado más sofisticado, con mayor competencia, profesionalización y relevancia estratégica a nivel global.
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México, terreno fértil
Como uno de los mercados de América Latina que mayor financiamiento mueve por la vía del crédito privado, México ofrece una combinación singular de factores económicos, regulatorios y demográficos que lo convierten en un destino atractivo para este tipo de financiamiento.
“El fenómeno del nearshoring ha detonado una demanda importante de capital para proyectos industriales, expansión logística, manufactura avanzada e infraestructura”, comenta Mariana Campos, consejera de Basham, quien resalta que, no obstante, ese dinamismo contrasta con la capacidad limitada de la banca para atender financiamientos complejos o intensivos en capital debido a restricciones prudenciales y consideraciones de riesgo.
Desde el punto de vista jurídico, apunta que el país cuenta con instrumentos robustos para estructurar garantías y asegurar la trazabilidad de flujos y destaca al mismo tiempo que la prenda sin transmisión de posesión, las cesiones de derechos de cobro, y los fideicomisos de garantía permiten replicar estructuras utilizadas en jurisdicciones sofisticadas.
Otro vehículos como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI) y fondos de inversión de deuda facilitan la participación de inversionistas institucionales, incluyendo Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que han mostrado creciente interés en activos privados.
Sectores que pueden beneficiarse
Para Said, la expansión del private credit en México abre oportunidades para múltiples sectores, como la manufactura y la logística, impulsadas por el nearshoring y con requerimientos de importantes inversiones en plantas, centros de distribución y cadenas de suministro.
El sector inmobiliario industrial, particularmente naves y parques logísticos, también destaca como demandante de estructuras de financiamiento flexibles y orientadas a flujos.
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Respecto a energía e infraestructura, donde los proyectos tienden a ser intensivos en capital y de largo plazo, comenta que el private credit ofrece soluciones que la banca tradicional no siempre puede proporcionar. No obstante, advierte que estos sectores enfrentan retos regulatorios, desde permisos y autorizaciones hasta restricciones en la cesión de activos estratégicos.
Otra área que muestra potencial en este contexto es el ecosistema fintech, con demanda creciente por líneas warehouse y financiamientos basados en portafolios de crédito, aunque la consejera de Basham resalta que requiere transparencia robusta, trazabilidad y cumplimiento estricto en prevención de lavado de dinero (PLD) y know your customer (KYC).
Otro sector que considera puede beneficiarse enormemente es el de las pequeñas y medianas empresas (pymes), históricamente subatendidas por la banca. Sin embargo, señala que este tipo de empresas enfrenta retos en documentación, garantías y formalidad corporativa.
“Cada sector exige una aproximación jurídica especializada para aprovechar plenamente las ventajas del private credit”, refiere la abogada.
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Riesgos para inversionistas y prestatarios
A pesar de sus ventajas, las operaciones de private credit en México presentan retos jurídicos específicos que deben gestionarse cuidadosamente.
La consejera de Basham explica que uno de los riesgos más importantes es la correcta constitución, registro y perfeccionamiento de garantías, ya que cualquier deficiencia puede comprometer su oponibilidad o prelación frente a terceros.
Aunque los mecanismos de ejecución han mejorado, advierte que los procesos judiciales siguen siendo lentos, y susceptibles a suspensiones o defensas procesales, lo que puede afectar la recuperación de activos.
El crédito privado también enfrenta riesgos regulatorios en México, especialmente en operaciones que involucran originadores de crédito, fintech o estructuras complejas de cesión de activos, de acuerdo con Said, quien comenta que la supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Know Your Customer (KYC), protección de datos y cumplimiento tecnológico es cada vez más estricta, y su incumplimiento puede generar contingencias relevantes.
“En escenarios de insolvencia, la Ley de Concursos Mercantiles introduce elementos adicionales de incertidumbre. La suspensión de ejecuciones por medidas precautorias, la posibilidad de rescindir garantías otorgadas durante el periodo de sospecha (retroacción) y la prelación de los empleados y el fisco pueden afectar significativamente la posición del acreedor”.
De allí que considera que una estructuración rigurosa, acompañada de una debida diligencia exhaustiva sobre activos y flujos, es esencial para reducir riesgos y asegurar la efectividad del financiamiento.
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Espacio para mejoras
Si bien las figuras de prenda sin transmisión de posesión, cesiones de derechos, fideicomisos de administración y garantía, y la existencia del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) han facilitado la adopción de estructuras comparables a las utilizadas a nivel internacional, Campos considera que aún existe espacio para mejoras que permitirían una mayor eficiencia y seguridad jurídica.
Entre las áreas prioritarias destaca la agilización de mecanismos de ejecución extrajudicial, la mejora en la interoperabilidad y precisión del RUG, y una reforma concursal que reduzca tiempos, fortalezca la protección de acreedores garantizados y evite interpretaciones restrictivas en la ejecución de garantías.
“Estas reformas no buscan transformar el sistema, sino optimizar su funcionamiento para un mercado cada vez más dinámico y sofisticado”.
Tendencias
El socio del despacho mexicano menciona algunas innovaciones contractuales adaptadas al mercado mexicano y que reflejan la necesidad de mayor flexibilidad, precisión y mecanismos de protección para los acreedores, entre las que destacan:
(i) los springing covenants, que se activan solo bajo ciertos umbrales financieros o de utilización;
(ii) los mecanismos de cash dominion y lockbox, que asignan el control de los flujos al acreedor a través de cuentas administradas o monitoreadas, estos mecanismos aseguran que los ingresos operativos se apliquen primero al servicio de la deuda o a reservas definidas contractualmente;
(iii) los triggers objetivos vinculados a desempeño operativo, deterioro de portafolios o hitos regulatorios;
(iv) las estructuras de garantías sofisticadas, que incorporan múltiples niveles, activos intangibles y cesiones de derechos futuros.
(v) las cláusulas de make-whole y call protection se utilizan con mayor frecuencia para proteger retornos ante amortizaciones anticipadas; y
(vi) los acuerdos intercreditor han evolucionado para gestionar relaciones entre múltiples acreedores, prelación, waterfalls y acciones de ejecución.
Precisa que en el país estas innovaciones suelen instrumentarse mediante fideicomisos de administración y garantía, que facilitan la ejecución, aseguran prelación y otorgan certeza a acreedores locales y extranjeros.
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