Estados Unidos acusa a bancos mexicanos por blanqueo de capitales, ¿cómo repercute en el sistema financiero?

Las alarmas están encendidas. Luego de que Estados Unidos señaló a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, el gobierno y la banca azteca han salido en defensa de la integridad del sistema, en un intento por contener la situación en momentos de bonanza en el flujo de inversión extranjera que, en el primer trimestre del año, marcó un nuevo récord histórico.

De hecho, la rápida intervención de dos bancos y una casa de bolsa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), logró frenar la posible corrida de capitales, uno de los dos grandes temores ante este tipo de coyuntura, pese a lo cual las involucradas no han podido evitar que sus negocios se hayan visto afectados, mientras se evidencian las consecuencias que dejará la acusación sobre la reputación del sistema bancario, el otro gran daño que ha ocupado a las autoridades mexicanas.

Por el momento, EE. UU. alargó el plazo para que entre en vigor la prohibición de transferencia de fondos con los bancos y la casa de bolsa señalados, mientras que las autoridades mexicanas insisten en no haber encontrado hasta ahora evidencia alguna que sustente la acusación, lanzada por su vecino del norte sin presentación de pruebas que la sustente.

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El dedo acusador

A finales de junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU., señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de estar relacionados con redes de lavado de dinero asociadas al tráfico de fentanilo, la droga que ha sido causante de fuertes fricciones entre Washington y sus vecinos Canadá y México. También se les acusa de servir como intermediarios para el pago a empresas chinas en la adquisición de precursores químicos de la droga.

Al amparo de la FEND Off Fentanyl Act (Ley de Erradicación del Fentanilo) y la Halt Fentanyl Act (Ley de Sanciones contra el Fentanilo), el Tesoro americano prohibió las transferencias hacia y desde las instituciones involucradas, una medida que ya ha aplicado a instituciones de otros países acusados de cooperar con el narcotráfico.

La prohibición, que originalmente entraba en vigencia a finales de julio, fue aplazada por 45 días, en atención a las acciones emprendidas por México en apoyo a la lucha contra el tráfico del opioide.

Estas acciones se refieren a la intervención que la CNBV ejecutó contra las tres entidades señaladas sustituyendo a sus juntas administrativas, cuya finalidad sería ofrecer la confianza suficiente para proteger los capitales de ahorradores e inversionistas.

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Oportuna contención  

Toda intervención trate consecuencias, pero es una medida necesaria para evitar males mayores. Así lo cree Iván Pérez Correa, socio de la firma SMPS Legal, para quien la principal consecuencia es el daño reputacional, con la pérdida de confianza de los usuarios e inversionistas no solo en las entidades afectadas, sino en el sistema bancario completo, así como en las autoridades encargadas de su regulación.

“Esa pérdida de credibilidad podría tener también implicaciones económicas ante una posible reducción de la inversión extranjera y consecuentemente, a mediano o largo plazo, un incremento en el costo de financiamiento para las instituciones bancarias, afectando su estabilidad”, dice el especialista.

Sin embargo, la rápida intervención y la forma de actuar de las autoridades, así como la robustez de los mecanismos de regulación que posee el sistema financiero en materia de lavado de dinero, parecen haber contrarrestado el influjo negativo de la medida, al punto que los expertos coinciden en que el sistema bancario no ha sufrido ningún coletazo de esta acción.

“Como se puede observar, el tipo de cambio se mantiene estable, lo que indica que el mercado confía en la solidez del sistema financiero”, acota Omar de Campo, socio de la firma Rivadeneyra, Treviño, quien estima que, aunque el problema ha sido controlado, hay consecuencias inevitables.

La Asociación de Bancos de México (ABM), por su parte, ha insistido en que el sistema bancario en general no se ha visto afectado, ratificando que no se han presentado retiros masivos de fondos. Asimismo, ha reiterado lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno que hasta el momento no existen pruebas concluyentes sobre los señalamientos, por lo que las instituciones involucradas pudieran ser exoneradas de cargos en caso de una imputación.

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¿Y las afectadas?

Según el Tesoro estadounidense, entre 2021 y 2024 CIBanco manejó al menos 2,1 millones de dólares para la compra de precursores químicos del fentanilo procedentes de China y participó en el lavado de USD 10 millones para un miembro del Cártel del Golfo.

A su vez, Intercam gestionó miles de dólares para importar insumos necesarios en la fabricación de la droga y durante unos ocho años movilizó 850.000 dólares del narcotráfico; mientras que Vector Casa de Bolsa habría manejado dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021, se prestó para transferir más de USD 1,5 millones para la compra de insumos químicos e intermedió en sobornos vinculados al narcotráfico.

Pero, ¿qué papel juegan estas instituciones en el mundo financiero mexicano? Al revisar la composición del sistema, integrado por 52 bancos, se tiene que las señaladas son catalogadas como bancos intermedios. De hecho, tanto el gremio que los agrupa como el ente regulador, han señalado que representan menos del 2 % del ecosistema general.

En efecto, CIBanco e Intercam Banco aparecen en los puestos 21 y 25, respectivamente, del ranking bancario nacional considerando la cartera total manejada, de acuerdo con datos de la SHCP.

Pese a su modesto tamaño, las entidades juegan un papel significativo en el tejido bancario. CIBanco, por ejemplo, actúa como fiduciario en 45 % de las misiones de finanzas estructuradas y en 60 % de los créditos subsoberanos respaldados por gobiernos estatales y municipales, según información dada a conocer por la oficina en México de la calificadora de riesgo Moody’s.

Intercam, por su parte, se ha dedicado desde su creación en 1996 a apoyar empresas nacionales y multinacionales dedicadas al comercio y el turismo, destacando por el manejo fiduciario a este sector. De allí que haya despuntado como un jugador de renombre en el nearshoring, uno de los negocios de mayor crecimiento en el país durante los últimos años.

De acuerdo con los informes, las primeras auditorías hechas a las instituciones acusadas determinaron que, en efecto, hubo “fallas administrativas” que conllevaron sanciones, pero no se ha determinado que estuvieran relacionadas con el lavado de dinero.

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¿Qué pasará con ellas?

Las consecuencias para las señaladas no se han hecho esperar. Aparte de la intervención administrativa, las agencias S&P, Fitch y HR Ratings rebajaron sus calificaciones crediticias, lo que ha afectado su liquidez.

“Es claro que las entidades investigadas ya están experimentando cierta fuga de clientes y una reducción en sus calificaciones crediticias… Se amenazan su operación y reputación, pero la intervención es positiva en la medida que generan un ambiente de mayor regulación y precaución en todo el sistema financiero mexicano”, señala Omar de Campo.

El pasado 4 de julio, se ordenó el traspaso a la banca de desarrollo los fideicomisos movilizados por las intervenidas, hasta tanto haya una conclusión definitiva de la investigación, algo que también atañe a las emisiones estructuradas y créditos subsoberanos. Esto mermará su participación en el quehacer financiero del país.

La casa de bolsa se vio conminada a cerrar su negocio de divisas, aunque mantiene activas sus otras operaciones, asegurando que su liquidez “está garantizada”.

Pese a todo ello, de Campo recuerda que los bancos pueden seguir operando plenamente, por lo que pueden celebrar contratos, gestionar fideicomisos y ofrecer servicios sin restricciones dentro del país.

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Sanciones

Carlos Fernández, asociado de SMPS, explica que, dependiendo de los resultados de la investigación, las autoridades podrían imponer sanciones económicas o iniciar un procedimiento en contra de las entidades y los funcionarios responsables, por delitos relacionados con el lavado de dinero y otros.

“Las autoridades estarían facultadas para determinar si dicha institución puede ser recapitalizada, adquirida por otra institución bancaria o liquidada por completo”, acota.

Pero las secuelas pueden ser mayores. El socio de Rivadeneyra señala que, legalmente, la CNBV tiene la facultad de revocar licencias conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, si detecta incumplimientos normativos graves o riesgos para el público, algo que hasta el momento no se ha establecido.

“La opción de revocación está en la mesa, precisamente para recordar a las instituciones financieras que el marco regulatorio mexicano es rígido y no tolera negligencias en materia de prevención de lavado y control de beneficiarios”, dice de Campo.

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Cumplimiento normativo para el sector banca

Pedro Said, socio del área de bancario y financiero de Basham, Ringe y Correa, señala que, para evitar ser acusados de actividades irregulares, proteger a los ahorradores y acreedores y preservar la estabilidad del sistema financiero, los bancos deben adoptar una estrategia integral de gestión de riesgos basada, cuando menos, en lo siguiente:

1.- Fortalecimiento del sistema de cumplimiento normativo, por intermedio de: 

• Actualización constante de los programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Garantizar que el oficial o funcionario de cumplimiento tenga independencia funcional y gestión, supervisión directa e indirecta a los órganos o cuerpos corporativos y autonomía para reportar operaciones sospechosas.
• Implementar tecnologías de monitoreo transaccional y segmentación de riesgo, que identifiquen patrones atípicos o vínculos indirectos con redes delictivas.

2.- Debida diligencia reforzada, lo que implica:

•  Desarrollar los procedimientos de conocimiento del cliente y beneficiario final con herramientas tecnológicas.
• Realizar diligencia reforzada para clientes de alto riesgo, sectores vulnerables o regiones sensibles.

3.- Auditorías independientes y revisiones periódicas, lo que conlleva gestionar auditorías externas especializadas, más allá de las auditorías contables-financieras tradicionales.

4.- Gobierno corporativo y transparencia, que incluye:

• Promover un entorno organizacional-corporativo de integridad y cumplimiento.
• Reforzar el cumplimiento por parte de funcionarios de los bancos de compartir documentación completa, a fin de permitir el desahogo íntegro de las auditorías internas independientes.