La polémica reforma tributaria, o Ley de Crecimiento Económico, impulsada por el presidente colombiano Iván Duque, tramitada en medio de las protestas sociales por la desigualdad en el país, ofrece incentivos para los sectores agropecuario, hotelero, energético, de vivienda e incluso para las megainversiones.
Al respecto de la norma, que entró en vigencia el pasado 1 de enero, LexLatin entrevistó a Juan Manrique, asesor tributario y de finanzas públicas territoriales del Observatorio fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. El investigador, como comentario general, detalló que los grandes ganadores de esta ley son los empresarios, pues se contemplan exenciones o reducciones tributarias que se traducen en un menor pago por parte de las empresas, en cuanto al componente social, se trata de cuatro adiciones que no modifican el sentido de la ley.
Contexto: Ley de Financiamiento inexequible
Iván Duque Márquez asumió el mandato presidencial de Colombia en agosto de 2018. Como una de sus primeras acciones, impulsó la Ley de Financiamiento o reforma tributaria, para que una nueva forma de recaudación del dinero público se implementara en 2019. A ocho meses de vigencia, fue objetada ante la Corte Constitucional por errores de procedimiento; dos meses después la Corte la declaró inexequible.
La sentencia estableció, para el año 2020, la inoperatividad de la norma, dando así dos meses para la aprobación de una nueva legislación que la sustituyera. Duque anunció que se presentaría al Legislativo el mismo texto que había impulsado en 2018, en ese contexto iniciaron las protestas masivas en Colombia, teniendo como una de sus principales motivaciones la Ley de Financiamiento.
El Comité Nacional del Paro pidió que se aprobara una nueva ley que atienda la brecha de desigualdad en el país y aunque hubo discusiones y paneles de negociación, a decir de Juan Manrique, el texto aprobado, en un 90 %, es el mismo que el declarado inexequible.
Exenciones, reducciones fiscales y atención a la demanda social
De acuerdo con Manrique, los cuatro grandes cambios comienzan por agregar al texto de la reforma tributaria el establecimiento de tres días al año para realizar compras libres del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos regulados como electrodomésticos, útiles escolares, indumentaria, accesorios deportivos y juguetes.
Además, se redujo el aporte a salud de los pensionados del 12 % al 4 % y se establece la reducción del impuesto de renta a empresas que contraten personas menores de 28 años hasta por un 120 %. El cuarto y último gran cambio, es que se instruyó la devolución del IVA para el 20 % de la población que obtenga menores ingresos.
El Presidente @IvanDuque sancionó la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, llamada #LeyDeCrecimiento luego de que fuera aprobada por el Congreso de la República, la cual seguirá impulsando el desarrollo económico del país.
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) December 28, 2019
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En contraste, la economía naranja está exenta del pago del impuesto de la renta por siete años y la inversión agropecuaria por 10 años. Se plantea que la evaluación y exploración de recursos naturales no renovables (minería y petróleo) también quede exenta. Se fijó en 9 % este impuesto para la construcción de hoteles y para las megainversiones que generen al menos 400 empleos, tendrán que pagar el 27 %. En general, hay una reducción del impuesto a la renta del 32 % al 30 % para 2022. Antes era del 33 %.
Pero, ¿la reforma tributaria recogió las demandas de la sociedad? Como respuesta, Juan Manrique explicó que “el Gobierno puede argumentar que esta devolución del IVA es en beneficio de las poblaciones con menores ingresos y va a atacar la desigualdad, pero si vemos que también hay incentivos tributarios que bajan el recaudo y esto termina por afectar el presupuesto de los programas sociales, entonces no es la salida”.
Además, el investigador del Observatorio fiscal mencionó que hay incentivos que no están claros, por ejemplo los instaurados para la economía naranja: “es un sector que el presidente desde su campaña tuvo en consideración, pero sin definición clara. Están las empresas culturales, artísticas y de propiedad intelectual, pero algo voluble porque no es de todos los tipos de industrias, uno pensaría que la producción de un software entraría pero no”.
Incentivos a la inversión vs certeza jurídica
Académicos y expertos en derecho fiscal coinciden que con esta reforma se verá una reducción del recaudo y a decir de Juan Manrique, “tal vez en dos años se necesite otra reforma tributaria para volver a aumentar los impuestos y tapar esos huecos que se van a ir armando”, algo que contrario a incentivar la inversión extranjera puede desalentarla, ya que Colombia ha estado reformando sus leyes tributarias cada dos años.
"La teoría del Gobierno es que a través de estos incentivos se va a generar mayor vida productiva de las empresas y más empleo”, comentó el investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. “El análisis que hacemos desde el Observatorio fiscal es que este hecho no es tan claro: hay literatura internacional, y para algunos casos en Colombia, en donde se ve que la reducción o exención de impuestos para empresas, no necesariamente genera mayor empleo o mayor crecimiento”. Manrique enfatizó que en los registros se puede identificar un crecimiento económico ajeno a estas medidas, por ejemplo con el alza de precios de productos nacionales o por coyuntura internacional.
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