Elecciones en Costa Rica: ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos para la modernización y gobernanza del sector eléctrico?

De cara a las elecciones presidenciales del 1 de febrero, el sector energético se ha convertido en un espacio de contraste entre las distintas candidaturas en Costa Rica. Aunque existe acuerdo sobre la importancia de sostener una matriz eléctrica renovable, el debate se concentra en cómo modernizar el sistema, qué rol debe asumir la inversión privada y qué tan predecible será el marco jurídico que regirá al mercado eléctrico durante el próximo cuatrienio.

ACTUALIZACIÓN:

• 01 de febrero: La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, de 39 años, ha ganado en primera vuelta las elecciones presidenciales de Costa Rica este domingo 01 de febrero y sucederá a Rodrigo Chaves al frente del país. "Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad", expresó la politóloga tras obtener un 48,5% de los votos, con el 88,43 % de las juntas escrutadas, según los resultados divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Fernández asumirá el próximo 8 de mayo como la segunda mujer en gobernar el país.

Según datos de la World Wildlife Fund (WWF), más del 98 % de la electricidad de la nación centroamericana proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar y biomasa. No obstante, la variabilidad climática y la presión sobre la red han colocado en la agenda electoral mayor interés en propuestas como la incorporación de almacenamiento de energía, la modernización de la infraestructura eléctrica y la revisión de la participación del sector privado.

Los antecedentes normativos, como la Ley 7200 y los proyectos bajo esquemas de colaboración público-privada, constituyen hoy referencias para evaluar ajustes al marco legal vigente. En este escenario, iniciativas como la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, la regulación del hidrógeno verde y la expansión de la generación distribuida para autoconsumo definirán el sector energético para el siguiente cuatrienio.

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¿Son viables las propuestas energéticas?

De los 20 candidatos que compiten por el sillón presidencial, Roy Ramos Morales, socio de Consortium Legal, pudo identificar las propuestas de cinco candidatos: Frente Amplio (FA), Partido Avanza (PA), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Liberal Progresista (PLP) y Partido Pueblo Soberano (PPSO). De ellos, Ramos distingue entre un primer grupo orientado a la modernización y ajuste del sistema, sin alterar la estructura institucional del mercado eléctrico, y un segundo grupo que plantea reformas estructurales profundas.

Respecto al primer enfoque, el abogado sostiene que la modernización del sistema eléctrico no requiere alterar de raíz la arquitectura institucional del sector, sino avanzar en planificación, digitalización de redes, almacenamiento, redes inteligentes, generación distribuida y marcos regulatorios que habiliten tecnologías emergentes. Estas propuestas se encuentran presentes en los planes de PLN, PA y FA:

• PLN: plantea el impulso del almacenamiento, las redes inteligentes y la generación distribuida, junto con la adopción de un marco regulatorio flexible y ágil para la contratación de capacidad y soluciones de almacenamiento.
• PA: propone una estrategia de “energía renovable 2.0”, acompañada de un marco regulatorio claro para nuevas tecnologías y microrredes, además de una diversificación de la matriz hacia la energía solar, la eólica marina, el hidrógeno verde y la bioenergía.
• FA: pone énfasis en el fortalecimiento de la planificación y la rectoría del sector, así como en la modernización técnica del sistema, que incluye medición inteligente, automatización, redes inteligentes, almacenamiento y generación distribuida.

“Estas medidas son altamente viables porque muchas pueden implementarse con instrumentos de política pública, regulación secundaria y ajustes administrativos; sin perjuicio de que algunos componentes exijan reformas puntuales para habilitar contratos, incentivos o nuevos esquemas de inversión”, explica el abogado.

En contraste, Ramos afirma que el enfoque de reforma estructural, promovido principalmente por el PLP y el PPSO, propone una apertura amplia del mercado eléctrico, con cambios en los límites a la generación privada, esquemas de compra-venta, comercialización y rediseño institucional.

• PLP: plantea una reforma procompetencia que incluye cambios explícitos a la Ley 7200 y la Ley 8660, la eliminación de los límites a la generación privada —incluido el tope del 30%—, la habilitación de la venta directa y la libre contratación entre agentes, así como reformas a ARESEP (Ley 7593) orientadas al fortalecimiento de la competencia.
• PPSO: también anuncia una apertura del mercado y cambios relevantes —como la participación privada en geotermia y ajustes institucionales—, aunque con un menor nivel de detalle técnico-normativo en el texto de su propuesta.

Según el especialista, estas propuestas son jurídicamente posibles, pero su implementación depende de mayorías legislativas, regímenes de transición sólidos y mecanismos de protección de la estabilidad contractual, para evitar litigiosidad e incertidumbre regulatoria.

“Finalmente, en el caso del FA, existen además propuestas con impacto estructural fuera del mercado eléctrico, específicamente la transformación del rol de RECOPE mediante una nueva ley y reestructuración hacia energías “químicas limpias” (biocombustibles, SAF, hidrógeno, etc.), lo cual sí exige reforma legislativa y reordenamiento competencial”, agrega.

Por otro lado, Diego Gallegos, socio y head de la práctica de Banca y Finanzas de Arias Costa Rica, clasifica las propuestas energéticas según su viabilidad legislativa, tomando como referencia a las candidaturas de Laura Fernández (PPSO), Álvaro Ramos (PLN) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana - CAC), de acuerdo con el Informe del Estudio de Opinión Pública elaborado por el CIEP (Centro de Investigación y Estudios Políticos) de la Universidad de Costa Rica del 21 de enero.

Gallegos identifica como medidas de alta viabilidad el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). En cuanto a la modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cada candidato ofrece una estrategia distinta: PPSO busca una competencia en igualdad de condiciones con las entidades privadas; PLN quiere mayor flexibilidad mediante alianzas públicos-privados, y CAC promueve una estabilidad institucional mediante su independencia operativa.

El socio de Arias también señala que la digitalización del sistema eléctrico es un tema en común entre los candidatos. Las propuestas incluyen el desarrollo de redes inteligentes, la incorporación de tecnologías de almacenamiento y la electrificación del transporte que impulsa el PPSO con enfoque en los automóviles y centros de agua, mientras que el PLN y CAC lo hacen con miras al transporte público. Según el experto, todas ejecutables dentro del marco legal actual.

En el grupo de propuestas con viabilidad media, Gallegos sitúa aquellas reformas que requieren aprobación legislativa y ajustes al marco regulatorio vigente, en particular a la metodología tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y a instrumentos legales vinculados a la sostenibilidad y la transición energética.

• PPSO: propone reducir los precios de la electricidad industrial mediante una revisión periódica y exhaustiva de las tarifas, la eliminación de sobrecostos, la incorporación de nuevas tecnologías y la promoción de esquemas tarifarios modernos y competitivos a nivel regional.
• CAC: plantea la actualización del marco regulatorio tarifario de la ARESEP en el contexto de la transición energética, con énfasis en eficiencia, generación distribuida y acceso a energía limpia, asegurando tarifas capaces de responder a los desafíos de largo plazo.
• PLN: propone promulgar la Ley de Finanzas Sostenibles y la norma marco que formaliza la Taxonomía, crea el Fondo Nacional de Transición Verde (FNTV), habilita emisiones de bonos verdes soberanos y compromete a fondos de pensiones y aseguradoras a destinar parte de sus activos a instrumentos verdes; además, respalda el Plan de Descarbonización y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

“Finalmente, existen propuestas que implican reformas profundas de alta complejidad ya que requieren de bastante capital político para lograr su implementación y han sido controversiales en el pasado. La principal discusión es la apertura estructural del mercado eléctrico y el rompimiento del monopolio del ICE en la generación y transmisión de energía”, comenta. 

• PPSO: propone una transformación que exige una reforma integral del marco jurídico, incluyendo leyes estructurales sobre la organización del sistema eléctrico, el régimen de servicio público, la planificación, la contratación y las tarifas, así como la implementación de regímenes transitorios robustos, similares a los aplicados en la apertura de los sectores de telecomunicaciones y seguros.
• PLN: impulsa el desarrollo de energías renovables de nueva generación, como el hidrógeno verde, la geotermia avanzada y la energía marina, las cuales requerirán la aprobación de leyes especiales que habiliten su aprovechamiento.
• CAC: plantea la eventual reconversión institucional de RECOPE (Refinadora Costarricense de Petróleo) hacia combustibles no fósiles y la creación de mercados formales de derechos de emisión; además, promueve la energía fotovoltaica (solar), eólica, geotérmica, biomasa, hidrógeno verde y energía marina y oceánica.

“Las anteriores propuestas conllevan implicaciones jurídicas, fiscales y regulatorias significativas, en especial la apertura del mercado eléctrico que, de aprobarse, modificará radicalmente el modelo existente en Costa Rica”, comenta.

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Liderazgo en renovables y riesgos regulatorios

Costa Rica mantiene una matriz eléctrica con más del 95 % de generación renovable. No obstante, la incorporación de nuevas tecnologías introduce desafíos regulatorios vinculados a supervisión técnica, acceso a red y formación tarifaria.

El socio de Consortium Legal sostiene que las propuestas que fortalecen el liderazgo renovable son aquellas que priorizan reglas claras para almacenamiento, redes inteligentes, generación distribuida y marcos regulatorios para hidrógeno y bioenergía, presentes en los planes del PLN, PA y FA.

• El PLN apuesta por almacenamiento y redes inteligentes como habilitadores para renovables no convencionales y continuidad de proyectos.
• El PA propone expresamente un marco regulatorio claro para tecnologías emergentes, incluyendo microrredes.
• El FA incorpora digitalización, medición inteligente, automatización y almacenamiento dentro de una agenda de modernización.

“El riesgo regulatorio se incrementa cuando se pretende cambiar el modelo de mercado (por ejemplo, venta directa, eliminación de límites y rediseño de roles institucionales) sin establecer —desde el inicio— reglas de transición, protección de estabilidad contractual y un marco robusto de acceso a red, despacho, formación tarifaria y supervisión efectiva. En ese sentido, propuestas de apertura amplia como las planteadas por PLP pueden ser atractivas para inversión, pero conllevan riesgo si no se garantiza certeza y gradualidad”, advierte Ramos.

Desde la firma Arias, el experto coincide en que el principal riesgo no está en la apuesta por energías limpias, sino en la arquitectura institucional. Gallegos resalta que bajo la actual administración, cuyas políticas busca profundizar el PPSO, se ha avanzado poco en reducir la dependencia de hidrocarburos y se han rechazado reformas para prohibir la exploración de combustibles fósiles.

“Candidaturas como la de Ramos buscan impulsar la generación distribuida y el desarrollo de tecnologías emergentes, como hidrógeno verde y biocombustibles, se alinean con la evolución natural del sector energético costarricense. Ramos además plantea dotar de financiamiento para proyectos liderados por jóvenes en reforestación, energía renovable, agroecología, reciclaje y conservación”, subraya.

Asimismo, advierte que una eventual apertura del mercado eléctrico plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los objetivos ambientales y de descarbonización, así como sobre la prioridad que el nuevo gobierno otorgaría a estos temas en un contexto de cambio estructural.

En contraste, propuestas como la creación de mercados de derechos de emisión, instrumentos de precio al carbono, bancos verdes de desarrollo y el impulso a energías renovables de nueva generación son identificadas como mecanismos para sofisticar el modelo energético.

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2026-3030: certidumbre jurídica e inversión

De cara al próximo periodo presidencial, los abogados coinciden en que la certidumbre jurídica del sector dependerá de atender varios factores estructurales. Ramos destaca seis puntos críticos:

1. Rectoría y planificación energética: reglas claras de planificación, coordinación interinstitucional y señal regulatoria consistente. FA y PLN lo resaltan desde distintos ángulos.
2. Modernización de red y flexibilidad del sistema: regulación para almacenamiento, redes inteligentes, medición avanzada e interconexión, como condición para integrar renovables y electrificación.
3. Marco habilitante para tecnologías emergentes: permisos, estándares, interconexión y reglas económicas para hidrógeno, bioenergía, microrredes y eventualmente eólica marina.
4. Estabilidad regulatoria y seguridad jurídica de proyectos: continuidad de reglas, respeto a contratos y previsibilidad tarifaria/metodológica.
5. Si se impulsa apertura de mercado: transición ordenada (salvaguardas contractuales, reglas de acceso, despacho, neutralidad competitiva y fortalecimiento del regulador y la autoridad de competencia).
6. Reordenamiento institucional en combustibles: claridad de competencias y gobernanza, especialmente si se rediseña el rol de RECOPE.

Gallegos sostiene que el sector energético costarricense continúa operando bajo un modelo de monopolio estatal encabezado por el ICE. Si bien en los últimos años se han registrado avances en la participación privada, a través de proyectos eólicos, el sistema mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. En un contexto de cambio climático y patrones de lluvia cada vez más variables, esta dependencia ha dificultado reducir el uso de combustibles fósiles y ofrecer tarifas eléctricas más competitivas.

El análisis de Gallegos indica que, sin avanzar en una compleja reforma de apertura del mercado eléctrico, el ICE debería reforzar la generación privada y brindar mayor previsibilidad sobre sus procesos de licitación para atraer inversión, mejorar la competitividad y asegurar la estabilidad del suministro de energías limpias.

“Es imperativo mejorar la infraestructura a nivel regional, siendo que la interconectividad de los países de América Central mediante el SIEPAC es clave para comerciar electricidad de manera más eficiente”, señala el abogado.

Ambos expertos legales coinciden en que la revisión del régimen tarifario será central para alinear las metodologías de ARESEP con los objetivos de competitividad industrial, expansión del sistema y sostenibilidad financiera del sector eléctrico nacional.

Finalmente, mientras algunas candidaturas priorizan la modernización de la red, la incorporación de almacenamiento y el fortalecimiento institucional dentro del marco vigente, otras plantean reformas de mayor alcance que incluyen la apertura estructural del mercado, cambios en el rol del ICE y la redefinición de esquemas tarifarios y de participación privada.

El desafío para el periodo 2026-2030 no se limita a la generación, sino a la planificación del crecimiento del sistema, la certidumbre jurídica para la inversión y la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías. En ese marco, las urnas no solo elegirán un presidente: también definirán la velocidad y el modelo que adoptará la transición energética de Costa Rica en los próximos cuatro años.