El Salvador libera el 100 % del capital bancario a la inversión extranjera

A poco más de un mes de que la Asamblea Legislativa de El Salvador eliminara las restricciones de nacionalidad para el control accionario en la banca, el mercado financiero centroamericano comienza a ajustar sus proyecciones de inversión para el segundo trimestre de 2026.

La modificación, aprobada el 3 de marzo, derogó el artículo 10 de la Ley de Bancos, vigente desde 1999, que exigía que al menos el 51 % de las acciones de cualquier banco perteneciera a salvadoreños, centroamericanos o a instituciones financieras de la región.

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Fin de una restricción

Durante más de dos décadas, esta disposición respondió a un contexto posterior a la privatización bancaria, en el que se buscaba asegurar el control regional del sistema. Desde la firma Arias El Salvador, los abogados Rafael Burgos, senior counsel, y Ana Mercedes López, socia, explican que este requisito permitió sentar las bases de un sistema financiero sólido, aunque limitado frente a la evolución de la globalización.

“Dicha disposición existió durante un contexto histórico que la justificaba (año 1999, posterior a la privatización de los bancos), cuando el impacto de la globalización no era como el que conocemos ahora y se buscaba priorizar que la banca estuviera bajo control de capitales salvadoreños y centroamericanos", sostiene Burgos.

Para el abogado, priorizar el establecimiento de mayorías accionarias con determinados requisitos cualitativos permitió sentar las bases para el sistema financiero sólido que tiene El Salvador hoy. Agrega que a esta fecha, la banca comercial ha sido objeto de diversos cambios accionarios, respondiendo a la realidad económica mundial, por lo que se vuelve importante la actualización de esta normativa para abrir el sistema financiero salvadoreño a nuevas posibilidades de inversión extranjera.

Con el tiempo, sin embargo, esta exigencia se convirtió en una barrera de entrada. Según explica el experto, tendía a desalentar el interés de inversionistas extranjeros que no podían cumplir con los requisitos para asumir el control accionario, reduciendo así el universo de potenciales participantes, aunque el sistema mantuvo dinamismo y presencia internacional.

La derogación no solo elimina el requisito de nacionalidad, sino también una disposición vinculada a la supervisión consolidada de matrices extranjeras. No obstante, López subraya que las facultades de supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero se mantienen intactas y se han sofisticado con el tiempo, desarrollando estrategias de supervisión y una regulación robusta, apoyadas en estándares internacionales y mecanismos de cooperación regulatoria.

La diputada Dania Hernández, una de las impulsoras de la iniciativa, destaca que la restricción respondía a un contexto ya superado y que su eliminación permite habilitar la entrada de nuevos actores, tecnologías y fuentes de financiamiento.

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Nuevo marco de entrada

Con la reforma, el acceso al sistema bancario salvadoreño se redefine. A partir de ahora, inversionistas de cualquier nacionalidad pueden participar en la creación o adquisición de bancos sin restricciones en la propiedad.

Para la socia de Arias - El Salvador, este cambio simplifica el análisis regulatorio, al centrarse en los requisitos del artículo 11 de la Ley de Bancos y se alinea con una estrategia más amplia del Gobierno para atraer inversión extranjera.

“Con este cambio normativo se abren las puertas para que inversionistas de cualquier nacionalidad puedan participar dentro de un sistema financiero sólido, como lo es el salvadoreño, teniendo la posibilidad de ofrecer productos y servicios a sectores que aún no están siendo cubiertos en la actualidad. Este cambio facilita el proceso de evaluación de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, dado que su análisis estará centrado en el cumplimiento de los requisitos del artículo 11 de la Ley de Bancos”, opina.

Indica la especialista en banca, finanzas y seguros que este cambio normativo es coherente con la estrategia de apertura actual del Gobierno salvadoreño de cara a las nuevas inversiones, en la búsqueda de posicionar al país como un destino atractivo en distintos rubros, anticipando el interés de potenciales inversionistas de incursionar en el negocio bancario.

En este nuevo escenario, el país podría captar el interés de grupos financieros de Sudamérica, México, República Dominicana y España, especialmente aquellos con presencia previa en sectores regulados que busquen consolidar una estrategia regional.

La apertura coincide, además, con un contexto de dinamismo en el mercado: el mercado de valores salvadoreño inició 2026 con un crecimiento de 64,1 %, lo que refuerza las señales hacia inversionistas internacionales.

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Competencia, crédito e innovación

En términos de mercado, la expectativa es que la eliminación de esta barrera amplíe la base de competidores y genere impactos en la oferta de productos financieros y el acceso al crédito.

Los voceros de Arias consideran que la medida es especialmente relevante para impulsar innovación y digitalización, en coordinación con otras normas como la Ley de Bancos de Inversión y la agenda regulatoria en materia tecnológica.

“Esto coloca a El Salvador en una posición privilegiada para brindar servicios financieros innovadores, no solo dentro del país, sino también a clientes ubicados en el extranjero”, señala el senior counsel de la firma.

En el corto plazo, Burgos anticipa procesos de reorganización interna en las estructuras societarias de los bancos existentes, mientras que a mediano plazo podría materializarse la entrada de nuevos competidores interesados en capitalizar el actual momento de inversión e innovación.

Con esta reforma, explica, El Salvador está dando un paso importante para atraer la inversión de distintos capitales, posicionándose estratégicamente como una nueva alternativa de inversión dentro de Centroamérica para el establecimiento de operaciones bancarias.

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Desafíos regulatorios y próximos pasos

Pese a las oportunidades, la reforma también plantea desafíos. Entre ellos, la necesidad de mantener estándares de supervisión robustos en un entorno con mayor diversidad de actores.

López sostiene que el rol del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia del Sistema Financiero seguirá siendo clave, especialmente en la aplicación de normativa prudencial alineada a los principios de Basilea III y en la revisión de operaciones de cambio de control accionario.

En el plano normativo, uno de los ajustes inmediatos será la actualización de las reglas para la autorización de nuevos bancos y la transferencia de acciones de más del 1 % y 10 % de capital social de bancos.

“Habrá que esperar si esta apertura que se está mostrando en el sector bancario se traduce también en reformas a las leyes que rigen a otras entidades del sector financiero, como aseguradoras o administradoras de fondos de pensiones, a efectos de homologar los criterios de participación como accionistas dentro de estos sectores, y permitir una apertura mayor para inversionistas interesados en participar de más rubros del sector financiero”, comenta el senior counsel.

Con esta reforma, El Salvador eleva su perfil como destino para capital financiero en Centroamérica. La pregunta ahora no es normativa, sino de ejecución: si la apertura logrará traducirse en transacciones concretas y, sobre todo, en mejores condiciones de crédito para empresas y usuarios.