El Ejecutivo y el Legislativo se disputan la regulación de Uber en Costa Rica

En Costa Rica, dos propuestas de ley se disputan la regulación de los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas. La primera, fue presentada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el 22 de enero de 2019. Se pretende que dicha regulación sea a través de un entendimiento del servicio como transporte público, otorgándole a los taxistas un cuantioso fondo para renovar su flota de vehículos. La segunda, se presentó ocho meses después por parte de un grupo de diputados a la Asamblea Legislativa de la República, es aplaudido por Uber y determina que los socios conductores se registren como trabajadores independientes ante Hacienda.

Sobre el contexto costarricense y los retos de legislar en torno a este tipo de aplicativos, LexLatin consultó a Mauricio París, manager regional del estudio Ecija Abogados. Mauricio cuenta con experiencia en la práctica de dispute resolution y es embajador del Instituto de Innovación Legal en Costa Rica. El abogado, al respecto de lo que ha sucedido en Colombia con Uber y lo que continúa para los países en la región, refirió que “este tipo de servicios, más allá de que el Estado ejerza su sacro derecho de cobrar impuestos por su actividad económica, no tienen que ser regulados. Es decir, usualmente se plantea la protección del consumidor, pero las plataformas hacen que los usuarios califiquen el servicio que reciben”. 

Contrario, la “Reforma del sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte”, el proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo, a decir del especialista, establece barreras de acceso para nuevos competidores, por las altas tarifas y es contrario a las obligaciones que asumió el país con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 

Las grandes diferencias de este proyecto comparado con la “Ley reguladora de los servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas”, son tarifarias: 35 dólares por concepto de acreditación al conductor; 200 dólares por inscripción de vehículo y más de 70.000 dólares para la inscripción de la plataforma (y la mitad de esta cantidad para su renovación cada cuatro años), de acuerdo con el salario base según se muestra en la página de Hacienda.

Además, las plataformas deben aportar de manera mensual al Consejo de Transporte Público el 3 % del precio final cobrado por cada servicio, un monto que será destinado al Fondo Nacional de Movilidad, que según el experto “tiene un nombre muy bonito pero es un fondo que se aplicará para modernizar la flota de taxis e indemnizar a los taxistas, que tengan pensiones. Es una cosa francamente impresentable”. De acuerdo con el proyecto de reforma, será así al menos durante los primeros ocho años, después, se podrá utilizar el fondo para modernizar el transporte público. 

La iniciativa por parte de un grupo de diputados a la Asamblea, en cambio, establece un registro voluntario de las empresas de servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas (ESTP); además, determina que su operación sea bajo un permiso especial. De aprobarse esta iniciativa, las plataformas no estarían sujetas al otorgamiento de concesiones ni permisos gubernamentales y la cuota de inscripción sería de solo el 20 % de la cantidad planteada por el primero. 

Con el compromiso de seguir contribuyendo con el desarrollo del país nos sumamos a las múltiples voces que consideran de vital importancia la convocatoria del Proyecto de Ley No. 21587 durante estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.https://t.co/BrGQPhyIRX

— Uber Costa Rica (@Uber_CR) January 10, 2020

Las obligaciones para las ESTP son mantener actualizado su registro de conductores; brindar comprobante de servicio; remitir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes un listado, de manera trimestral, de los vehículos acreditados; emitir una identificación digital para los conductores; vigilar que las pólizas de seguro de los vehículos de la plataforma se encuentren vigentes; establecer un sistema de protección al usuario y emitir políticas y procedimientos que prohíban el acoso sexual y la discriminación. 

Lo más destacable, es que se obliga a los socios conductores a acreditarse como trabajadores independientes y demostrar que se encuentran en el registro de contribuyentes de Hacienda, con lo que pretende descartar el reconocimiento posterior de derechos laborales. 

Preocupaciones a futuro

De acuerdo con Mauricio París, los Estados deben considerar tres aspectos clave antes de pretender determinar cómo deben prestar su servicio las plataformas colectivas: son globales y se aproxima un cambio de paradigma respecto a la propiedad y al derecho laboral. “Eso está pasando, por ejemplo, con protección de datos personales, las mismas empresas de tecnología, Facebook, Google, Amazon, le están pidiendo al Gobierno de Estados Unidos que los regule”, comentó el abogado. 

Respecto de los cambios de paradigma, “las plataformas colaborativas están proponiendo un nuevo tipo de propiedad, todavía no lo vemos claramente pero estamos pasando de un modelo en donde lo importante es ser el dueño de un bien, a un modelo en donde lo importante es tener acceso a ese bien”, dijo.

De esta forma, hay dos colapsos previsibles, el primero es el vial y en Latinoamérica se explica por la falta de un transporte público adecuado. La segunda es laboral y es que la intención de estos aplicativos es contar con unidades vehículares autónomas; al menos en Costa Rica, de acuerdo con las cifras de Uber, se han generado 800 empleos directos y suman más de 28.000 socios conductores. Independientemente de las protestas alrededor del mundo por reconocimiento de derechos laborales, las plataformas como Uber son generadoras de empleo de fácil acceso. 

"Los Estados tienen dos opciones: ir pensando en lo que va a ocurrir en 10 años y crear fuentes alternas de trabajo o hacer como en la primera revolución industrial en donde se destruían las máquinas de vapor porque decían que eliminaban empleos. Podrán destruir los vehículos autónomos, pero esto no hay quién lo pare. Estamos poniendo parches a una raza que se está resquebrajando”, enfatizó Mauricio París.