20/01/2026
Donald Trump cumple un año de haber asumido nuevamente la presidencia de Estados Unidos. En estos primeros doce meses de su segundo mandato, el mandatario ha ejercido su poder sobre América Latina mediante una combinación de confrontación política, presión militar y decisiones unilaterales en política exterior. Al igual que en su primer gobierno —al que ha denominado la “era dorada”—, su gestión no ha estado exenta de polémicas, incluso dentro del propio Partido Republicano. Recientemente, un grupo de legisladores intentó frenar nuevas operaciones militares en Venezuela, como la realizada el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. Sin embargo, tras cuestionamientos públicos del presidente, Trump logró finalmente la aprobación de la Resolución de Poderes de Guerra con el voto decisivo del vicepresidente, JD Vance.
El bombardeo en Venezuela y las presiones sobre diversos países de la región a raíz de este suceso ha generado múltiples críticas, siendo una de las más recientes la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en un artículo escrito para The New York Times, cuestionó la injerencia de Washington en la región.
“Los jefes de Estado o de gobierno, de cualquier país, pueden rendir cuentas por acciones que socaven la democracia y los derechos fundamentales. Ningún líder tiene el monopolio del sufrimiento de su pueblo. Pero no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de impartir justicia”.
Con esta serie de acciones, Trump busca dominar el hemisferio occidental con la llamada Doctrina Donroe, inspirada en la Doctrina Monroe de 1823, y frenar el avance de adversarios como China, Rusia e Irán en América Latina. Solo el gigante asiático ha logrado incursionar en sectores estratégicos como el energético, minero, eléctrico y de infraestructura, entre otros, no solo a través de la compra de empresas, sino brindando financiamiento e impulsando un pujante intercambio comercial que lo ha llevado a registrar un superávit comercial en 2024 y ahora en 2025, a pesar de la guerra de aranceles iniciada por Trump.
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La estrategia de Trump sobre América Latina
Este segundo periodo de gobierno también ha destacado por un ir y venir de decisiones materializadas en órdenes ejecutivas. Entre ellas destacan la eliminación de la ayuda exterior que brindaba a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el desmontaje de programas relacionados con la diversidad, el fomento a los combustibles fósiles, el retiro del país de organismos, convenios y tratados internacionales y una ofensiva contra la migración ilegal. Pero buena parte de su agenda se ha centrado en la política exterior hacia América Latina, en casi todos los casos alegando razones de seguridad nacional.
Al hacer un balance de este primer año de gobierno de Trump, la organización Washington Office en Latin America (WOLA) menciona la interferencia de EE. UU. en los procesos electorales en diversos países latinoamericanos incluyendo Argentina, a la que le ofreció un rescate financiero de 20.000 millones de dólares para fortalecer reservas y pagar deuda externa, pero que no solo garantizaba un aliado, sino que beneficiaba a fondos de inversión de "amigos de Trump", según un análisis de coyuntura del Centro de Reflexión en Política Internacional de la Universidad Nacional de La Plata. Parte de los compromisos que asumió Milei con Washington incluye garantizar los presupuestos de 2026 y 2027, la autonomía del Banco Central, las reformas impositiva, laboral y jubilatoria, destaca el informe.
Además, WOLA señala a Trump de influir en las elecciones en Honduras a favor del candidato Nasry Asfura, que después de casi un mes de conteos, fue declarado ganador, así como en la consideración de reformas constitucionales por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador para favorecer la reelección de Nayib Bukele, uno de sus aliados en Centroamérica en materia de seguridad e inmigración. El mandatario recibió 4,76 millones por recibir unos 200 inmigrantes ilegales, en su mayoría venezolanos, en la mega cárcel del Cecot. En materia migratoria, así como en el combate contra el narcotráfico, también ayudó a Ecuador, que recibió cerca de 20 millones de dólares, incluyendo USD 6 millones en drones.
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Brasil no escapó a la influencia de Trump y recibió castigos como un alza significativa de los aranceles de importación (50 %) y sancionó a funcionarios del Poder Judicial que encarcelaron al expresidente Jair Bolsonaro, que durante su gobierno fue un aliado de Washington.
Aunque para algunos analistas no parece clara la estrategia de EE. UU. en la región, razones geopolíticas, de seguridad y, en gran medida el interés por los cuantiosos recursos minerales y petroleros que esta posee explican las acciones de Trump en este primer año de su segundo mandato, con Marco Rubio, primer secretario de Estado de origen latinoamericano.
Este mismo año, en noviembre, se realizarán las elecciones de medio tiempo en el Congreso estadounidense que son un termómetro para evaluar la gestión del mandatario, hoy con un nivel de aprobación de 41 %. El efecto de sus políticas en la economía destaca como una de las grandes preocupaciones para los estadounidenses, que se quejan del alto costo de los productos básicos y de ciertos alimentos.
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¿Cuáles han sido las repercusiones de sus políticas en la región?
Aquí mencionamos algunos hechos que han marcado la gestión de Trump desde el 20 de enero de 2025 y que han resonado en el resto de América Latina:
Intervencionismo y amenazas
El 3 enero, a pocas horas de entrar la noche, el presidente de EE. UU. autorizó un ataque militar a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro y desde entonces la actuación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez está bajo tutela de Washington.
Alegando una guerra contra el narcotráfico y grupos irregulares, el mandatario estadounidense también ha amenazado a Colombia y México y, tras una llamada a Petro, acordaron reunirse en la Casa Blanca el 3 de febrero.
En el caso de México, está prevista una reunión presencial con la presidenta Claudia Sheibaum para después de esa fecha. La relación entre ambos gobiernos en este primer año del gobierno de Trump ha estado marcada por la llamada “diplomacia al teléfono”.
Con las acciones llevadas a cabo en Venezuela, Trump espera que Cuba acepte una negociación considerando que no recibirá más petróleo y recursos de Venezuela, lo que en su opinión el régimen que impera en la isla estaría el “listo para caer”.
“Made in USA”
Como parte del acuerdo energético con Caracas, el presidente de Estados Unidos anunció la disposición de Venezuela a comprar productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, entre otros, hechos en ese país, con lo que Trump espera convertir a EE. UU. nuevamente en el principal socio comercial de Venezuela. Con esta medida no solo pone freno al intercambio con China, sino que también ha limitado el acceso del gigante asiático a crudo venezolano, así como el de otros adversarios, como Rusia. China no solo ha respondido para cuestionar la intervención de EE. UU. sino también para advertir que Venezuela debe responder por una deuda que se calcula en hasta USD 20.000 millones.
Trump, además, ha invitado a empresas petroleras del hemisferio occidental a invertir en el sector energético venezolano y, aunque algunas manifestaron reservas por la falta de seguridad jurídica considerando de las expropiaciones hechas por Hugo Chávez, las atractivas reservas probadas de crudo captan el interés de la mayoría por hacer negocios en ese mercado.
Mientras, el gobierno interino ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos “para facilitar la inversión y fortalecer la seguridad jurídica”. Actualmente, los acuerdos de extracción de crudo en el país se rigen por un esquema que obliga a constituir asociaciones mixtas en las que la estatal Pdvsa tiene la mayoría accionaria.
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Guerra comercial y política proteccionista
Entre las primeras acciones que tomó Trump al asumir el poder destaca la imposición de aranceles recíprocos a las importaciones de diversos países, incluyendo algunos en América Latina, como Colombia, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Chile, a los que aplicó tarifas de 10 %; Costa Rica y Trinidad y Tobago con tasas de 12 % y 17 %, respectivamente, Nicaragua con 18 % y Brasil del 50 %.
En agosto, cuando entraron en vigencia las tarifas luego de una pausa de 90 días, las aplicadas a Ecuador subieron de 10 % a 15 %, mientras que, en noviembre, ese país, junto a Argentina, El Salvador y Guatemala, todos aliados en la región, fueron notificados de la reducción de las tarifas en “cierto número de mercancías”, de manera de brindar mayor acceso de las empresas de EE. UU. a sus mercados.
A México, que lo acompaña en el T-MEC junto a Canadá, le comenzó a aplicar un arancel de 25 % por importación de automóviles desde el 3 de abril y de autopartes desde mayo, así como tarifas al acero y aluminio.
Sin embargo, la política arancelaria proteccionista de Trump está bajo la lupa de la Corte Suprema que aún evalúa la legalidad de que el gobierno se haya amparado en la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para imponer aranceles generalizados evitando dirigirse al Congreso. Desde ya analistas miran con expectativa los beneficios que tendría en el mercado de valores y en los consumidores un eventual fallo contra Trump, y el impacto negativo para los bonos del Tesoro y el déficit presupuestario.
América Latina ha resultado afectada por la aplicación de aranceles generalizados. Según datos difundidos en noviembre pasado por la Comisión Económica para América Latina, en el primer semestre de 2025 la inversión extranjera directa cayó 53 % en comparación con el mismo lapso de 2024 y 37 % si se considera el período 2015 - 2024. Proyectos de sectores con vocación exportadora hacia Estados Unidos como automóviles, autopartes, equipamiento industrial, productos de consumo, metales y minerales y caucho fueron los más impactados por el freno de la IED como consecuencia de la imposición de tarifas.
El T-MEC bajo revisión en su segundo mandato
Precisamente para este año está prevista la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. La semana pasada, Trump fue consultado sobre el particular y subestimó la importancia del mismo.
“Ni siquiera pienso en el T-MEC. Quiero que a Canadá y a México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos. Bueno, puedo hacerlo, expira pronto y podemos tenerlo o no, me da igual. Creo que ellos lo quieren, a mi no me importa”.
Sin embargo, Marcelo Ebrard, canciller de México, dijo a medios hace unos días que la revisión del acuerdo está en marcha, lo que se espera concluya el 1 de julio. A finales del año pasado tanto México como sus socios del tratado concluyeron consultas internas y acordaron la permanencia del tratado de libre comercio, cuyo valor se calcula en 2 trillones de dólares. Si bien se trata de una revisión puntual, no integral, el empresariado del norte de México espera certeza jurídica especialmente en materia arancelaria.
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Volatilidad económica global tras las políticas de Trump
Desde inicios de su segundo mandato, Trump ha tenido un feroz enfrentamiento con la Reserva Federal, presionando a que bajen las tasas de interés sin medir las consecuencias que tendría en los mercados globales y de la región en particular. Es sabido que las decisiones de política monetaria en EE. UU. impactan no solo el mercado cambiario, sino también los flujos de capital y costo de la deuda de gobiernos y empresas latinoamericanas así como de las materias primas.
En paralelo a la demanda por supuesto fraude hipotecario que cursa en la Corte Suprema contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, a la que Trump intentó remover en agosto pasado, se desarrolla un conflicto y ahora la amenaza de un proceso penal contra Jerome Powell, presidente del organismo, por supuestas irregularidades en la renovación del edificio de la Fed en Washington. Este miércoles Powell acudirá a la audiencia prevista en relación con el caso que involucra a Cook. El presidente del banco central estadounidense ha preferido cuidar la independencia de la Fed ante las presiones políticas y fijar las tasas atendiendo a las condiciones económicas para mantener control sobre los precios y favorecer el empleo, una de las deudas pendientes de Trump con los estadounidenses.
El mandatario también está tratando de poner un techo de 10 % a los intereses que cobra la banca por las tarjetas de crédito para lo que ha dado plazo hasta este jueves 22 de enero. La asociación de banqueros de Estados Unidos ha advertido sobre las consecuencias de esta exigencia que se traduciría en menor disponibilidad de crédito para los estadounidenses (se calcula que unos 200 millones de personas en EE. UU. usan el llamado dinero plástico) y pequeñas empresas.
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