Los desafíos que enfrenta el sector logístico en América Latina, una oportunidad condicionada por geopolítica, costos y regulaciones

A partir del repunte de 6,4 % en las exportaciones de América Latina y el Caribe en 2025 y de un mayor dinamismo de las importaciones en un mercado de más de 600 millones de consumidores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha proyectado una fase de expansión comercial para la región. Pero advierte que, para que sea sostenible, serán necesarias reformas que reduzcan los costos logísticos, atraigan inversión y fortalezcan la competitividad. 

El año pasado, la región mostró resiliencia en un contexto global de incertidumbre, marcado por el alza de aranceles y la presión sobre las cadenas de suministro consecuencia de las tensiones geopolíticas, entre otros factores.

El BID acaba de revisar a la baja su proyección de crecimiento de la economía regional (de 2,5 % a 2,1 %). Sin embargo, se espera que el comercio internacional siga siendo un motor de impulso del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Y en este escenario, la logística, la red de servicios que permite el flujo eficiente de bienes, servicios e información a lo largo de la cadena de suministro, juega un papel fundamental.

A pesar del panorama, empresas como Mercado Libre, un actor de peso en este sector, ha anunciado inversiones millonarias en varios países, incluyendo Argentina, Chile y Brasil, para reforzar su plataforma tecnológica y ampliar su red logística asociada a su negocio de comercio electrónico. ¿Qué avances, desafíos y oportunidades muestra la logística en América Latina?

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Panorama desafiante 

Por su proximidad a Estados Unidos, acceso simultáneo a los océanos Atlántico y Pacífico y el significativo crecimiento del consumo interno, a América Latina se le reconoce un enorme potencial para consolidarse como uno de los principales centros logísticos del mundo, destaca Ulisses Penachio, socio de Bicalho Navarro Advogados.

No obstante, tiene por delante una serie de desafíos que atender. De acuerdo con el Banco Mundial, los costos logísticos de la región oscilan entre un 16% y un 26 % del PIB, por encima del 9 % que registra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y las demoras en el despacho aduanal en toda la región provocan un aumento en los costos del transporte de entre un 4 % y 12 %, lo que se termina reflejando en el valor de las mercancías, advierte en un informe la Asociación de Estados del Caribe. 

Juan Pablo Matus, socio de Cariola, Díez, Pérez-Cotapos, comenta que los principales desafíos regulatorios que enfrentan las empresas logísticas en América Latina derivan, en primer lugar, de una infraestructura deficiente. 

“La región presenta rezagos persistentes en conectividad y capacidad, lo que genera congestión recurrente que afecta la confiabilidad de las operaciones, eleva los costos operativos y limita la competitividad de las cadenas logísticas frente a otras regiones”.

El predominio del transporte por carretera en la región,  en detrimento de alternativas más eficientes, como el transporte ferroviario y marítimo, sumado al deterioro de la infraestructura vial, eleva los costos logísticos, incrementa los accidentes y genera congestión, señala Penachio. A estas deficiencias estructurales se suma la falta de seguridad pública, que impacta directamente al sector y se refleja en una elevada incidencia de robo de carga.

"América Latina suele caracterizarse por la utilización masiva del camión, vehículo que es lento, caro, inseguro y, sobre todo, contaminante. Sería ideal que los gobiernos vuelvan a priorizar el tren y el transporte fluvial, que son ampliamente superiores al camión en diversos aspectos", agrega Pedro Menéndez San Martín, socio de Allende & Brea.

Otro obstáculo significativo es el bajo nivel de integración entre los diferentes modos de transporte, lo cual, en su criterio, compromete la eficiencia logística general. 

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Poca armonización

Para el abogado brasileño, desde una perspectiva regional y a diferencia de lo que se ve en bloques como la Unión Europea, existe poca integración entre los países latinoamericanos, lo que se traduce en un mosaico de normas aduaneras, tributarias y regulatorias poco armonizadas, que aumenta la complejidad operativa, genera retrasos impredecibles, retención de mercancías y un mayor capital inmovilizado en tránsito.

“El entorno regulatorio, en general, es excesivamente complejo: las normas varían sustancialmente entre países, existe una alta burocracia aduanera y una elevada carga tributaria”, añade el socio de Bicalho Navarro 

Matus lo refuerza al comentar que la principal dificultad reside en la heterogeneidad normativa de la región y en la estabilidad de las reglas aplicables, lo que dificulta la estructuración de cadenas logísticas transfronterizas eficientes e incide de manera directa tanto en los costos logísticos como en la certeza jurídica de los proyectos de inversión.

Si bien continúa predominando la regulación de carácter nacional, destaca que en los últimos años se han desarrollado esfuerzos relevantes de coordinación regional orientados a mejorar la eficiencia operativa y a otorgar mayor previsibilidad a los operadores. 

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La llamada “permisología”, caracterizada por trámites extensos, múltiples autorizaciones y escasa coordinación entre autoridades, ha generado demoras, mayores costos e incertidumbre jurídica para los inversionistas. Comenta que, en 2025, Chile avanzó en la reducción de estas barreras con la promulgación de la Ley N.º 21.770, que establece un marco común para los órganos de la Administración del Estado encargados de habilitar proyectos o actividades sujetas a limitaciones regulatorias, con el objetivo de ordenar y agilizar estos procesos.

Menciona desafíos regulatorios asociados a la modernización del sector, incluyendo materias como la digitalización y la sostenibilidad, pese a que reconoce que ha habido avances.

Otro desafío para el sector logístico de la región lo constituyen las grandes asimetrías que hay en el sector en términos de costos laborales e impositivos, así como en la carga regulatoria, medios de transporte logístico, refiere Menéndez San Martín.

Aunque ha habido avances normativos, Penachio advierte que persiste una considerable incertidumbre jurídica, dado que las relaciones legales siguen estando sujetas a frecuentes injerencias políticas. 

“Este factor desalienta a los actores relevantes del mercado y compromete las inversiones a largo plazo, dado que los inversionistas exigen previsibilidad, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica”, añade.

Los posibles cambios regulatorios que podrían derivarse de la renegociación que Estados Unidos pretende llevar a cabo respecto de algunos tratados internacionales que regulan el comercio internacional, como el T-MEC, así como el régimen de aranceles que dicho país ha impuesto al comercio exterior mundial y que ha impactado al nearshoring, también preocupa a los inversionistas, comenta Luis Robles Santamarina, socio de la firma Ramírez Ornelas Abogados.

"Definitivamente, uno de los mayores desafíos de la región es adaptar el marco normativo y regulatorio a la nueva realidad del comercio internacional, influida por políticas comerciales más proteccionistas en Estados Unidos, particularmente durante la administración del presidente Donald Trump", señala, convencido de las consecuencias de la política arancelaria estadounidense como retrasos en inversiones, reconfiguración de las cadenas de suministro y un mayor nivel de riesgo para los exportadores.

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Tendencias

Los países latinoamericanos han intensificado su enfoque en sostenibilidad y protección ambiental, siguiendo estándares internacionales, y las empresas logísticas se alinean con esta tendencia mediante la reducción de su huella de carbono y la certificación de prácticas ambientales y sociales en toda la cadena de suministro.

Según el socio de Cariola, uno de los ejes centrales es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte pesado, operaciones portuarias e infraestructura logística. A esto se suma la creciente exigencia de documentar la trazabilidad ambiental de las mercancías desde el origen hasta el destino.

En el ámbito social, refiere que la agenda logística incorpora mayores obligaciones en condiciones laborales, no discriminación y seguridad y salud en el trabajo. 

El nearshoring también ha impulsado la adopción de estándares ambientales más estrictos en sus procesos productivos, especialmente en industrias sujetas a compromisos del T‑MEC, como comenta Santamarina. Paralelamente, tecnologías como inteligencia artificial, automatización y digitalización están transformando las operaciones, haciéndolas más ágiles, trazables y eficientes, aunque para el socio de Allende & Brea, queda mucho camino por recorer en esta materia.

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Sin retorno

La IA permite optimizar inventarios, prever demanda, optimizar rutas y reducir residuos, mientras que el auge del comercio electrónico vuelve indispensable la trazabilidad digital para garantizar eficiencia, seguridad y confiabilidad en las operaciones. Sin embargo, Matus observa que la adopción tecnológica enfrenta un marco legal insuficiente, pues la normativa vigente no contempla decisiones automatizadas ni sistemas algorítmicos autónomos, lo que genera dudas sobre responsabilidad ante fallas operativas.

La protección de datos personales es otro desafío, ya que la IA requiere grandes volúmenes de información, lo que abre debates sobre consentimiento, finalidad específica, y derechos de acceso y rectificación. En blockchain, la inmutabilidad de los registros puede chocar con derechos como la supresión o corrección de datos.

En su opinión, el uso de big data y el flujo transfronterizo de información exige políticas de privacidad robustas y la recolección estrictamente necesaria para fines logísticos, mientras que la digitalización también expone a puertos aduanas y operadores a ciberataques que pueden paralizar el comercio exterior, lo que obliga a reforzar la seguridad de la información, reportar incidentes a los equipos de respuesta y someterse a la fiscalización y potestad sancionatoria de la autoridad competente.

Aunque la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización de procesos es un fenómeno que ya comienza a consolidarse en las cadenas de suministro, muchos países de la región carecen de regulación específica, lo que genera incertidumbre jurídica y frena la adopción a gran escala. México es uno de los casos donde se considera urgente un marco normativo claro que dé seguridad a inversionistas y modernice el sector, de acuerdo con el socio de Ramírez Ornelas.

Otra tendencia que destaca en el actual contexto es la búsqueda de resiliencia, lo cual ha impulsado la diversificación de proveedores para reducir la dependencia de una sola ruta o región. Para Penachio, esto complejiza las redes contractuales, que ahora incorporan cláusulas para gestionar riesgos geopolíticos y regulatorios, priorizando continuidad operativa y estabilidad en las cadenas de suministro.

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Adaptarse para avanzar

Ante las tensiones geopolíticas constantes, incluyendo la crisis en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, las restricciones en el Canal de Panamá y las tensiones en el estrecho de Ormuz, las empresas se han visto obligadas a redirigir las rutas globales.

Además de exigir mayor flexibilidad en la planificación logística y una revisión permanente de sus modelos contractuales y de gestión de riesgos, también se ha traducido en el aumento del tiempo de transporte, costos de flete, primas de seguros y la previsibilidad operativa.

Penachio recomienda un aumento constante de las inversiones en infraestructura logística —idealmente por encima del 5% del PIB—, priorizando el transporte ferroviario siempre que sea técnicamente factible, una mayor integración regulatoria entre países y la creación de corredores logísticos regionales. 

La modernización legislativa también es considerada esencial y como ejemplos destaca la Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos de Brasil de 2021 y la reciente Ley General de Licencias Ambientales (2025), además de la adopción generalizada de tecnologías como la inteligencia artificial y los procesos digitales.

“Los países que logren adaptar rápidamente sus marcos regulatorios e infraestructura podrán posicionarse como centros logísticos globales. Es crucial evitar la falta de coordinación regional, ya que la competencia aislada entre países reduce las economías de escala y la eficiencia”, resalta el socio de Bicalho Navarro. 

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También se recomienda fomentar una mayor participación del sector privado mediante concesiones, asociaciones público-privadas y modelos similares, aprovechando su mayor capacidad de inversión inicial y su conocimiento técnico.

De hecho, como explica Matus, en América Latina, una parte significativa de la inversión relevante en logística —incluida la infraestructura, el desarrollo portuario, carreteras y accesos— se materializa vía concesiones o alianzas entre el sector público y el sector privado (APP). “En este tipo de proyectos, los inversionistas requieren reglas claras y previsibles en materias como la asignación de riesgos, los regímenes tarifarios y de ingresos, la estabilidad contractual, las garantías, las causales y efectos del término anticipado, así como mecanismos eficaces de solución de controversias”.

Brasil y Chile encabezan la región en la estructuración y ejecución de alianzas público‑privadas a ofrece marcos legales estables y ampliamente conocidos para el desarrollo de proyectos en conjunto entre el Estado y el sector privado. Destaca en particular la continuidad del sistema de concesiones chileno durante más de tres décadas. Aunque Colombia, Uruguay y Perú han avanzado y cuentan con normativas relativamente sólidas, aún presentan limitaciones que reducen su atractivo para la inversión en logística.

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Reformas pendientes

Para el socio de Cariola, es urgente considerar la facilitación del comercio, como un elemento fundamental de la política pública, en particular con la entrada en vigor en 2017 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (AFC).

La digitalización y simplificación de los trámites aduaneros, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de medidas de transparencia regulatoria —como la publicación de normas y la notificación previa de nuevas regulaciones— y gestión documental electrónica se han convertido en pilares de las políticas públicas orientadas a facilitar el comercio, lo que ayudará a transformar, de acuerdo con Matus, quien sugiere:

• Modernizar las aduanas, implementando medidas como el uso de un sistema de gestión de riesgo para el control aduanero, la tramitación previa, la determinación definitiva de los aranceles y otros derechos, la existencia de facilidades para agilizar el levante de envíos urgentes, la aceptación de copias de los documentos exigidos para la exportación, la importación o el tránsito, la publicación por parte de las aduanas de los plazos medios de levante de las mercancías y, especialmente, la existencia de facilidades para operadores económicos autorizados.
• Implementar la Ventanilla Única electrónica de Comercio Exterior (VUCE), que permite concentrar y coordinar los trámites requeridos para las operaciones de importación y exportación, evitando la duplicación de información ante distintas autoridades y contribuyendo de manera significativa a la reducción de tiempos y costos en los procesos de frontera.
• Reforma profunda de la “permisología”, orientada a abordar uno de los principales factores que hoy obstaculizan la inversión logística en la región.. En este contexto, la reforma debe enfocarse en la fijación de plazos máximos exigibles, la modernización y simplificación de la tramitación de permisos, y la implementación de procedimientos integrados que eviten procesos lentos y secuenciales entre distintas autoridades.
• Fortalecer la transparencia y la eficiencia administrativa en la estructuración y tramitación de concesiones y alianzas entre el sector público y el sector privado, así como promover mayores niveles de coordinación e integración regional de los sistemas logísticos.
• Ofrecer marcos regulatorios estables, incluyendo los marcos de concesiones; actualizar la regulación ambiental; brindar reglas claras para la inversión extranjera y condiciones predecibles para el comercio exterior y para el sector de la logística, considerando que la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el fenómeno del nearshoring representan una oportunidad para América Latina, que pasaría de ser principalmente una región exportadora de materias primas, a convertirse en una plataforma de producción, ensamblaje y distribución cercana a grandes mercados de consumo, especialmente Norteamérica. 

“El nearshoring no solo supone relocalizar procesos productivos, sino también desarrollar y fortalecer puertos, terminales, corredores intermodales, centros de distribución y zonas logísticas, lo que también abre espacio para concesiones y asociaciones público-privadas”, añade el socio de Cariola.