En su más reciente informe, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) señala que existe un evidente deterioro de la democracia en casi la mitad de los países analizados, donde hubo un descenso en al menos uno de los indicadores de desempeño democrático utilizados para la medición.
De acuerdo con The Global State of Democracy 2024, dos de esos indicadores están relacionados con la libertad e igualdad económica y la independencia judicial, aspectos que inciden directamente en garantizar un entorno saludable para los negocios y las inversiones, ratificando la vieja tesis de que, aun con sus defectos, la democracia sigue siendo el sistema político idóneo para el desarrollo económico y, por ende, de la sociedad.
“Existen muchos estudios, entre ellos los de Douglass North (Nobel de Economía 1993), que relacionan el desempeño económico y la calidad institucional, lo que significa que los países cuenten con instituciones firmes, sólidas, independientes y funcionales. Esto, generalmente, se relaciona con naciones donde hay una democracia funcional y plena”, afirma Hermes Pérez, economista y profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet).
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Democracia en picada
El estudio de IDEA Internacional, que mide la calidad de la democracia y de los procesos electorales en el mundo, asegura que la credibilidad de las elecciones está amenazada a escala global, pues mientras que cada vez son menos personas las que acuden a votar, los resultados son más cuestionados; una tendencia que se profundizó en 2023, octavo año consecutivo de caída desde que, en 1975, el instituto que tiene sede en Estocolmo, Suecia, comenzó a realizar el análisis.
Destaca el informe que el deterioro democrático ha sido global: mientras solo uno de cada cuatro países ha logrado avanzar en su desempeño democrático, cuatro de cada nueve han retrocedido, incluso algunos que, hasta 2020, mostraban un desempeño democrático alto, especialmente en Europa y América.
En este sentido, el análisis de IDEA coincide con los resultados de un estudio desarrollado por la española Fundación Carolina, que muestra cómo en América Latina y el Caribe y por octavo año consecutivo desciende la calificación que mide la calidad de sus democracias.
El estudio destaca, además, que las instituciones civiles vinculadas a la política son peor percibidas que los organismos militares y religiosos.
Pese la erosión de la institucionalidad democrática en la región, todavía hoy es el modelo normativo e institucional más solvente y apoyado por la mayoría de los habitantes del continente americano.
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¿Y qué relación existe?
Ahora bien, ¿cómo afecta esta erosión de la democracia al entramado económico y al ambiente para los negocios? Especialistas de distintas disciplinas coinciden en señalar que hay una relación directa entre ambas categorías.
“Es preocupante ese deterioro porque está claro que las libertades democráticas tienden a favorecer las inversiones, en atención a la transparencia y al acato de las reglas del Estado de derecho, que son la base de la democracia”, afirma el economista, político y profesor universitario José Guerra.
Especialista en política macroeconómica, Guerra afirma que en un país donde la democracia es débil o donde ha sido sustituida por otro sistema de gobierno, tiende a privar la arbitrariedad, la toma de decisiones a discreción y la legalidad al servicio del gobierno, de manera que no hay un ambiente adecuado para la libertad económica, lo que aleja a los inversionistas por la ausencia de una base jurídica sólida y una institucionalidad confiable.
Hermes López señala que en la medida en que los países sean más estables y exista menos violencia política, su nivel de gobernanza mejorará, aspecto directamente ligado a cuestiones económicas. “En la medida en que los países son más democráticos, la efectividad del gobierno es más alta y eso se traduce en estabilidad económica”, acota.
“En un país donde no hay garantía de que exista un Estado de derecho y que la institucionalidad democrática funcione, su desempeño económico no será el mejor. Por lo tanto, es menos propenso a los negocios y las inversiones. El Estado de derecho es esencial para sostener el derecho de propiedad, el más básico cuando se habla de atraer inversiones y negocios”, subraya López.
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La importancia de la gobernanza
El más reciente informe del Banco Mundial sobre gobernanza confirma también un declive en estos indicadores para América Latina y el Caribe, donde incluso en países de alto desempeño económico, como Brasil y Colombia, se percibe un deterioro del Estado de derecho.
Esta situación ha sido el sustento para que muchos analistas y organismos, la Cepal entre ellos, consideren que la región ha cabalgado una “segunda década perdida”, calificativo dado al decenio de los ochenta del siglo pasado, por el estancamiento de la economía regional. En concordancia, el crecimiento de América Latina en los últimos 10 años ha sido prácticamente nulo.
“Cuando tenemos una tasa de crecimiento tan baja como el 0,9 %, que es la mitad de lo que se tuvo en la ‘década perdida’ de los ochenta (2 %), es muy difícil generar empleos de calidad, reducir pobreza e incluso reducir la desigualdad”, expresó recientemente José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Para Hermes López, detrás de este mal desempeño económico "seguramente está el deterioro institucional, la desmejora de los indicadores de gobernanza y el detrimento democrático" en algunos países que, en su conjunto, contribuyen al deterioro general de la región.
El académico destaca como casos emblemáticos el menoscabo institucional en Brasil y México, además del muy crítico ejemplo de Venezuela.
“El caso de Venezuela lo ilustra muy bien, pues las expropiaciones que se hicieron desde el 2006 en adelante en la industria petrolera llevaron a una caída de la producción años más tarde que no ha podido ser superada”, acota José Guerra, añadiendo que eso se relaciona directamente con las condiciones políticas que imperan en ese país desde hace más de dos décadas.
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Malos resultados
Datos del último reporte de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) dejan constancia de este deterioro de los negocios, impulsado, en parte, por la mala calidad del ambiente político.
El organismo que depende de la ONU, afirma que en 2023 ingresaron a América Latina y el Caribe 184.304 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), 9,9 % menos que en 2022, con base en el informe anual "La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2024". La disminución de los flujos de IED recibidos por Brasil (-14 %) y México (-23 %), las mayores economías de la zona, en buena medida explican el resultado regional, a lo que debe sumarse una fuerte disminución en Perú (-65 %).
A pesar de haber caído en al menos uno de los indicadores de calidad de la democracia, Argentina y Chile experimentaron un aumento pronunciado de la IED, estimado en 57 % y 19 %, respectivamente; en tanto que Guyana incrementó sus entradas de inversiones en 64 %, impulsadas por la actividad petrolera.
Sobre los componentes de la IED, la Cepal señala que la reinversión de utilidades aumentó un 15 %, representando casi la mitad de las entradas en 2023, mientras que los aportes de capital se redujeron 22 % y los préstamos entre empresas cayeron un 36 %.
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Ante todo, confianza
Es evidente que el clima para las inversiones en América Latina no es actualmente el mejor y esto se relaciona mucho con el quehacer político.
“Lo primero que ve un inversionista es la rentabilidad del proyecto, que reporte ganancias, y para eso el país debe contar con estabilidad política que ofrezca, antes que nada, la seguridad jurídica necesaria para resolver las controversias inherentes a la dinámica económica misma”, recalca Guerra.
Tanto este economista como su colega López reiteran la importancia de la independencia de los poderes (institucionalidad) y la solidez del entramado jurídico, seriamente cuestionado en diversos puntos de la región, especialmente por los cambios que se vienen observando en Brasil, Chile, Colombia y, más reciente, en México, donde la Reforma Judicial aprobada hace pocos días es vista como un peligro para el Estado de derecho y punto de presión para los inversionistas.
Pérez recuerda que, en su momento, Douglass North señaló que las inversiones se verán siempre atraídas por países con características asociadas a estabilidad, funcionalidad, con instituciones fuertes que den garantía en el corto, mediano y largo plazo.
“Es esencial el Estado de derecho y el control de la corrupción. Generalmente, en los países donde mejor funcionan las instituciones y donde el sistema legal es independiente del sector político se garantizan los deberes y derechos de los participantes y eso asegura el funcionamiento de los mercados y la eficiencia económica”, puntualiza.
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