Decreto N° 30/2024: ¿Qué cambios propone Chile para el comercio y los servicios con el reglamento sobre plásticos de un solo uso?

El Decreto N° 30/2024, que contiene el reglamento sobre plásticos de un solo uso en Chile, aterriza la Ley N° 21.368 y convierte sus principios en obligaciones concretas para el comercio y los servicios. La norma introduce exigencias de certificación, rotulación y reutilización que afectan especialmente a restaurantes, comercios y cadenas de suministro, abriendo un nuevo escenario de cumplimiento regulatorio para las empresas.

¿Por qué surgió este marco normativo?

En la década del setenta, la botella de plástico PET se inventó como una solución liviana, barata y funcional para la industria de bebidas. Su uso se masificó rápidamente y en tan solo medio siglo se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la contaminación ambiental. 

El éxito comercial fue inmediato, pero el costo ambiental de los plásticos de un solo uso es altísimo. La primera botella que salió al mercado aún está en el planeta, dado que cada botella tarda entre 400 y 500 años en desintegrarse. Pero no desaparece, se transforma en miles de microplásticos que comprometen ecosistemas terrestres y marinos. En otras palabras: la primera botella de plástico que llegó a tu vida hace varios años, sigue dando vueltas por el mundo, contaminando.

Ahora bien, el problema no está en la botella de plástico, sino en el plástico de un solo uso, pensado para convertirse en descarte en fracciones de segundo. Entonces, ¿por qué el desfase entre la innovación industrial y la respuesta normativa para protección ambiental es enorme? Las respuestas son múltiples: desinterés gubernamental, intereses corporativos, lobby, falta de antecedentes. Pero el denominador común es la resistencia.

En América Latina, Chile ha sido pionero en promulgar una normativa integral para restringir los plásticos de un solo uso, con el objetivo de disminuir los residuos, promover la economía circular y proteger los ecosistemas. De hecho, la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (Ley PUSU) es una de las regulaciones más ambiciosas de la región en la materia.

“El liderazgo regulatorio de Chile en materia ambiental y economía circular se explica por la convergencia de tres factores: una ciudadanía cada vez más consciente y activa frente a la crisis climática, un consenso político transversal que ha entendido la sostenibilidad como política de Estado, y la presión de organizaciones sociales y ambientales, que han puesto el tema en la agenda pública. La prohibición de plásticos de un solo uso refleja esa dinámica: responde a la demanda social por soluciones concretas y, al mismo tiempo, busca alinear al país con estándares internacionales que promueven la reducción de residuos y la transición hacia modelos de producción más responsables”, explica Diego Peña, socio de DLA Piper Chile.

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¿Qué es la Ley PUSU?

La Ley N° 21.368 fue aprobada el 13 de agosto de 2021 y, tras años de debate, se ha convertido en un ejemplo normativo regional a la hora de pensar políticas públicas ambientales con efecto en el sector privado y en múltiples industrias. Desde ese entonces a esta parte, se ha ido implementando de forma gradual; y la última fase comenzará el 13 de febrero de este año.

Sin embargo, la trayectoria de esta regulación no ha sido lineal. Desde la discusión parlamentaria hasta su implementación práctica, la ley ha enfrentado retrasos, disputas por su interpretación e incluso intentos legislativos de modificar su alcance, dejando expuesta una tensión entre ambición normativa, certeza jurídica y exigencias de cumplimiento que impactan directamente en operadores económicos, comercios y proveedores de servicios en el país.

“La Ley 21.368 y su reglamento, recientemente publicado, se insertan en un contexto nacional marcado por la urgencia de mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia la economía circular. Su objetivo central es reducir el uso de plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas, promoviendo envases reutilizables y materiales certificados. El cambio es sustantivo: fabricantes e importadores deben certificar la composición de sus productos y garantizar porcentajes mínimos de contenido reciclado; comercializadores deben cumplir con requisitos de rotulación; y los establecimientos de expendio de alimentos están obligados a sustituir envases prohibidos por alternativas permitidas, como compostables, transformando así la operación cotidiana de la industria gastronómica y del retail”, señala Felipe Massardo, asociado de DLA Chile.

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De la norma al reglamento de la Ley PUSU, ¿éxito ambiental o desafío institucional?

Si bien América Latina es una de las regiones que menos plástico produce en el mundo (alrededor del 4 % global), el consumo no decrece. Según datos del Estudio Estadístico de la Industria del Plástico de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA), en 2024 en Chile se consumieron aproximadamente 1.238.000 toneladas de plástico, un 7 % más que el año anterior.

De la producción total de plásticos, el 60 % se destina a plásticos de un solo uso. Por eso, el objetivo principal de la Ley PUSU es limitar el uso de productos plásticos desechables en establecimientos de expendio de alimentos, fomentar la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso, y regular las botellas plásticas desechables.

Durante años, el debate se centró en tres ejes: qué se consideraba un producto de un solo uso; cuál iba a ser el alcance de la prohibición -si alcanzaba sólo al plástico o también a otros materiales desechables-; y el modo de implementación de las restricciones para evitar efectos colaterales en la industria gastronómica y de servicios.

El 7 de enero de este año, mediante el Decreto N° 30/2024 del Ministerio del Medio Ambiente, se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la ley, que establece requisitos y procedimientos para la certificación de productos plásticos, exige rotulado específico, determina porcentajes mínimos de material reciclado para botellas desechables y obliga a comercializadores de bebidas a ofrecer productos en botellas retornables.

“El reglamento introduce exigencias técnicas inéditas que representan un desafío legal considerable para las empresas. La necesidad de contar con certificadores locales, asegurar trazabilidad en toda la cadena y homologar proveedores bajo estándares chilenos implica costos adicionales y ajustes operativos relevantes. Además, la obligación de rotular de manera clara y verificable los productos exige una revisión de las estrategias de comunicación al consumidor, lo que aumenta el riesgo de sanciones por incumplimiento si no se implementan sistemas robustos de control, auditoría y compliance”, especifica Massardo.

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Incertidumbres y frentes de disputa regulatoria

La llegada del reglamento debería haber significado un punto de inflexión. Sin embargo, su publicación ha puesto en evidencia vulnerabilidades jurídicas y políticas del modelo chileno:

• Antes de su publicación, la falta de una regulación operativa dejó a múltiples actores sin certezas. De hecho, el Senado chileno debió aprobar mociones para ajustar los plazos de entrada en vigencia de algunas obligaciones de la ley, justamente para coordinar tiempos entre ley y reglamento.
• A pesar de que la norma prohíbe la entrega de productos de un solo uso, incluso si son biodegradables, hay proyectos legislativos recientes que buscan autorizar el uso de elementos reciclables al interior de recintos comerciales. Esto implicaría una interpretación más flexible de la prohibición, como respuesta a las críticas sobre la rigidez del texto original.
• La presión de los gremios industriales, especialmente del sector gastronómico y de servicios, se hizo sentir: alegan que algunas exigencias son impracticables sin reglas claras y tiempos de adaptación realistas. El año pasado, senadores presentaron proyectos que buscaban suavizar o modificar partes de la ley, que han sido interpretados por agrupaciones ambientalistas como un retroceso frente a un avance normativo que comenzó con amplio respaldo parlamentario.

Peña advierte que el incumplimiento de los plazos establecidos (en su mayoría, muy breves) expone a las empresas a riesgos comerciales y contractuales significativos, como la pérdida de inventario no conforme, interrupciones en la operación y sanciones económicas impuestas por la autoridad. 

“A nivel reputacional, el impacto puede ser severo en un mercado donde los consumidores valoran cada vez más la sostenibilidad. Contractualmente, las compañías pueden enfrentar penalidades, terminación de acuerdos con franquicias o proveedores y litigios derivados de incumplimientos legales, afectando la continuidad del negocio y la confianza de socios estratégicos”, indica.

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Impactos económicos y regulatorios para los negocios y las cadenas de suministro

La regulación chilena no solo responde a una lógica ambiental, sino que también tiene efectos prácticos en modelos de negocio, cadenas de suministro y relaciones comerciales.

Los establecimientos de alimentos y bebidas, como restaurantes, cafés y locales de comida rápida, deben adecuar sus operaciones para eliminar productos desechables, desde vasos hasta contenedores y cubiertos plásticos. Para algunos esto implica cambios significativos en costos operativos, negociación con proveedores y adaptación de procesos internos.

“El comercio chileno suele reaccionar con una combinación de adaptación temprana y resistencia inicial. Las grandes compañías, con mayor capacidad financiera y logística, tienden a adelantarse a las exigencias, mientras que las PyMEs enfrentan mayores dificultades para absorber los costos y cambios operativos. La tendencia general es hacia la adaptación progresiva, ponderada con el riesgo real de fiscalización y las sanciones asociadas al incumplimiento”, describe el socio de DLA Chile.

Por otra parte, al mismo tiempo, la exigencia de certificaciones y rotulados para plásticos compostables o reutilizables abre nuevas oportunidades de mercado para aquellas empresas que producen o importan insumos sostenibles, aunque también plantea interrogantes sobre criterios técnicos, costos de certificación y capacidad de oferta dentro del país y en la región.

“En la cadena de suministro, los proveedores de insumos han comenzado a adaptarse mediante la incorporación de materiales compostables y reciclados, aunque este proceso no está exento de tensiones. Se observa una presión creciente sobre la capacidad de producción y certificación, lo que puede derivar en escasez temporal y aumentos de precios. La experiencia previa con la Ley 21.100 de 2018, que prohibió las bolsas plásticas, sugiere que la industria tenderá a estabilizarse en el mediano plazo, pero en el corto plazo las empresas deben anticipar ajustes en costos y disponibilidad de insumos certificados”, analiza Diego Peña.

Uno de los capítulos más importantes de la entrada en vigencia del reglamento se basa en el riesgo de cumplimiento y enforcement: las autoridades tendrán herramientas más claras para fiscalizar y sancionar incumplimientos, así que los negocios deberán fortalecer sus estrategias de compliance regulatorio -desde documentación y trazabilidad de insumos hasta certificaciones de proveedores, pasando por la preparación para eventuales procedimientos administrativos.

“Los equipos legales deben ser especialmente cuidadosos al redactar cláusulas contractuales relacionadas con el cumplimiento normativo. Es recomendable incluir garantías explícitas de conformidad con la Ley 21.368, derechos de auditoría y acceso a certificados, así como indemnizaciones por incumplimientos. También resulta clave pactar mecanismos de actualización automática ante cambios regulatorios y establecer planes de contingencia para asegurar el suministro continuo de insumos, evitando quiebres de stock que puedan afectar la operación de restaurantes, franquicias y cadenas de retail”, recomienda Felipe Massardo.

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Chile, referente regional de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso

Al concretar una política tan ambiciosa para regular plásticos de un solo uso, el país andino se ha consolidado como un modelo para otros países de América Latina, que buscan equilibrar el desarrollo económico con el impacto ambiental en las comunidades y los ecosistemas.

Sin embargo, la trayectoria de la ley, que incluyó dilaciones, ajustes, debates políticos y reinterpretaciones, también sirve de advertencia sobre los riesgos de promulgar marcos legales sin garantizar condiciones claras para su implementación efectiva.

“Como ya ha ocurrido con otras normas en materia ambiental, es muy probable que Chile trace la ruta para que otros países de la región avancen hacia una mayor integración de prácticas de economía circular en sus normativas internas. El caso chileno tiene un efecto demostrativo para la región, pues ofrece un modelo regulatorio integral que combina prohibiciones claras con requisitos técnicos de certificación y rotulación. Esta estructura convierte la política en una herramienta exigible y auditable, lo que puede inspirar a otros países latinoamericanos con similares presiones ciudadanas y desafíos de gestión de residuos. En ese sentido, Chile se posiciona como referente regional en la transición hacia la economía circular y la regulación de plásticos de un solo uso, y esta norma reafirma dicho reconocimiento”, opina Massardo.

Avanzar en este sentido es urgente; la forma de producir y consumir está agotando al planeta. Ahora bien, el diseño legal es solo el primer paso: la claridad regulatoria, la articulación entre leyes y reglamentos, la gestión de plazos de entrada en vigencia y la forma en que se incorpora a los sectores privados son determinantes para el éxito de una política pública tan compleja.