Fue en diciembre de 2018 en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Ahí, en su estado natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la política energética de su sexenio tendría tres propósitos: extraer petróleo, refinarlo y producir energía eléctrica. Todo con la intención de fortalecer a las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que el mandatario envió a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero, busca privilegiar particularmente a esta última empresa al darle a sus centrales de generación prioridad en el despacho para el sistema eléctrico nacional, haciendo a un lado la participación de las centrales de energías renovables y perjudicando la competencia en el sector.
“La propuesta definitivamente no cumple con los parámetros establecidos en el artículo 28 constitucional porque no está permitiendo una debida competencia en el mercado y de alguna manera da ciertas preferencias a energías que le convienen más a la CFE que a otro tipo de energías como la eólica y la solar”, dice en entrevista Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México). “No hay evidencias científicas que sustenten esta diferenciación, entonces parecería que esto es una discriminación que tiene como único propósito fortalecer a la CFE y eso no va con lo que señala la propia constitución y los principios de competencia económica”.
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Por otro lado, Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas de la CFE, asegura que esta iniciativa de ley no tiene como objetivo impactar de manera negativa a la libre competencia. Al contrario, afirma, busca poner un piso parejo en la industria eléctrica. “Ante todo, viva la libre competencia, no a los monopolios”, destacó durante su participación en el parlamento abierto realizado el pasado 11 de febrero. “Tan grave es el monopolio público como el privado, lo que no se vale decir es que los monopolios privados sí y los públicos no”.
La iniciativa busca que las centrales hidroeléctricas sean las primeras en despachar energía; luego las plantas termoeléctricas, nucleares, geotérmicas y de ciclo combinado de CFE; la energía eólica y solar de los particulares y, al final, las centrales de ciclo combinado de la iniciativa privada. En el esquema actual, las centrales con un menor costo de producción tenían la prioridad en el despacho a la red, que eran las privadas. “Bajo el criterio actual, las hidroeléctricas quedan al final como energía de respaldo y eso ha provocado, entre otras cosas, los desastres que se tienen en la zona de Tabasco, se tienen que evitar situaciones de ese tipo”, defendió Miguel Santiago Reyes, director general de CFEnergía y CFE Internacional, en el parlamento abierto.
Para Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la clave para que la CFE sea fuerte y sana financieramente es enfocarse en sus objetivos de transmisión y distribución y solamente colaborar con el sector privado en la generación. “Los retos que tiene CFE en las áreas de transmisión y distribución son monumentales”, enfatiza.
Raúl Armando Jiménez, abogado general de la CFE, agregó que, a partir de la reforma de 2013, en el mercado eléctrico nacional se propicia la discriminación y el desplazamiento de la CFE, además privilegia a los competidores de la comisión. “Se ha enquistado un refinado esquema de prácticas monopólicas”, indicó. El funcionario destacó que las principales irregularidades son que a la CFE “se le obliga a otorgar subsidios disfrazados a sus competidores” y a realizar subastas para comprar a sus competidores la energía, mientras que “los jugadores privados llevan a cabo prácticas desleales de comercio (dumping)”.
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En su análisis de la iniciativa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones ambientales negativas a nivel local y global.
“Usar combustibles ineficientes y contaminantes implica mayores tarifas para los usuarios y mayores subsidios a los consumidores. Las finanzas de la CFE se verán perjudicadas al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores”, detalla el centro de investigación. “Se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente, que la reforma busca derogar, ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes”.
Este punto ha encendido el debate, pero no es el único. La propuesta –que ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados– también genera polémica porque amplía el otorgamiento de certificados de energía eléctrica, desaparece la obligación de que la CFE compre energía mediante subastas, otorga poder a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos de autoabastecimiento y abre la puerta a que los contratos con productores independientes sean revisados, modificados o terminados.
“Me parece que contraviene seriamente la Constitución tanto en el artículo 25, que se refiere a las áreas estratégicas del Estado, como en el 28. Aquí hay una anulación total de la participación del sector privado”, detalla Miriam Grunstein, abogada y consultora en Brilliant Energy Consulting con más de 20 años de experiencia en el sector. “No sé por qué una iniciativa, que seguramente viene de un buen abogado como es Manuel Bartlett, tiene estos vicios. O lo hace a propósito para trabar las cosas y sentarse a negociar con los inversionistas a la mala o simplemente está lanzando bombas no sé con qué objetivo”.
De acuerdo con los especialistas, la iniciativa –que debe ser votada por ambas cámaras en 30 días al ser una propuesta preferente del Ejecutivo– podría representar un impacto negativo en la atracción de inversiones, en las finanzas públicas, en la competencia entre productores, en el medio ambiente, en las tarifas para los consumidores y en tratados comerciales internacionales, como el T-MEC. Desde distintas trincheras, el sector privado, académicos y consultores han solicitado que no se apresure la legislación.
“Antes de que entre en vigor va a haber un montón de amparos y, posiblemente, si se reúne el voto del 33% del Senado va a haber una acción de inconstitucionalidad, la cosa va a ser reunir los votos en el Senado”, prevé Grunstein.
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