Latinoamérica ha podido ver con distancia los efectos del coronavirus en países de Asia y Europa. Motivó con estas experiencias que las medidas obligatorias de prevención para contener los contagios del COVID-19 se implementaran antes de lo que estos actuaron. Ahora, después de casi cuatro meses de la propagación de los primeros brotes del virus en China, se sabe que las medidas se podrían extender a más de 40 días por lo complicado que es controlarlo.
La región tendrá que afrontar un posible quiebre en la economía de un gran porcentaje de familias que hasta hace unos días dependían del comercio, de trabajos independientes o de emprendimientos pequeños o medianos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha adelantado que de no tomar medidas se podrían perder en el mundo alrededor de 25 millones de empleos.
Con el reto de encarar la pandemia y con el propósito de alimentar reflexiones para fortalecer la garantía de los derechos humanos básicos, LexLatin entrevistó a Elena Alvites Alvites, doctora en derecho, quien ha coordinado el programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo y es directora de estudios de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También conversamos con Renata Bregaglio Lazarte, quien tiene una maestría en derechos humanos y derechos fundamentales; actualmente es jefa de la oficina de responsabilidad social de la facultad de Derecho de la PUCP.
"Esto va más allá de un desastre natural”, dice Elena Alvites, a propósito de los fondos que usualmente tienen los países para atender eventos naturales. “Si hay una lección que deja esta epidemia a nivel mundial, no solo en el Perú, es que el Estado es necesario”.
Alvites detalla que la población asalariada no es ni la mitad de los peruanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de 2018 alcanzaba un 46 %. En la reflexión de Alvites, el resto son trabajadores independientes.
"Uno de los grandes problemas de nuestra economía social es que hay poca previsión, por no decir ninguna, para aquellos trabajadores que se suelen llamar independientes, que viven al día. Taxistas, comerciantes ambulantes, emprendedores, que si no trabajan no van a contar con dinero para subsistir ni ellos ni sus familias”, pormenoriza Alvites.
Renata Bregaglio coincide en que esto representa una gran problemática. “Toca ver qué medidas de seguridad social se pueden tomar para brindar un adecuado nivel de vida”. La propuesta de Bregaglio es adoptar una medida general para que no haya población que se quede sin vivienda y servicios básicos: prohibir desalojos, congelar deudas hipotecarias, suspender pagos de luz, agua y telefonía, pero sin suspender los servicios.
"Si bien dichas medidas serían adecuadas, su aplicación no estaría exenta de complicaciones dada la precarización de los derechos sociales en nuestra Constitución”, comentó Bregaglio.
Después de emitir el decreto de urgencia 026, el Gobierno peruano ha aclarado los alcances de las posibilidades de los empleadores. No están facultados para despedir personal, ni obligarlos a tomar como vacaciones esta cuarentena obligatoria. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha pospuesto la prórroga para emitir la declaración jurada del mes de febrero y el pago de las obligaciones tributarias. Finalmente, los pagos de servicios básicos serán postergados y fraccionados.
Alvites considera que sería adecuado dar facilidades para la banca, para que aplacen obligaciones crediticias y la emisión de bonos. Pero para ayudar exclusivamente a la población que el Estado ya haya identificado, con cruce de información, como vulnerable.
"Muchas familias no tendrán ingresos durante esta época. Por tanto, subvenciones destinadas a estas familias para proveerse de alimentos y medicinas serían necesarias”, detalló Renata Bregaglio.
Perú sí emitirá una bonificación de poco más de 100 dólares por estos 15 días de aislamiento obligatorio para las personas que tienen los más bajos ingresos económicos. Pero en este grupo no están considerados, por mencionar un ejemplo, los miles de nacionales venezolanos que se instalaron en el país y que tienen trabajos informales con los que sostienen a sus familias en Venezuela.
En este punto, Renata Bregaglio afirmó que la negación del Estado de tomarlos en cuenta constituye una violación al derecho a la protección social y a las disposiciones de aislamiento social, aumentando el peligro de contagio.
Sobre asegurar la vivienda o bien un espacio para proteger a un grupo de personas, para Elena Alvites deberían incluirse también a migrantes nacionales, por ejemplo los de Cerro de Pasco que viajaron a Lima para instalar una manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Su protesta, que sigue ahí, es por la contaminación con plomo en la sangre de menores de edad.
Se espera que en Perú no sea necesario extender las medidas obligatorias de aislamiento social, pero sin duda cuando termine este periodo vamos a encarar un gran reto.
Los peruanos si somos unidos ?“CONTIGO PERÚ ?? “?? #UnaSolaFuerza @blanquirroja @TuFPF @MininterPeru @go_vet_oficial @panchocavero1 @Latina_pe @NairAliaga @oscardelportal @Jasonsb1 @fegusquizap @Walo_FA pic.twitter.com/ystaLagWkZ
— Brian Jefry (@brian_jefry25) March 18, 2020
"Si algo nos va a dejar esta pandemia, además de muestras muy lindas de solidaridad y otras de individualismo, es la afirmación de los Estados, la cooperación internacional y la necesidad de que no miren tanto las libertades económicas, sino que haya un fuerte balance entre protección de libertades económicas pero también protección social para las personas”, reflexionó Elena Alvites.
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