Digitalización, regulación ambiental y fiscalización electrónica redefinen el compliance corporativo en América Latina

En 2026, las empresas en América Latina enfrentan un punto de inflexión en materia de gobernanza corporativa: la convergencia entre digitalización, fiscalización electrónica y nuevas exigencias ambientales ha transformado el cumplimiento normativo en un factor estratégico del negocio. La adopción de inteligencia artificial, la gestión de datos, el acceso a recursos críticos como el agua, la obtención de permisos sectoriales y la estructuración de inversiones ya no pueden abordarse como agendas aisladas. Hoy, estas decisiones están atravesadas por una frontera regulatoria más estrecha, dinámica y con menor tolerancia al error.

En este nuevo escenario, el compliance ha dejado de ser una función reactiva o meramente administrativa para convertirse en un sistema transversal de gestión del riesgo, capaz de integrar tecnología, regulación y estrategia corporativa. Desde la protección de datos y la ciberseguridad, pasando por la infraestructura digital y energética, hasta el comercio exterior, la fiscalización ambiental y los modelos de asociación público-privada, las compañías deben anticipar la volatilidad normativa y rediseñar sus procesos internos para operar con trazabilidad, resiliencia y control en tiempo real. Este panorama regional muestra cómo, de México a Chile, y de Perú a Colombia y Panamá, el desafío ya no es solo crecer o invertir, sino hacerlo con solidez jurídica en un entorno cada vez más exigente.

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Gobernanza tecnológica y cumplimiento: IA, datos y ciberseguridad

A nivel Latinoamérica, México fue el segundo mercado más afectado por ciberataques durante el 2025, según datos del Microsoft Digital Defense Report 2025 (MDDR). El informe revela que 80% de los ciberataques a nivel mundial buscan el robo de datos, y más de la mitad están motivados por extorsión o ransomware.

Para este 2026, Gloria Martínez, counsel de Von Wobeser, advierte que el éxito de las empresas de México no dependerá solo del capital, sino que deberán integrar estas tecnologías de forma eficiente, superando las trabas en sus procesos diarios y la falta de talento.

“Las empresas mexicanas en muchas ocasiones no tienen claridad respecto a la forma en la que pueden integrar la Inteligencia Artificial en sus procesos operativos. Para que la Inteligencia Artificial pueda avanzar es necesario contar con mecanismos robustos en seguridad de los datos que alimentan la Inteligencia Artificial. México es el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de ataques cibernéticos y, desafortunadamente, las empresas en México consideran a la ciberseguridad un gasto y no una inversión”, argumenta.

Otro factor crítico, señala Martínez, es la calidad de los datos personales. La abogada sostiene que, si bien durante 2025 existieron reformas sobre la protección de datos, la realidad es que la regulación mexicana es obsoleta en cuanto a la regulación de entornos digitales, en comparación con Europa.

"La baja cultura de gestión de datos es uno de los desafíos que las empresas mexicanas deben enfrentar de forma urgente", agrega.

Patricio Martínez, socio de Protección de Datos, IA y Ciberseguridad de Pérez-Llorca México, enfatiza que el valor de la inteligencia artificial solo se captura mediante una integración estratégica. El experto afirma que las empresas deben evitar la adopción por moda y actualizar sus marcos de gobernanza internos.

"Las nuevas capacidades de la IA avanzan a un ritmo muy acelerado y prometen mejoras sustanciales en eficiencia y productividad, pero ese valor solo se captura cuando las organizaciones integran la IA de forma estratégica dentro de sus estructuras de gestión. Esto exige actualizar los marcos de gobernanza, establecer criterios claros de uso responsable y ético, asignar responsabilidades y crear mecanismos de supervisión que permitan innovar sin perder control", menciona.

En Chile, la privacidad de la información también es uno de los mayores desafíos para las firmas legales. Raúl Fernández, socio de Cuatrecasas Chile, explica que con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), a partir del 1 de diciembre de 2026 se introducirán diversos cambios que las empresas deberán considerar e implementar.

“Entre los principales cambios están el establecimiento de bases de licitud más claras para el tratamiento de datos personales y exigencia al empleador de acreditar dicha licitud; la obligación de informar a los titulares los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento; las limitaciones a la adopción de decisiones automatizadas por parte del empleador, y las restricciones al tratamiento de datos biométricos -consentimiento expreso e información reforzada, con excepciones legales”, enfatiza.

Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, define el escenario actual como la Tríada del Cumplimiento Digital, compuesta por la Ley Marco de Ciberseguridad, la regulación de IA y la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales a partir de diciembre de 2026.

“La principal línea de defensa en estas materias es el factor humano. Por ello, se vuelve fundamental construir una conciencia digital en las organizaciones. Una cultura, que sin afectar la innovación y toma de riesgos necesarios, fomente la responsabilidad en protección de datos, seguridad de la información y ética en la implementación de IA. Chile está adoptando estándares muy avanzados en materia de protección de datos. El desafío de adaptarse, identificando actividades de procesamiento de datos, emitiendo políticas accesibles y razonables, así como capacitar a toda la organización, requiere del apoyo fundamental del liderazgo de la compañía”, afirma Bitran.

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M&A e infraestructura digital: cuando el cumplimiento define el valor de la inversión

Desde una perspectiva de M&A, Alejandra Daroch, socia de Carey, sostiene que el reto central para las empresas en Chile durante el 2026 será ejecutar decisiones de inversión en un entorno donde la complejidad regulatoria, la velocidad del capital y la obtención de garantías tras el cierre de transacciones se han vuelto variables determinantes.

Esta situación se manifiesta en las operaciones de infraestructura digital y centros de datos, donde el valor estratégico del activo enfrenta dificultades en la obtención de permisos, suministro de energía y estabilidad regulatoria. Daroch explica que el éxito de estos negocios ya no reside exclusivamente en la valorización financiera, sino en el diseño de estructuras contractuales que anticipen riesgos de ejecución y cambios normativos.

“En la práctica, hemos visto una evolución hacia estructuras más sofisticadas —condiciones precedentes más exigentes, períodos entre firma y cierre que se extienden por plazos más largos, mecanismos de ajuste y asignación de riesgos más precisa— que reflejan un mercado donde invertir sigue siendo atractivo, pero exige mayor anticipación jurídica y estratégica. En 2026, las compañías que integren estas variables desde etapas tempranas estarán mejor posicionadas para concretar transacciones sostenibles en sectores clave para la economía digital”, concluye.

Por su lado, Natalia García, socia de corporativo y M&A de Pérez-Llorca Colombia, adelanta una serie de oportunidades en infraestructura digital y servicios en la nube, donde la tecnología permite navegar un entorno económico complejo.

“En el área de fusiones y adquisiciones, anticipamos que seguirán viéndose oportunidades interesantes de negocios en sectores que han sido atractivos en los últimos años y en los que vemos aún mucho interés, en particular en energía de fuentes no convencionales, infraestructura digital (ie. Fibra Optica, Data Centers), tecnología (ie. Fintech, plataformas, servicios en la nube), transporte, logística y telecomunicaciones”, detalla. 

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Permisos sectoriales y recursos críticos: cuando el cumplimiento traslada el riesgo al operador

En Chile, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales busca reducir la burocracia, pero introduce nuevos riesgos de cumplimiento. Ramiro Araya, asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik, explica que la normativa establece un mecanismo de aplicación gradual cuyos hitos principales deben concretarse durante el primer semestre de 2026.

“Como ocurre normalmente con las grandes reformas legales, tanto la promulgación de los nuevos reglamentos como la aplicación práctica, provoca en todos los actores del mercado un estado de incertidumbre que motivará un cambio cultural, e incluso de organización interna. Esto obligará a las empresas a robustecer sus procesos de compliance y de due diligence técnico para minimizar su exposición a eventuales responsabilidades penales y administrativas”, advierte Araya.

Según el abogado, el cambio normativo afecta también la evaluación de riesgo por parte de instituciones financieras y sociedades de inversión. Bajo el nuevo esquema, el análisis ya no se sustenta en la obtención previa de permisos sectoriales como garantía de legalidad, sino en declaraciones juradas o certificados de silencio positivo emitidos por la plataforma SUPER.

Esta transición, afirma el especialista, elimina el control preventivo del regulador y traslada la responsabilidad al titular, quien queda sujeto a revisiones posteriores y a la posible invalidación sumaria del permiso en caso de detectarse errores o falsedades.

“Finalmente, debido a la exclusión de los permisos ambientales de la nueva regulación, es muy probable que las medianas y grandes empresas que deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no experimenten una mejora sustantiva en su actual situación”, agrega.

Si hablamos de recursos hídricos, en México el acceso al agua se convierte en un riesgo operativo transversal. Stefania Lopardo, asociada de Von Wobeser, sugiere que las compañías deberán adaptarse al nuevo modelo de gestión hídrica derivado de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

“La nueva Ley de Aguas Nacionales instaura un esquema más restrictivo y exigente. El uso productivo del agua deja de concebirse como un derecho flexible para transformarse en una actividad estrictamente condicionada a la garantía del derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas. Este cambio estructural ha generado un clima de inseguridad jurídica que se ve agravado por la ausencia del marco regulatorio, sin que ello exonere a las empresas del cumplimiento de sus nuevas obligaciones”, subraya.

En este contexto, la abogada manifiesta que las empresas deberán anticipar riesgos regulatorios y redefinir estrategias de crecimiento para proteger el capital. Al mismo tiempo, deberán rendir cuentas y acreditar ante la autoridad que su actividad no afecta la disponibilidad del recurso hídrico, especialmente ante fenómenos de estrés hídrico, cambio climático y la demanda social por el acceso al agua.

Esta transición ocurre, como indica Lopardo, bajo un marco normativo que suprime figuras fundamentales para la operatividad corporativa, como el intercambio de derechos entre particulares y la facultad de variar el uso del agua concesionada, sin olvidar la implementación de un régimen sancionador más estricto para los infractores.

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Energía e infraestructura: contratos y cumplimiento frente a la volatilidad regulatoria

El sector eléctrico en Perú enfrenta una reconfiguración de sus normas operativas que impacta en los contratos de largo plazo. Álvaro Klauer, asociado sénior de Cuatrecasas Perú, indica que existen dos desafíos: absorber un giro regulatorio de fondo y gestionar crecientes fricciones operativas en permisos y habilitaciones.

"El primer frente es el ajuste al nuevo marco regulatorio. La eliminación de la exoneración de la regulación primaria de frecuencia para centrales renovables, la exigencia de inercia sintética y la inminente emisión de reglamentos de servicios complementarios, trasladan costos y responsabilidades a generadores y comercializadores, con impactos de difícil estimación en el corto plazo”, sostiene.

Más allá de lo técnico, Klauer especifica que el desafío exige recalibrar modelos de ingresos y costos, integrar escenarios regulatorios en la gestión de riesgos y negociar una arquitectura contractual que pueda absorber esa eventual reasignación de obligaciones.

El asociado también menciona los cuellos de botella y demoras en la obtención de permisos. Para él la gestión administrativa de permisos se ha vuelto un factor determinante de cronogramas y retornos, donde las capacidades institucionales dispares tienden a ralentizar las aprobaciones de normas y proyectos eléctricos pendientes.

“Para 2026, la respuesta más efectiva no será priorizar la velocidad, sino la resiliencia: cronogramas realistas con rutas críticas definidas, matrices de riesgos administrativos y salvaguardas contractuales que asignen con precisión las consecuencias de retrasos”, dice.

Klauer agrega que el reto para las empresas de energía en Perú durante 2026 radica en la integración de la volatilidad regulatoria en los precios y los contratos.

En Colombia ocurre algo similar. El sector minero-energético de este país enfrenta el reto de ejecutar inversiones frente a una política impredecible y la falta de reglas alineadas con el marco institucional. Manuel Gómez, asociado sénior de Energía e Infraestructura de Cuatrecasas Colombia, advierte que la atención de la demanda de electricidad y gas exige seguridad jurídica, a pesar del potencial que ofrecen el gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento de energía para mitigar la escasez prevista.

El experto indica que el sector eléctrico enfrenta el estancamiento en la asignación de puntos de conexión para proyectos de generación. Según el especialista, esto se debe a un desconocimiento de expectativas legítimas y garantías legales, a lo que se suma la falta de claridad en las señales tarifarias y las trabas en la obtención de permisos ambientales, sociales y urbanísticos.

“De otro lado, puede haber oportunidades de inversión para proyectos con almacenamiento de energía si se dan señales regulatorias adecuadas, teniendo en cuenta que tanto la red como los proyectos de generación renovables no convencionales pueden beneficiarse del desarrollo de dichos proyectos para garantizar su resiliencia y confiabilidad”, comenta.

Respecto al gas, Gómez señala que la escasez de gas proyectada para el cuarto trimestre de 2026 impulsa el interés por proyectos de importación y regasificación de GNL.

En el ámbito de la infraestructura pública peruana. Guillermo Torrejón, asociado senior y jefe de Derecho Administrativo y Regulatorio de la firma Benites, Vargas y Ugaz, subraya la exigencia técnica del modelo APP 5.0.

A fines de noviembre del año pasado, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), comunicó un cronograma de adjudicaciones entre el cierre de 2025 y el primer semestre de 2026 que incluye 24 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos. El valor estimado de estas iniciativas supera los 10.000 millones de dólares y abarca rubros como el transporte, el saneamiento, la salud y la energía en 19 zonas del país.

Torrejón opina que este escenario obliga a las corporaciones a elevar sus estándares de calidad, sostenibilidad y digitalización para alinearse con la visión que las autoridades denominan APP 5.0.

“El desafío estará en cumplir rigurosamente con la nueva normativa (en diciembre se aprobado el nuevo Reglamento de APPs) y los requisitos de estos proyectos (ambientales, sociales, de transparencia, etc.), gestionando a la vez los riesgos de eventuales ajustes contractuales o cambios de prioridad si la nueva administración revisa alguna iniciativa para asegurar el interés público. Una gestión interna eficiente y proactiva será clave para que las empresas aprovechen estas oportunidades sin incurrir en retrasos, controversias legales o sobrecostos”, agrega.

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Trazabilidad y sanción: el cumplimiento bajo fiscalización permanente

En 2026, la frontera regulatoria en América Latina consolida un cambio de paradigma: el cumplimiento normativo deja de operar como una función fragmentada y reactiva para convertirse en un sistema integrado de gestión del riesgo, bajo esquemas de fiscalización permanente y con responsabilidad directa para las empresas. En este nuevo modelo, las fronteras entre lo fiscal, lo ambiental, lo operativo y lo penal se diluyen, y la trazabilidad se vuelve el principio estructurante de la gobernanza corporativa.

Por ejemplo, en Panamá, la migración al esquema PAC de facturación electrónica es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para quienes superen los umbrales de facturación de B/. 36,000 anuales (alrededor de USD 36.000 dólares) o 100 documentos mensuales. Alexis V. Herrera Jr., socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán, afirma que esto implica el ajuste de contratos y políticas de archivo digital para asegurar la trazabilidad.

Desde la perspectiva de comercio exterior, México endurece el control en las aduanas y en el riesgo penal-ambiental. Félix Ponce Nava, consejero de Pérez-Llorca México, advierte que el principal reto es la gestión integral del cumplimiento regulatorio en un entorno más estricto y sancionador. Sobre esto, el abogado afirma que las fronteras entre lo administrativo, lo fiscal, lo ambiental y lo penal desaparecen en la práctica de la autoridad.

"La agenda legislativa y regulatoria apunta a un fortalecimiento de la fiscalización aduanera, a una justicia administrativa menos tolerante a incumplimientos formales, y a una expansión del riesgo penal asociado a conductas tradicionalmente tratadas como infracciones administrativas, como el contrabando, el uso de documentación apócrifa, la simulación de operaciones y, en el caso de sectores sensibles, el manejo de precursores químicos y mercancías ambientalmente reguladas", argumenta.

Ponce menciona que las empresas enfrentan la necesidad de ajustes en el comercio exterior ante estándares de sostenibilidad, trazabilidad y responsabilidad ambiental. Esta transición responde a reformas de la ley interna, a la estructura de las cadenas de suministro y a los pactos del Estado en el ámbito internacional.

"El endurecimiento del régimen penal ambiental, junto con una mayor exigencia de controles sobre origen, permisos, residuos y sustancias reguladas, obligará a las compañías a evolucionar de esquemas reactivos de cumplimiento hacia modelos preventivos y transversales, donde comercio exterior, medio ambiente, fiscal y compliance trabajen de forma coordinada", proyecta al futuro.

En otras palabras, el consejero de Pérez-Llorca México afirma que en 2026 el verdadero reto no será solo importar o exportar eficientemente, sino hacerlo con seguridad jurídica, consistencia documental y una visión de riesgo integral.

En la práctica, esta transformación exige un rigor creciente en la gestión de procesos internos. La integración estratégica de la inteligencia artificial ahora demanda bases de datos depuradas y éticas; la gestión de recursos críticos como el agua requiere una trazabilidad absoluta; y la sofisticación de la fiscalización electrónica obliga a las compañías a mantener una transparencia contable y operativa en tiempo real.

En este escenario, el cumplimiento digital y ambiental ha dejado de ser una función de soporte administrativo para situarse en el centro de la estrategia de negocio. En este ecosistema, la resiliencia corporativa ya no se mide por el capital acumulado, sino por la agilidad para anticipar la volatilidad normativa. Solo quienes logren navegar esta nueva frontera legal lograrán transformar los desafíos de gobernanza en ventajas competitivas sostenibles para toda la región.