Este lunes, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que dejó sin efecto el indulto a Alberto Fujimori, expresidente peruano. Ese indulto, por razones humanitarias, fue concedido por Pedro Pablo Kuczynski, predecesor de Martín Vizcarra, durante la Navidad de 2017. Entonces, Fujimori llevaba nueve años en prisión y su sentencia, la más larga, por crímenes de lesa humanidad, se había establecido por 25 años. Otros delitos que se le imputan son: usurpación de funciones, peculado y corrupción.
Cinco meses después de concedido, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el perdón otorgado al exmandatario, al encontrarlo violatorio de las sentencias sobre crímenes de lesa humanidad.
Caso Pativilca, el proceso inconcluso
El caso “Pativilca” es el secuestro y asesinato perpetrado a seis personas en enero de 1992 en Pativilca, un distrito del departamento de Lima. Los hechos se atribuyen al destacamento “Colina”, un escuadrón de agentes de inteligencia del Ejército, descrito en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como “responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad y ensañamiento”. El grupo operó entre 1991 y 1992 con estrategias contra-subversivas que en un primer periodo eran de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL); en un segundo período, su estrategia se hizo más selectiva, pero ejecutando violaciones de los derechos humanos.
César Rodríguez Esquivel, Felandro Castillo Manrique, John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez un estudiante, un profesor, un chofer y tres agricultores; fueron secuestrados desde el interior de sus casas y asesinados. El grupo Colina presumía que se trataba de miembros del PCP-SL.
Este caso hasta el día de hoy sigue sin sentencia; en la solicitud del pedido de extradición de Chile a Perú de Alberto Fujimori, en septiembre de 2007, Pativilca quedó excluido y fue apenas en 2015 que se autorizó la ampliación de los procesos contra el exmandatario, para incluir este caso. En ese momento, el exmandatario ya estaba sentenciado a 25 años por los casos de La Cantuta, la masacre de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y por Barrios Altos, el asesinato de 15 personas, entre las que se encontraba un menor de edad, al confundirlos con integrantes del PCP-SL.
Al recibir el indulto, la defensa del exmandatario solicitó a la Corte Suprema el archivo y exclusión de su nombre en el proceso de Pativilca, ya que la gracia presidencial, en efecto, se extendía a los procesos no culminados. No obstante, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, al estudiar el asunto, dejó fuera del indulto este proceso y decidió continuar su acusación. La sentencia que se dio a conocer el lunes, también ratifica este fallo.
En sus conclusiones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación detalla que “posee indicios razonables para afirmar que el Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado Colina”.
Siguiente paso: revocación del indulto
En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema decidió, por demanda de los deudos de crímenes de lesa humanidad, revocar el indulto en su totalidad por carecer de efectos jurídicos.
La sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la que se dio a conocer este lunes, confirma lo estudiado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema en el sentido de que no se cumplen los requisitos previstos en la Constitución para dar la gracia presidencial, pues: se otorga a procesados, cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria y exista el refrendo ministerial de la misma. Además, deben existir motivos humanitarios que lo sustenten y respetarse los fines preventivo especiales y preventivo generales de las penas, de modo que no se contravenga el derecho a la igualdad.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dentro del contexto del conflicto armado interno peruano, entre los años 1980 a 2000, fueron asesinados y desaparecidos alrededor de 70.000 personas.
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski fue por la exhibición de una serie de videos que prueban que Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, compró votos a favor de Kuczynski para que no se le abriera un segundo proceso de vacancia por incapacidad moral. El primer proceso, se abrió por el vínculo del exmandatario con el caso Odebrecht Perú.
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