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 ¿una nueva Constitución es el camino para resolver la crisis chilena?

Chile busca un nuevo pacto social reflejado en su Constitución

Tras más de 40 días de protestas, queda en evidencia la necesidad de revertir décadas de desigualdad estructural
por Ana Karen de la Torre
publicado el30/11/2019

Las protestas en Chile llevan más de 40 días sin haber sido contenidas; ya suman 26 personas muertas y casi 3.000 heridas. Ante este escenario el presidente, Sebastián Piñera, manifestó su hartazgo y envió al Congreso cuatro proyectos de ley con carácter de urgencia sobre seguridad. Su objetivo es reprimir las manifestaciones violentas: la ley antiencapuchados, ya aprobada por el Senado, que castiga hasta con tres años de cárcel a quienes perturben el orden público ocultando su rostro; la ley antisaqueos, la ley antibarricadas y la ley para que los militares protejan la infraestructura pública con impunidad ante enfrentamientos.

Hasta el miércoles pasado el Gobierno se había preocupado por mantener un ánimo conciliador. Ahora los ojos están puestos en el proyecto de una nueva Constitución para afrontar la crisis. LexLatin consultó a dos constitucionalistas del país para saber el fondo de la discusión: Yanira Zúñiga Añazco, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y académica investigadora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, y Tomás Jordán, quien fue asesor en el proyecto para reformar la Constitución en la administración de Michelle Bachelet y es socio en Álvarez, Jordán y Pavlovic Abogados.

Zúñiga Añazco comienza su respuesta con un sencillo “no lo sé”, llevando la explicación a una función básica: “toda constitución se explica porque responde a la necesidad de capturar arreglos sociales que son además contextuales y móviles en el tiempo”. La académica detalla que la demanda social ha sido muy clara sobre la petición de reforzar los derechos sociales desde las políticas públicas, prestaciones sociales y universales. “Probablemente no en la lógica que se ha establecido desde la constitución chilena, en la que predomina la intervención privada”, enfatiza.

Por su parte Tomás Jordán detalló que el estallido social se puede explicar desde la desigualdad estructural: “básicamente, la Constitución fue una imposición de la dictadura, por lo tanto no refleja mínimamente lo que podemos considerar un pacto constitucional que dé cuenta de las reglas compartidas sobre la ordenación del poder y los derechos fundamentales. Por eso entra el tema de una nueva constitución como uno de los caminos para descomprimir una crisis de carácter social que es más amplia”.

De acuerdo con los especialistas consultados, el cambio se hizo pertinente en la medida en que la Constitución chilena se caracteriza por tener como motor la intervención privada, algo poco común en el resto de países latinoamericanos, que ha dado pie a un “choque de trenes”, como lo ha llamado la prensa local, sobre los criterios de interpretación contradictorios entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. "Lo más probable es que dado este quiebre institucional y dado a la necesidad de ajustar las interpretaciones que se derivan de la Constitución a un origen histórico que es distinto al de la Constitución del 80, se va a producir un cambio de práctica interpretativa”, comentó Zúñiga Añazco, dando detalle de que el Tribunal Constitucional se había vuelto muy influyente afianzando la lógica neoliberal establecida por la Carta Magna, pero con poca legitimidad.  

A decir de Tomás Jordán, un elemento que suma a la necesidad de realizar esta discusión es que “Chile tiene la única Constitución que no reconoce a los pueblos indígenas, aún cuando tiene pueblos indígenas; su inclusión se ha rechazado siete veces”.

En abril del próximo año Chile tendrá un plebiscito nacional en donde se le harán dos preguntas a la sociedad, si quieren una nueva Constitución y si debe elaborarse mediante una asamblea o convención constituyente. Yanira Zúñiga Añazco, junto con otras abogadas y publicistas chilenas, están colocando en la agenda de la opinión pública que el órgano encargado de elaborar la nueva constitución tenga paridad de género.

"Han quedado invisibilizados los procesos normáticos de las mujeres; me parece que estamos ante una formidable oportunidad para tratar de incidir en tener presencia femenina con el principio de paridad en la distribución de poder, cargas y funciones en la vida social, no solo en la política y, por supuesto, desarrollar puntos estratégicos sobre protección de intereses de mujeres, entre otros, el reconocimiento a vivir libre de violencia, el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos que no están reconocidos ahora y las lógicas del cuidado, que me parecen revolucionarias y una buena parte de los problemas actuales radican ahí, es necesario establecer incentivos para cuidado y garantizar la mejor instrucción de las mujeres; especialmente hablando de sociedades longevas". 

Ambos constitucionalistas coinciden en que el mayor desafío ahora es lograr que la discusión de la nueva Carta Magna tenga legitimidad social pues el gobierno aún tiene que resolver demandas que este nuevo ordenamiento no resolverá.  

"Latinoamérica ha venido buscando establecer una nueva identidad política con cierta independencia colonial a través de sus Constituciones; hay una realidad social que requiere otros arreglos institucionales. No lo veo como algo perturbador porque cada sociedad tiene derecho de autodeterminarse constitucionalmente, esto puede ser más útil que solo mantener una tradición que en algún momento se vuelve ajena”, apunta Zúñiga Añazco. 

De acuerdo con Zúñiga Añazco, si bien las constituciones se han visto como un remedio para las crisis en la región, se debe recordar que es una norma que no resolverá todos los problemas por lo que esta expectativa se debe dirimir. 

A decir de Jordán, una nueva Constitución sí que es necesaria porque la actual, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, “no representa un acuerdo político en el que todas las miradas estén, es un acuerdo parcial; debe ser un acuerdo compartido sobre la ordenación del poder y los derechos fundamentales y eso es una deuda pendiente del sistema constitucional chileno”.

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