Chile: ¿Cómo incide la reforma de pensiones en el ahorro de los trabajadores y en la contribución patronal?

A partir de septiembre próximo, entra en vigencia el aumento de la PGU para los pensionados mayores de 82 años. / Tomada del sitio web de la Asociación de AFP de Chile.
A partir de septiembre próximo, entra en vigencia el aumento de la PGU para los pensionados mayores de 82 años. / Tomada del sitio web de la Asociación de AFP de Chile.
Algunas estimaciones apuntan que el impacto de la reforma en el ahorro nacional podría rondar el 1,3 % del PIB.
Fecha de publicación: 29/07/2025

Luego de una década de fallidos intentos por proveer a Chile de un nuevo régimen de pensiones, finalmente este año se concretó la largamente esperada reforma del sistema que, pese a cumplir con un viejo anhelo de la sociedad en general, no ha estado exenta de polémicas por cuanto muchos de los cambios introducidos no tendrán efecto inmediato sino de forma progresiva a lo largo de varios años, lo cual significa que algunos nunca disfrutarán de los beneficios previstos.

La reforma engloba un cambio estructural que propone la conformación de un régimen mixto cuyo objetivo apunta, según sus defensores, a mejorar las pensiones actuales y futuras, combinando el ahorro individual con componentes solidarios financiados con recursos de los propios trabajadores, lo que, a decir de los críticos, afectará la estabilidad del sistema a largo plazo.

De cualquier manera, lograr el importante cambio en el régimen implicó, por un lado, que el gobierno cediera en su intención de eliminar el sistema privado de fondos de pensiones, mientras que la oposición debió aceptar un alza en las contribuciones por parte de los empleadores, recursos que financiarán inéditos mecanismos de compensaciones y otros beneficios establecidas en la reforma.    


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Puntos más resaltantes

Aprobada por el Congreso chileno a finales de enero y publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo pasado, la Ley Nº 21.735 introduce algunos de los cambios más significativos que ha sufrido el sistema de pensiones de ese país en los últimos 40 años, cuyos beneficios, de respetarse los tiempos pautados, comenzarán a ser percibidos por los amparados en los próximos meses.

En concreto, los principales cambios que introduce la reforma se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • El aumento de la pensión garantizada universal (PGU), lo que refuerza el componente solidario del sistema.
  • La creación de una cotización adicional del 7 % a cargo del empleador, que no va a cuentas individuales, sino a financiar en nuevo seguro social previsional, con mecanismos redistributivos.
  • Introducción del beneficio por años cotizados y de una compensación a las mujeres por mayores expectativas de vida, con enfoque en la equidad.
  • Reformulación de la industria de las AFP, abriendo espacio a nuevos actores y estableciendo la licitación del stock de afiliados.
  • Establecimiento del mecanismo de préstamo intergeneracional, mediante el cual los cotizantes financian parcialmente el aumento de las pensiones actuales, con devolución al momento de su jubilación.

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Beneficios para los pensionados 

Con una nueva estructura, la reforma plantea un significativo aumento en los beneficios que recibirán en el corto y mediano plazo los más de 2,8 millones de pensionados que existen hoy en el país, al tiempo de sentar las bases para los cambios que experimentarán las futuras generaciones de rentistas.

Bajo esta premisa, se incrementa de manera considerable el ahorro previsional obligatorio al amparo de un nuevo enfoque, según el cual se mantiene el cargo de 10 % correspondiente al trabajador, pero aumenta el aporte del empleador con un 7 % adicional distribuido que se dividirá en tres porciones:

  • 4,5 % irá a la cuenta individual del trabajador, es decir, ahorro directo y de su propiedad, lo que significa pensiones más robustas en esa misma proporción.
  • 1,5 % destinado a una especie de cuenta nocional, que será entregado al trabajador al momento de su jubilación en forma de un bono previsional.
  • 1 % para alimentar un fondo común solidario, el cual servirá para financiar otras compensaciones que serán dirigidas a distintos grupos, en particular las mujeres mayores de 65 años.  

“En la práctica, el trabajador terminará acumulando más ahorro, pero no todo estará bajo su control inmediato. El diseño combina capitalización con elementos redistributivos, que a largo plazo podría aumentar no solo las pensiones autofinanciadas, sino el nivel de ahorro nacional”, dice Francisca Vial, directora del área laboral en la firma Eyzaguirre y Cia.

Estimaciones preliminares señalan que, con la nueva estructura pensional, el ahorro nacional se verá favorecido con un impacto cercano al 1,3 % del PIB chileno.

Ahora bien, esta asignación a la cuenta de capitalización individual del trabajador será progresiva. Inicialmente se aportará el 4,5 % y el monto se irá incrementando en 0,15 puntos porcentuales cada 12 meses hasta alcanzar el 6 % total.

“Esta medida está específicamente orientada a incrementar el ahorro previsional individual y optimizar el capital disponible para la jubilación”, agrega Felipe Vargas, asociado de la firma MICP Abogados.


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A largo plazo

De entrada, la reforma aumenta a 250.000 pesos (unos 260 dólares) la pensión garantizada universal (PGU), un beneficio otorgado por el Estado a las personas mayores de 65 años que, trabajando o no, en caso de contar con una pensión, ésta sea inferior a 1,2 millones de pesos (alrededor de USD 1.250).

La ayuda no se pagará de inmediato, sino por grupos etarios a lo largo de tres años. Así, a partir de septiembre próximo lo percibirán sólo pensionados de 82 años o más, mientras que en septiembre de 2026 comenzará a pagarse a pensionados de 75 años en adelante, quedando pendiente para septiembre de 2027 el pago a los de 65 años o más.

Este aspecto constituye uno de los puntos álgidos de la reforma, pues su progresividad significa que muchos pensionados tardarán hasta dos años en percibirlo, por lo cual algunos posiblemente nunca lleguen a cobrarlo.

Otro de los logros destacables de la reforma es la compensación por diferencias de expectativa de vida para mujeres, un mecanismo que busca subsanar una gran inequidad estructural del sistema previsional chileno, según el cual las mujeres reciben una pensión menor a la de los hombres aun cuando hayan ahorrado durante el mismo tiempo y la misma cantidad de dinero, esto bajo el entendido de una vida más larga.

Financiada por el nuevo fondo común solidario con aportes del empleador, las mujeres mayores de 65 años recibirán un bono mensual que equipara su pensión con la que obtenida por un hombre en iguales condiciones de ahorro.

“No es un bono único ni sujeto a vulnerabilidad económica, sino un derecho previsional estructural, permanente, ligado al género y a la longevidad estadística”, aclara Francisca Vial, acotando que, aunque no borra otras brechas (lagunas, informalidad, maternidad), elimina el castigo al que fueron sometidas las chilenas por mucho tiempo.


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Mayor competencia

Desde su creación, el sistema de pensiones chileno ha estado dominado enteramente por la figura de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sociedades anónimas privadas que han manejado los ahorros de los trabajadores durante 45 años bajo parámetros que han sido fuertemente criticados por su transparencia.

Aunque muchos sectores de la sociedad pugnaban por su eliminación, la reforma redefine el papel de las AFP con la incorporación de nuevos actores que, de acuerdo con los especialistas, aportarán un grado de mayor de confianza al sistema.

Así las cosas, las AFP pasan a competir con las administradoras generales de fondos (AGF) no asociadas a entidades bancarias, las cajas de compensación y hasta las cooperativas. Se espera que este aumento de la competencia redunde en una reducción de comisiones cobradas por las AFP, al tiempo de ampliar el espectro de modelos de gestión. 

“La incorporación de nuevos actores, como las AGF y, eventualmente las cajas de compensación, busca fomentar una mayor competencia en la administración de fondos previsionales. Esto podría traducirse en menores costos para los afiliados, mejor calidad de servicio y mayor eficiencia operativa”, dice María Fernanda Espinosa, socia del despacho Barros & Errázuriz Abogados.

A su vez, Felipe Vargas resalta que las cajas de compensación de asignación familiar (CCAF) deben crear filiales que funcionen como AFP y estarán sujetas a la normativa contemplada en el Decreto Ley 3500, que regula el funcionamiento de las administradoras.

Otro aspecto de potencial transparencia y en beneficio del pensionado es la premisa del Legislativo de acabar con la lógica de competir por captar afiliados y obligar a las entidades a competir por resultados, lo cual favorece a aquellas que mejor inviertan y cobren menores tasas operativas.

Esto será posible con la eliminación de los multifondos y su sustitución por fondos generacionales, bajo los cuales se amparan los afiliados según el ciclo de vida. En teoría, ello implica que las decisiones de inversión sean más eficientes.

De igual forma, se liberan los límites de inversión, abriendo espacio a portafolios más diversificados y sofisticados, así como se establecen referencias o benchmarks para evaluar la rentabilidad, aportando con ello una mayor transparencia al proceso.


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Entre dos aguas

Más allá de la entrada de nuevos actores al mercado que monolíticamente han manejado las AFP, esta industria tendrá otro cambio que, a decir de los especialistas, es tan importante como la diversificación de participantes.

En lo sucesivo se establece un administrador previsional único adjudicado por licitación, que se encargará de la gestión operativa de las cuentas, mientras que las empresas que participan en la administración de los fondos competirán exclusivamente por la inversión de esos recursos.

“No es un cambio menor. Esta lógica de multipolaridad se asemeja más a los modelos europeos, donde el foco está en la eficiencia y no necesariamente en el tamaño o en la marca”, dice Francisca Vial.

Añade que la clave estará en cómo se regula esa entrada, en el piso mínimo que se exija a los nuevos gestores y en si la competencia se dará realmente por rentabilidad y comisiones o si el afiliado quedará simplemente capturado por inercia.


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A tener en cuenta

Tratándose de la reforma más profunda que se haya hecho al régimen pensional chileno en más de cuatro décadas cuyas aristas abarcan diferentes aspectos de este complejo sistema, los especialistas consultados plantean seguir con atención la implementación de los cambios previstos, así como los futuros procesos de licitación y de publicación de reglamentos y normativas. De momento recomiendan:

  • Proyectar el impacto financiero del 7 % adicional a cargo del empleador, pues, aunque se implementará de forma gradual, es un costo que debe preverse desde ahora en presupuestos y políticas salariales.
  • Actualizar los sistemas de remuneraciones, tomando en cuenta que el nuevo aporte de 7 % se divide en componentes distintos: cuenta individual, fondo común y cuenta nocional.
  • No improvisar con bonos no imponibles. Con el nuevo estándar de fiscalización, subcotizar no es solo una mala práctica, sino que puede ser delito.
  • Informar a los trabajadores sobre los beneficios de la reforma, explicando que la cotización adicional no se descuenta del sueldo líquido.

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