29/03/2026
Centroamérica da un paso importante hacia la modernización de su sector eléctrico. Con licitaciones que superan los 3.000 megavatios (MW), Guatemala, Panamá y Honduras consolidan un modelo más ordenado, competitivo y confiable para el suministro de energía. Actualmente, la región cuenta con una capacidad instalada de 18.101 MW, suficiente para abastecer a toda Centroamérica, pero la demanda crece a un ritmo promedio del 3 % anual.
Los países miembros del Sistema Eléctrico Regional proyectan integrar 4.273 MW adicionales entre 2026 y 2030, de los cuales el 71 % provendrá de fuentes renovables. El avance en generación, además, se complementa con la expansión de la infraestructura de transmisión regional.
Según el Ente Operador Regional (EOR), entre los proyectos identificados destacan nuevas líneas de interconexión del segundo circuito Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC), que conectarán Guatemala–El Salvador, El Salvador–Honduras, Nicaragua–Honduras y Costa Rica–Nicaragua, asegurando que la energía generada pueda trasladarse eficientemente a donde se necesite.
Lo que distingue esta etapa no es solo el volumen de energía en juego, sino también la coordinación de los procesos y la claridad de sus calendarios, que proyectan un mercado más transparente y con mayor seguridad jurídica. Esta combinación sienta las bases para la transición hacia proyectos más bancables bajo el modelo de Contratos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) y fortalece la confianza de inversionistas en la región. Estas dinámicas regionales se materializan de manera concreta en cada país.
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El despertar de tres mercados
La sincronía con la que estos países han activado sus procesos de contratación no es coincidencia. Según Florencio A. Gramajo, sénior counsel en Arias Guatemala, este escenario es el resultado de una combinación de factores estructurales del subsector eléctrico en la región. El experto señala que la proximidad del vencimiento de contratos de largo plazo adjudicados décadas atrás ha obligado a los reguladores a actuar para garantizar el abastecimiento futuro.
Al mismo tiempo, la reducción en los costos de las energías renovables, especialmente solar, y el avance de nuevas tecnologías como el almacenamiento en baterías han ampliado el universo de proyectos competitivos en estos procesos.
“Esto ha permitido que las licitaciones actuales atraigan una oferta más diversa y con estructuras tecnológicas más sofisticadas que las que veíamos hace diez o quince años".
Ante el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en Centroamérica, impulsada por la expansión económica, la electrificación de sectores productivos y el aumento del consumo urbano, señala que los países necesitan incorporar nueva capacidad de generación en los próximos años para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema. Esto también explica esta nueva ola de licitaciones prácticamente al mismo tiempo en varios mercados de la región.
En el caso de Guatemala, el país abrió la senda con su Programa de Expansión de Generación 4 (PEG-4), un proceso que mostró el fuerte interés del mercado: se presentaron propuestas por más de 1.000 MW, a pesar de que la necesidad era de solo 235 MW. Este resultado consolidó la confianza del sector privado y preparó el terreno para el siguiente llamado, el PEG-5, que contempla adjudicaciones de hasta 1.400 MW mediante contratos de 15 años, con decisión final prevista para abril de 2026. La convocatoria ya concentra la atención de desarrolladores e inversionistas.
Desde la perspectiva hondureña, Mario Agüero, socio de Arias, subraya que la urgencia del país responde a una planificación estratégica para cubrir la demanda hasta el año 2030. La prioridad, afirma, es otorgar confiabilidad al sistema. Agüero también vincula este despertar de iniciativas regionales simultáneas con la dinámica del Mercado Eléctrico Regional (MER), señalando que existe una presión por contar con un abastecimiento más seguro y eficiente en un entorno de mayor interconexión.
En paralelo, Panamá avanza con contratos de suministro a 20 años, diseñados para asegurar estabilidad a largo plazo. El país también ha definido un cronograma de nuevas convocatorias que se extenderá hasta 2029, incorporando novedades relevantes, como la inclusión del almacenamiento energético como tecnología habilitada para competir, una innovación que amplía las oportunidades de diversificación de la matriz y fortalece la confiabilidad del sistema.
Evolución del diseño de mercado
Hace una década, la contratación eléctrica en Centroamérica operaba bajo esquemas menos estandarizados y, en ocasiones, con márgenes de discrecionalidad que elevaban el riesgo para el inversor. Hoy, la realidad es distinta.
Gramajo destaca que el cambio más evidente en Guatemala es la evolución hacia esquemas de contratación más estructurados y competitivos. El abogado señala que la madurez institucional ha permitido que los reguladores y distribuidoras tengan mayor experiencia en la planificación de expansión.
“Hoy vemos licitaciones más sofisticadas, con reglas más claras, lo que ha contribuido a generar mayor transparencia y a atraer inversión extranjera. Otro cambio relevante es la creciente incorporación de energías renovables dentro del diseño de mercado”.
El auge de tecnologías como la solar, eólica y de gas ha ampliado su presencia en las licitaciones, lo que ha impulsado debates regulatorios sobre la flexibilidad del sistema, la gestión de la intermitencia y el uso de soluciones como el almacenamiento energético.
“Los reguladores y empresas distribuidoras cuentan hoy con más experiencia en la planificación de expansión y en la estructuración de procesos de contratación de largo plazo”, agrega.
En Honduras, el camino ha sido más complejo. Agüero recuerda que, tras un fuerte impulso inicial a las renovables y la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, el mercado vivió una fase de mayor protagonismo estatal. No obstante, recalca que el desafío actual para las nuevas autoridades no es solo poseer un marco legal, sino lograr su aplicación coherente.
“El gran reto para Honduras y las actuales autoridades, no es solo contar con un marco legal, sino lograr que ese marco se aplique de manera clara, coherente y con visión de largo plazo, para dar confianza al sector”.
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Modelos de licitación
Aunque el objetivo es similar, asegurar energía a bajo costo, los mecanismos regulatorios difieren entre los países. En Guatemala, explica Gramajo, el modelo es descentralizado y liderado por las distribuidoras bajo la supervisión del regulador. El senior counsel de Arias define este sistema como uno caracterizado por procesos competitivos que han sido la piedra angular para atraer capital privado durante las últimas décadas. La previsibilidad de este marco ha permitido que Guatemala sea percibida como uno de los mercados más consolidados.
Esta experiencia empieza a extenderse por la región. Panamá ha incorporado aspectos del modelo, aunque aún mantiene una combinación de distintos formatos de adjudicación.
Por el contrario, en Honduras, la centralización es la norma. El socio de Arias explica que la contratación de energía, con excepciones puntuales, sigue concentrada en el Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
"Eso marca una diferencia importante frente a otros mercados de la región donde existen esquemas más abiertos o con mayor diversidad de compradores y mecanismos de contratación".
Agüero comenta que, en el caso hondureño, uno de los elementos que podría generar un cambio relevante hacia adelante sería una eventual apertura del mercado, que permita nuevas formas y alternativas de contratación, en línea con lo que originalmente se esperaba con la Ley General de la Industria Eléctrica".
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Seguridad jurídica y bancabilidad
Para un fondo de inversión o una empresa de generación internacional, la estabilidad regulatoria es el activo más valioso, incluso por encima del volumen de MW en oferta.
Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, Gramajo resalta que en Guatemala la previsibilidad del marco regulatorio es el elemento determinante. Los proyectos de generación eléctrica requieren horizontes de recuperación de largo plazo, por lo que la certidumbre en los términos contractuales es vital.
“Guatemala ha mantenido históricamente uno de los marcos institucionales más consolidados del subsector eléctrico en la región. A esto se suma una perspectiva favorable de crecimiento de la demanda eléctrica en el país, impulsada por la expansión sostenida de la actividad económica, y el crecimiento urbano”, afirma.
En Honduras, el análisis de riesgo pasa por un filtro más institucional. Agüero enfatiza que la seguridad jurídica es lo que realmente pesa en la balanza del inversor. Una señal positiva fue el regreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“El regreso del país al CIADI puede interpretarse como un mensaje de mayor apertura, confianza para el inversionista y alineamiento con estándares internacionales. Para atraer inversión de manera sostenida también se necesitan reglas claras, transparencia, instituciones sólidas y un compromiso serio de todos los actores del sector, tanto públicos como privados”, aclara.
Sin embargo, el socio de Arias Honduras es enfático al señalar que la estabilidad no es solo un texto legal: La estabilidad regulatoria y la previsibilidad contractual no se miden solo por lo que dicen las normas, sino por la confianza que genera su aplicación en la práctica.
“Al final, quien invierte necesita entender con claridad cuál es el nivel de riesgo, si el modelo de negocio es viable y, sobre todo, si el proyecto realmente es bancable”, menciona.
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El PPA como eje central
El Contrato de Compra de Energía (PPA) sigue siendo la pieza maestra que permite el cierre financiero de los proyectos. No obstante, su estructura está cambiando para adaptarse a las nuevas realidades técnicas.
El sénior counsel de Arias Guatemala observa que la variabilidad de las renovables ha introducido cláusulas más complejas sobre gestión de la generación, disponibilidad y despacho. Las entidades financieras, afirma el vocero, buscan que el PPA ofrezca suficiente previsibilidad en los flujos de ingresos del proyecto, lo que requiere claridad sobre el precio de la energía, los mecanismos de indexación y la duración del contrato.
En Honduras, aunque no se han visto cambios drásticos en la asignación de riesgos en la última década, la nueva licitación introduce novedades importantes. El socio de la firma destaca el uso de subastas inversas con rondas sucesivas para presionar los precios a la baja y lograr propuestas más competitivas para la ENEE; pero, sobre todo, resalta la creación de instrumentos financieros de respaldo.
“Destaca la intención de fortalecer la certidumbre de pago mediante un instrumento financiero respaldado por un crédito con banca multilateral”, comenta.
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A pesar del optimismo por las licitaciones, existen obstáculos críticos que podrían frenar el desarrollo de los proyectos.
Para Guatemala, el cuello de botella es físico: la capacidad de la infraestructura de transmisión para acompañar el crecimiento de la generación de energía. Gramajo advierte que la falta de expansión en el sistema de transporte ha generado restricciones para incorporar nueva generación renovable en ciertas zonas. Como consecuencia, algunos proyectos solares se han retrasado para conectarse al Sistema Nacional Interconectado.
“Uno de los principales desafíos regulatorios hacia adelante será asegurar que la expansión de la generación vaya acompañada de una planificación y ejecución oportuna de proyectos de transmisión que permitan integrar de manera eficiente esa nueva capacidad al sistema”, advierte.
Frente a esta situación, el abogado resalta la importancia de reforzar el marco institucional para acelerar el desarrollo de la infraestructura crítica del sistema eléctrico, especialmente en transmisión. Para que el aumento de la generación y la demanda sea sostenible, se requieren mecanismos regulatorios que faciliten la planificación y ejecución más ágil de los proyectos de expansión de la red.
En ese contexto, la iniciativa de ley 6665 sobre Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía en Guatemala, que se discute actualmente en el Congreso, busca facilitar y agilizar la construcción de nuevas líneas y subestaciones estratégicas para el sistema eléctrico nacional.
En Honduras, los riesgos son financieros y de confianza. Agüero identifica dos puntos críticos: la seguridad jurídica y la capacidad real de pago del Estado.
De acuerdo con el abogado, para los inversionistas no basta con que existan normas o procesos formales; es fundamental que las reglas se mantengan estables, que los contratos se cumplan y que las decisiones institucionales sean coherentes a lo largo del tiempo. A esto se suma la certeza de pago, un tema especialmente delicado en un mercado donde la ENEE sigue desempeñando un papel central en la contratación de energía.
“Si no hay confianza en el cumplimiento contractual y en el respaldo financiero de las obligaciones asumidas por el Estado, es muy difícil que nuevos proyectos avancen”, sentencia el abogado hondureño.
Conclusión y proyección regional
El modelo centroamericano está dejando de ser un experimento para convertirse en una referencia. Para Gramajo, uso de procesos de licitación competitivos para la contratación de energía de largo plazo es un elemento plenamente replicable en otros mercados latinoamericanos para introducir transparencia en la formación de precios y atraer inversión privada al sector generación.
Agüero insiste en que el futuro de Honduras depende de retomar el impulso de la apertura que planteó la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, que buscaba transformar la estructura tradicional del sector. Aunque ese proceso no terminó de consolidarse, sí marcó una ruta importante: un mercado con mayor competencia, reglas más claras y espacios más amplios para nuevas formas de contratación.
Centroamérica ha enviado un mensaje claro al mercado global: la región está lista para escalar sus sistemas eléctricos, siempre que la estabilidad normativa camine a la par de la innovación tecnológica. Como concluye Gramajo, cuando estos elementos están alineados, se crean condiciones favorables para atraer inversión y fortalecer la seguridad energética.
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