Sin duda alguna, la contaminación es uno de los grandes problemas de la humanidad y en medio de la multiplicidad de aristas desde las que puede ser abordado este hecho, el plástico resuena como una de las fuentes de degradación ambiental de mayor alcance, dado el persistente incremento en su producción, los efectos que tiene sobre la salud y en el cambio climático y la inexistencia de un sustituto idóneo.
Pese a sus efectos negativos, eliminar el plástico tiene implicaciones que van mucho más allá de la cuestión medioambiental, tomando en cuenta que se trata de una de las más sólidas y rentables industrias globales de la que dependen cientos de otras industrias y, por ende, millones de empleos en todo el mundo.
No obstante, mientras se alcanza un punto de equilibrio entre la protección ambiental y la rentabilidad de la industria, surgen alternativas que buscan minimizar el impacto del plástico en la degradación ecológica, entre ellas reducir el consumo de artículos de un solo uso. En torno a ello, varios países han dado un paso adelante en la regulación de la producción de ciertos tipos de bienes con el objeto de reducir su poder contaminante.
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Fundadas razones
La lucha contra el plástico no es tarea sencilla y va mucho más allá de la simple prohibición de fabricar miles de millones de objetos a partir de un derivado del petróleo. Se trata de una de las industrias más grandes del mundo, de la que dependen cientos de otras aguas abajo que elaboran insumos necesarios para los sectores más importantes de la vida actual, como la siembra y producción de alimentos, hasta la biomedicina y las indispensables comunicaciones.
Solo para tener una idea de sus alcances debemos tener en cuenta que, en 2021, la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) estimó que el comercio global de plásticos genera más de un trillón de dólares al año, cifra 40 % superior a lo que estimaba hasta hace poco, equivalente al 5 % del comercio mundial de mercancías.
Sin embargo, tanta fortaleza tiene su lado oscuro. Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), desde la década de los años 50 se han producido más de 8.300 millones de toneladas métricas de plásticos, la mitad en los últimos 15 años, estimándose que cada 12 meses manufacturan entre 430 y 500 millones de toneladas de productos plásticos, más de 50 % utilizables una sola vez.
De allí la insistencia de ambientalistas y expertos en buscar la forma de regular la manufactura de este tipo de plásticos, muchos de los cuales pueden ser sustituidos por productos biodegradables, amigables con el ambiente o, incluso, de uso permanente. En este orden se mueven muchos países a escala global, que han legislado en función de reducir su consumo, una veintena de ellos latinoamericanos que, bien a través de leyes nacionales o de normas locales, buscan alternativas para insertarse en la búsqueda de una solución al problema.
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La realidad latinoamericana
Aunque la lucha contra el plástico tiene muchas variantes, frenar el consumo de productos de un solo uso es el eje alrededor del cual giran la mayoría de las legislaciones que se han producido a escala global. Según las Naciones Unidas, para principios de esta década, cerca del 70 % de los países del mundo había legislado para prohibir el uso de bolsas plásticas, uno de los productos de un solo uso más contaminantes que existen.
La realidad de América Latina hace que la lucha contra el plástico sea una necesidad apremiante. Según la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés), la región produce unos 20 millones de toneladas métricas anuales de plástico, casi 5 % del total mundial, aunque el consumo se eleva a 26 millones de toneladas cada año.
GAIA acota que el consumo en la región creció de 7 kilos per cápita al año en la década de los 80, a más de 30 kg/pc/año en la actualidad, siendo México y Chile los países de mayor consumo per cápita (50 kg), seguidos por Argentina y Brasil (40 kg/habitante/año).
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) señala que 21 países en Latinoamérica y el Caribe cuentan con algún programa o norma para frenar el consumo de plástico de un solo uso y, en este sentido, lo que ha sucedido en Brasil, Perú y Guatemala puede ser una buena referencia sobre hacia dónde se mueven los esfuerzos regionales.
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Brasil, la pionera
Si bien el país más poblado de América Latina fue el primero en presentar en 2002 un proyecto de ley para regular el consumo de plástico, la norma nunca ha sido aprobada. Un nuevo proyecto (Ley N° 2524, de 2022) prevé no solo reducir la generación de determinados plásticos de un solo uso, sino también su eliminación, fabricación, importación, distribución, uso y comercialización para en el mediano plazo.
Como era de esperarse, el proyecto ha sido fuertemente cuestionado por el sector privado, que busca su modificación a fin de establecer, entre otras disposiciones, reglas relativas a la economía circular centradas en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar.
“Las interrogantes que rodean este proyecto se basan en la falta de análisis de los impactos, incluidos los socioambientales, resultantes de tales restricciones y de los productos y materiales existentes que podrían usarse como alternativas… No se habrían analizado previamente las consecuencias y efectos de entrar en vigor dicha ley”, señala Fernanda Stefanelo, socia de las áreas ambiental y ESG de la firma Demarest Advogados.
Pese a la ausencia de una ley global, el país, que figura como el sexto mayor productor mundial de desechos plásticos, cuenta desde 2010 con una Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 12.305) que establece responsabilidad ambiental compartida entre los actores involucrados, considerando desde la generación hasta el destino final de los residuos sólidos. El objetivo es reducir el volumen de desechos, minimizar su impacto en la salud humana y en la calidad ambiental durante el ciclo de vida de un producto.
Además de que todas las normas específicas que se desarrollen en el país deben regirse por esta política, los estados y municipios pueden crear disposiciones particulares, estableciendo normas para otorgar incentivos fiscales, financieros o crediticios.
Stefanelo recuerda que los plásticos de un solo uso están permitidos por la legislación, acotando que los cambios legislativos para reducirlos y restringirlos deben evaluarse muy bien, considerando qué alternativas y productos existentes pueden usarse como reemplazos, así como los impactos socioambientales.
Agrega que cualquier medida que restrinja las actividades productivas debe estar bien estructurada e implicar períodos de adaptación al mercado, máxime tomando en cuenta que se trata de un sector que movió en 2023 cerca de 23.000 millones de dólares y da trabajo a más de 600.000 personas, de acuerdo con un estudio de la encuestadora Grand View Research.
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En Perú apenas se cumple
En diciembre de 2018, Perú se sumó a la lucha contra el plástico de un solo uso al promulgar la Ley N°30884, que establece 89 medidas para reducir el consumo de descartables, con énfasis en bolsas y empaques para alimentos a base de polímeros. Su implementación se aplicaría en varias etapas entre 2019 y 2021, lapsos que fueron desde siempre criticados por el sector productivo privado.
Entre los puntos que se han cumplido (alrededor de una tercera parte de las 89 normas, según la consultora ambiental Climetría), figuran el cobro del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, disposición que según el Ministerio del Ambiente permitió reducir en 30 % el consumo de este tipo de empaques, equivalente a 1.000 millones de unidades anuales.
No obstante, debido a que la supervisión de que esta porción de la normativa se aplique está a cargo de los gobiernos locales, es probable que no se cumpla a cabalidad en todas las regiones del país, tomando en cuenta que no todas las instancias de gobierno cuentan con capacidad de fiscalización.
Al margen del tema de las bolsas, aspectos más contundentes de la Ley, como la obligación de incluir 15 % de material reciclado en botellas de tereftalato de polietileno (PET), siguen siendo letra muerta, en buena medida debido a la falta de oferta formal de material reciclado, que ha sido uno de los obstáculos esgrimidos por una industria de la que dependen unos 200.000 empleos y que genera alrededor de 4 % del PIB industrial del país, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, SNI.
En este sentido, desde Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados señalan que se trazó una “valla alta” con la Ley, debido a que las empresas de plástico todavía no están listas para cumplir con todas las disposiciones que se plantean, como es el caso del uso de material reciclado en botellas PET.
“No podemos considerar que la Ley sea completamente efectiva porque está quedando pendiente que se aprueben los lineamientos técnicos que plantea, lo que permitiría mayor claridad respecto a la progresividad y los mecanismos necesarios para la aplicación de la norma”, dice Johanna Romero, asociada de la práctica de derecho ambiental de la firma.
La especialista agrega que el gobierno tiene una gran responsabilidad respecto a la educación, capacitación y sensibilización para concientizar a la sociedad del impacto que tienen los plásticos de un solo uso.
“También es responsabilidad del gobierno implementar los reglamentos técnicos que están pendientes para que los fabricantes e importadores puedan cumplir con sus obligaciones y, de esa manera, contribuir a la reducción progresiva del plástico de un solo uso”, puntualiza.
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Guatemala: debut y despedida
El caso de Guatemala es muy particular. Si bien el país adoptó en 2019 una normativa acorde con los estándares internacionales de lucha contra los plásticos de un solo uso, la intención sucumbió ante los embates de la política y la falta de estudios de factibilidad de una norma calcada de las vigentes en países desarrollados, sin la debida adaptación a la realidad del país.
En efecto, en septiembre de 2019, ecologistas guatemaltecos y centroamericanos por extensión, celebraban el ejecútese dado al Acuerdo Gubernativo 189-2019, norma que regula el uso y distribución de materiales de plástico, duroport y similares. El acuerdo otorgó un plazo de dos años para que entrara en vigencia la prohibición de bolsas plásticas de un solo uso, pajillas, platos, vasos, mezcladores o agitadores, contenedores o recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos, entre otros bienes.
Los sectores económicos del rubro no tardaron en alzar su voz, señalando que el acuerdo ponía en riesgo 25.000 empleos directos y otros 75.000 indirectos, además de la exportación de artículos por más de 49 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).
Las voces de académicos, economistas, juristas y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo asegurando que no representaba “un interés genuino del gobierno por resolver los problemas ambientales”, además de incluir fallas y contradicciones que conllevaba a su “nulo impacto”, como señalaron sendos informes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como del Movimiento Semilla.
El fuerte rechazo al acuerdo llevó a que pocos meses después y tras asumir la presidencia, el gobierno de Alejandro Giammattei derogara el decreto por “varias inconstitucionalidades y no ser de aplicabilidad práctica… No estamos en contra de proteger nuestro país, de lo que estamos en contra es de la improvisación”, detalló Mario Rojas, entonces titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Finalmente, en agosto de 2021 y a escasos días para que entrara en vigencia la prohibición de plásticos de un solo uso, el MARN publicó el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que derogó la norma anterior, sustituyéndola por el nuevo “Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes”.
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En busca de soluciones
Desde leyes globales a normas locales, pasando por programas y planes nacionales, son muchas las variantes que vienen utilizando los países de América Latina y el Caribe para buscar una alternativa al excesivo consumo de plástico de un solo uso.
- Argentina: Si bien la nación no cuenta aún con una ley de plásticos de un solo uso (un nuevo proyecto fue introducido en octubre de 2021), en junio de 2023 se oficializó el Programa Estratégico de Reducción Progresiva y Prohibición Específica de los Plásticos en Jurisdicción de Parques Nacionales. Las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Ushuaia prohibieron ofrecer sorbetes plásticos en establecimientos comerciales.
- Chile: En octubre de 2017 el país prohibió la entrega de bolsas plásticas en los comercios de al menos 102 comunas costeras. En 2018 se aprobó una ley para eliminar el uso de pitillos. En 2021 se promulgó la Ley 21368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso. La norma fue modificada en agosto de 2024 por la Ley 21691.
- Colombia Con la Ley N°2232 de julio de 2022, el gobierno de Bogotá estableció las medidas orientadas a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso. Una nueva Reglamentación de julio de 2024 amplía la norma.
- Costa Rica: A finales de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9786 para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente.
- Ecuador: Aunque desde el 2018 las Islas Galápagos prohibieron el uso de plásticos de un solo uso, fue en diciembre de 2020 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso.
- México: La nación no cuenta con una Ley general sobre la materia, pero estados como Veracruz y Baja California del Sur prohíben su uso. Desde 2021, Ciudad de México también prohibió el plástico de un solo uso. Lea aquí
- Panamá: En diciembre de 2020, Panamá promulgó la Ley 187, que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso y, en mayo de 2022, publicó el Reglamento de Ley.
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