03/10/2026
El próximo 25 de octubre, los brasileños elegirán, en segunda vuelta, al nuevo presidente del país entre Lula da Silva, quien hoy ocupa el cargo, y Flávio Bolsonaro, quien se impuso en la contienda celebrada este domingo con el 47,03 % del total de votos, frente al 45,16 % obtenido por el actual mandatario. Sea cual sea el resultado de la segunda vuelta electoral, el ganador heredará un país dividido, con una alta politización de sus instituciones públicas y enfrentando una preocupante desaceleración económica. El desafío no es menor, pues se trata de la mayor economía de América Latina y la octava más grande del mundo, cuyo desenvolvimiento mide la estabilidad de las reglas que rigen la inversión en la región.
El próximo ocupante del Palacio de Planalto gobernará en un contexto de rigidez presupuestaria, con un estrecho margen fiscal y una fuerte presión por elevar el gasto social. Por ello, su gestión económica dependerá más de su habilidad para legislar en un terreno fiscal minado que del margen político alcanzado según los resultados parlamentarios.
Para los analistas, la agenda económica del nuevo gobierno se cimentará en las reglas de juego de los sectores estratégicos. Con un mercado global convulso y con pocas probabilidades de alcanzar la ansiada estabilidad, el próximo presidente deberá negociar la gobernabilidad con un Congreso fragmentado, al tiempo que tendrá que garantizar la estabilidad institucional demandada por los inversionistas mediante la articulación de un marco regulatorio robusto que exorcice la volatilidad política.
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Desafíos para atraer inversión privada
Con un mercado interno de al menos 210 millones de consumidores, una economía resiliente, un sistema financiero desarrollado y sofisticado, y ventajas competitivas en agroindustria, energía, minería y logística, Brasil reúne los atributos necesarios para mantenerse como una de las economías más sólidas del mundo.
Sin embargo, el país ha lidiado con un largo ciclo de altas tasas de interés, un lastre que ha traído como consecuencia la ralentización económica. Por ello, los análisis coinciden en señalar que el próximo gobierno deberá esforzarse por restaurar la confianza institucional y demostrar su capacidad para adoptar medidas sostenibles de estabilidad económica.
“El desafío no es solo aumentar el crecimiento a corto plazo, sino crear las condiciones para que la inversión privada tenga un horizonte a largo plazo. La previsibilidad fiscal es particularmente importante porque afecta el costo del capital, las expectativas y, en consecuencia, las decisiones de inversión”, afirma Luiz Gustavo Bichara, managing partner de Bichara Advogados.
Para el jurista, otro de los retos es transformar el potencial de Brasil en proyectos efectivamente ejecutables, tomando en cuenta la importante cartera de oportunidades en infraestructura, energía, agro y minería. No obstante, estima que la inversión depende de proyectos bien estructurados, licencias eficientes, normas estables y capacidad institucional para ejecutar contratos a largo plazo.
Sus colegas de Madrona Advogados, José Sendesi y Bárbara Monduzzi, coinciden con este planteamiento y recuerdan que la incertidumbre no solo afecta el flujo de capital extranjero, sino que dificulta la obtención de financiamiento para la economía real.
“El costo de obtener deuda se está convirtiendo en un problema grave para las empresas, que enfrentan mayores dificultades para financiar u obtener refinanciamiento. Además, la incertidumbre política agrava la situación, dificultando la previsión del futuro”, señala Monduzzi.
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¿Es estable el marco jurídico brasileño?
Si bien el ecosistema judicial brasileño se ha visto inmerso en una serie de controversias que podrían afectar la imagen y estabilidad jurídica de cara al capital internacional, los especialistas consultados afirman que el país cuenta con normativas sólidas para garantizar los negocios.
Al respecto, Bichara comenta que en los últimos años se han logrado avances en la simplificación de las normas aplicables al capital extranjero, siendo ejemplo de ello la Ley de Cambios y Capitales Internacionales y las posteriores regulaciones del Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
En este mismo sentido, el especialista afirma que los inversionistas extranjeros reconocen el sofisticado sistema jurídico y la tradición en arbitraje comercial de Brasil, especialmente frente al desafío que supone la duración de los procedimientos judiciales. De allí que, en operaciones comerciales complejas, el arbitraje siga siendo una herramienta de primer orden para la gestión de riesgos.
“Los inversionistas extranjeros no buscan la ausencia de cambios, sino cambios transparentes, justificados por criterios técnicos y acompañados de períodos de transición adecuados… Les interesa la preservación de la independencia judicial, la previsibilidad de las decisiones, la estabilidad de los precedentes y la capacidad de resolver controversias en un plazo razonable”.
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Deuda pública, gestión tributaria e incentivos
La elevada deuda pública de Brasil es otro de los grandes retos a asumir por el próximo gobierno, un tema que genera especial preocupación de imponerse la oposición, cuya perspectiva sobre la materia dista mucho del manejo de la administración actual.
La inquietud no es en vano. Al cierre de agosto, la deuda pública bruta del país ascendió al 82,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), impulsada principalmente por el pago de intereses nominales sobre los títulos públicos, consecuencia a su vez de altas tasas de interés de referencia fijadas para contener la inflación. Actualmente, la tasa Selic se ubica en 13,75 %.
Bichara recuerda que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha planteado reformas fiscales necesarias para encauzar la deuda pública hacia una trayectoria descendente, reformas que, con un 90 % del presupuesto constitucionalmente comprometido en el área social, no serán sencillas de implementar.
Entre las medidas planteadas por el FMI figuran:
- Destinar los ingresos petroleros extraordinarios a disminuir la deuda pública y abaratar los costos de financiación,
- modificar la indexación de las pensiones y del salario mínimo para ganar flexibilidad presupuestaria,
- suprimir exenciones y gastos fiscales ineficaces para ampliar la base de recaudación y
- mejorar el marco fiscal actual mediante reglas de gasto más rigurosas.
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En busca del equilibrio fiscal
Las medidas de expansión fiscal y los programas de apoyo social elevan la presión sobre las cuentas del Estado, generando un déficit nominal, pese a los esfuerzos por registrar superávits primarios puntuales.
Esta situación reabre el debate entre aumentar los impuestos u otorgar más beneficios fiscales para atraer inversiones, algo que Pedro Henrique Buffolo Junior, socio de Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados, considera vital para dinamizar la economía.
Para el especialista en impuestos, el equilibrio es fundamental, pues cuanto mayor sean los beneficios otorgados a ciertos sectores, mayor tenderá a ser la carga sobre los demás para equilibrar los ingresos del Estado.
“El debate no debería centrarse simplemente en aumentar los impuestos o conceder más incentivos, sino en qué incentivos generan efectivamente la inversión y el desarrollo suficientes para justificar este costo frente a los demás contribuyentes”.
Destaca, además, que, al analizar un proyecto relevante, una empresa evalúa el retorno sobre el capital invertido, el período de recuperación, la infraestructura, los costos de financiación, la carga tributaria y la capacidad de operar de forma competitiva.
De allí que los analistas insistan en la necesidad de crear un entorno favorable para una buena relación riego-rentabilidad, el colchón idóneo para el aterrizaje del capital.
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Reforma tributaria: el reto de la implementación
Tras décadas de debate sobre uno de los sistemas de impuestos indirectos más complejos del mundo, Brasil comenzó la transición gradual hacia una nueva estructura tributaria. Este proceso deberá ser manejado con cautela por el nuevo gobierno dada la complejidad de su aplicación a escala empresarial, ya que requerirá modificar sistemas, documentos tributarios, registros, contratos, precios, procesos internos y flujo de caja.
Durante el periodo de transición, las empresas deberán operar bajo el régimen antiguo y el nuevo de forma simultánea, lo que elevará los costos de adaptación. Asimismo, la falta de definiciones oportunas sobre las alícuotas de referencia dificulta las operaciones presupuestarias, el cálculo de márgenes y la fijación de precios a mediano plazo.
Aparte de las interrogantes surgidas sobre la indefinición de la tasa impositiva, Buffolo Junior señala que un punto de especial atención es el aspecto financiero, dado el carácter no acumulativo de la reforma.
Aunque en la teoría este representa uno de los grandes avances del nuevo esquema, si una empresa acumula créditos y enfrenta dificultades para utilizarlos o recuperarlos, esto se convierte en un problema grave de flujo de caja y capital de trabajo que complejiza el clima de negocios.
“El éxito de la reforma no puede medirse únicamente por el mantenimiento de la recaudación fiscal. Necesitamos evaluar si realmente lograremos reducir la complejidad, mitigar la litigiosidad y consolidar un sistema que funcione operativa y financieramente para las empresas”.
Geopolítica pragmática: relaciones con China y Estados Unidos
Equilibrar las relaciones con Washington y el avance de Pekín en el ecosistema de negocios brasileño será otro punto neurálgico para Brasilia. Por ello, los especialistas sugieren evitar posturas dogmáticas o elecciones excluyentes entre las dos mayores potencias económicas del planeta.
“Brasil necesita una buena relación con ambos países, por lo que el nuevo gobierno debería adoptar una estrategia pragmática, profundizando los lazos económicos con China y Estados Unidos sin favorecer a un único socio. El enfoque debe estar en expandir el comercio, la inversión y el acceso a los mercados, al tiempo que se busca revertir la tendencia de desindustrialización en Brasil, lo cual será bastante desafiante”, acota Lucas Spadano, socio del área de comercio internacional de Madrona Advogados.
En esta misma línea coincide Pedro Henrique Buffolo Junior, para quien, si bien China ejerce una enorme influencia en el comercio exterior, Estados Unidos mantiene una relevancia clave en materia de inversiones, tecnología y cadenas industriales, por lo que mantener una relación óptima con ambos es el objetivo estratégico.
El sector agroindustrial sirve como ejemplo: cuando una parte sustancial de la producción depende del mercado externo, un cambio en las tarifas, una barrera comercial o una caída de la demanda en un país determinado pueden afectar drásticamente los precios, los márgenes y las decisiones futuras de inversión.
“Cuanto más diversificados estén nuestros destinos de exportación, proveedores y fuentes de inversión, menos dependeremos de las decisiones tomadas en una sola nación”.
Certidumbre y previsibilidad como ejes de desarrollo
Aunque Brasil ostenta ventajas competitivas envidiables, las perspectivas para los negocios están condicionadas por un complejo panorama macroeconómico y legal. El vencedor de las elecciones no solo enfrentará el reto de consolidar las reformas pendientes, sino también el de ofrecer certezas frente a la constante judicialización de las políticas públicas y de los marcos regulatorios en sectores clave como la transición energética y agroindustrial.
Ante este escenario, los asesores legales que asistan a empresas con operaciones o planes de expansión en Brasil deben considerar las siguientes pautas esenciales:
- Integrar la planificación jurídica en la estrategia de negocios: La evaluación legal, regulatoria, tributaria y ambiental debe ser un componente central desde la estructuración inicial del proyecto, y no una revisión posterior a la decisión de inversión.
- Auditar los riesgos sectoriales y locales: Dada la estructura federal brasileña, es crítico ponderar no solo las leyes federales, sino también las normativas e interpretaciones a nivel estatal y municipal.
- Establecer un blindaje contractual frente a cambios regulatorios: En proyectos de maduración a largo plazo, como infraestructura o energía, los contratos deben contemplar mecanismos claros de reequilibrio económico-financiero y cláusulas sólidas de resolución alternativa de disputas.
- Anticiparse a la transición fiscal: Es urgente estructurar las operaciones y los sistemas contables para absorber de manera ágil los cambios de la reforma tributaria y mitigar los riesgos derivados de la acumulación o recuperación tardía de créditos.
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