Después de 69 reuniones, la Comisión Parlamentaria de Investigación que desde abril de este año investiga las acciones gubernamentales para enfrentar la pandemia en Brasil, conocida como CPI Pandemia, aprobó un informe final de 1.289 páginas por el que acusó a 80 personas y dos empresas por una serie de delitos.
La CPI, además, presentó evidencia sobre cómo la gestión del presidente Jair Bolsonaro y sus tres hijos en la lucha contra el COVID-19 ha cobrado, hasta el momento, la vida de 606.000 brasileños. El presidente está acusado de al menos 9 delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad.
En una sesión que se inició en la mañana y se prolongó hasta las ocho de la tarde, los once miembros de la comisión —y otros suplentes del CPI— discutieron el texto. Este es apenas un resumen de testimonios, contiene más de doscientas violaciones de confidencialidad y más de 9.5 terabytes de datos. Al final, por siete votos a favor (Eduardo Braga, Renan Calheiros, Tasso Jereissati, Otto Alencar, Humberto Costa, Randolfe Rodrigues y Omar Aziz) y cuatro en contra (Luís Carlos Heinze, Eduardo Girão, Marcos Rogério, Jorginho Mello), el texto se dio como aprobado.
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Ahora las conclusiones de los senadores deben ser remitidas a varios organismos: la primera parada es en la Procuraduría General de la República (PGR), que podrá utilizar las pruebas reunidas por los senadores para sustentar una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro; la Cámara de Diputados, presidida por Arthur Lira (PP-AL), también debe recibir el informe de los senadores; y el Ministerio Público de São Paulo, que investiga Prevent Senior, también debería recibir representantes del CPI.
Situación penal de Bolsonaro
Pero ¿qué significa el resultado de la CPI?, ¿los culpables serán realmente castigados? LexLatin Brasil entrevistó a expertos para tratar de comprender hasta qué punto esta investigación tendrá repercusiones. Cabe anotar que en este caso se involucran actos con impacto en el orden público y que tienen consecuencias directas en la vida cotidiana y el destino de la población. Las acciones y omisiones de la presidencia han desencadenado infracciones y delitos que están en la agenda.
Conrado Gontijo, criminalista y doctor en Derecho Penal y Económico de la Universidad de São Paulo (USP), explica que las pruebas producidas por la CPI serán remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la encargada de presentar una denuncia penal.
"La práctica del homicidio por omisión quedó demostrada a lo largo de la investigación: hay una clara evidencia de que el presidente, aunque tenía la obligación y la posibilidad de actuar para mitigar la pandemia (incluso, mediante la adquisición de vacunas), optó por rechazar varias ofertas presentadas por empresas como Pfizer. Por tanto, están presentes todos los elementos necesarios para la configuración delictiva y, con base en un examen técnico del asunto, lo que se espera es que sea denunciado y posteriormente condenado por prácticas delictivas. Jair Bolsonaro cometió inequívocamente múltiples delitos de homicidio por omisión”, dice el abogado.
Sobre los delitos epidémicos, infracción de medida preventiva sanitaria, charlatanería, incitación al delito, falsificación de documentos privados, uso irregular de fondos públicos y malversación —todos tipificados en el Código Penal—, la presentación de la denuncia también corresponde a la PGR, porque los delitos fueron practicados en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República.
“Hay una demostración indiscutible de la práctica de todos estos delitos en las conductas concretas que demostró durante la pandemia. Incluso los estudios del profesor Miguel Reale Júnior, de la OAB, Grupo Prerogativas, entre otros, muestran indicios indiscutibles de prácticas delictivas. Por lo tanto, analizando la situación desde un punto de vista técnico, la perspectiva es que el presidente Jair Bolsonaro y todos los que se han asociado con él en su negación/querella criminal serán denunciados y condenados”, dice el criminalista.
En el caso de la imputación de un crimen de lesa humanidad, las pruebas recabadas por la CPI deben ser remitidas, mediante representación, a la Corte Penal Internacional. La dinámica de tramitación de casos en dicha Corte respeta criterios propios, pero es un hecho que se han comprobado los elementos necesarios para la configuración de crímenes de lesa humanidad.
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El castigo electoral
Para el politólogo André César Pereira no hay riesgo de que el informe "quede en nada" porque el daño político al presidente es innegable, especialmente en el período preelectoral. Incluso si las acusaciones se presentan al principio, las consecuencias y la culpa del presidente son irreversibles.
"Como la elección está muy cerca, ya se tiene el daño político. Además, se adelantan investigaciones en otras instancias. Esto se va a usar a lo largo de su campaña. Tiene impacto nacional e internacional, es posible que el presidente finalmente renuncie a su candidatura”, dice el politólogo.
Pereira considera que la CPI construyó una historia y hasta el guión de una película. Un factor importante es que la investigación se llevó a cabo durante la pandemia. "Es algo que involucra muertes, seres queridos, personas. No es solo robo o daño al erario público. Esto hace que la investigación sea más efectiva. Hay varios tipos de delitos que empañan cualquier reputación", dice.
El problema, apunta el experto, es el siguiente paso: cuando la CPI envíe la opinión a los órganos competentes.
"Una institución fundamental es la PGR y Augusto Aras, el procurador general. ¿Cómo se comportará? Es un dilema para él, ¿por qué? Porque -por un lado- no puede disgustar al presidente, porque quiere salir de la PGR y ser nominado al Tribunal Supremo Federal (STF). En cambio, si archiva el caso, se va a enfadar el Senado, el mismo organismo que necesita para ser elegido al momento de ser nominado a la STF. Esperará, intentará hablar y reprimirse lo más posible. La historia de André Mendonça [nominado a la Corte Suprema por Bolsonaro y que enfrenta resistencia del Senado] está por resolverse y hay indicios de que el presidente nombrará otro ministro 'terriblemente evangélico'", explica André César.
El futuro
Leandro Gabiati, socio de Dominium Consultoria, especialista en relaciones gubernamentales e institucionales, señala que el vacío de la CPI Pandemia como agenda movilizadora en Brasil se centra en dos grandes temas: la inflación, que permanece fuera de control, y la crisis energética, que puede agravarse en 2022.
A pesar de la presión pública, Gabiati ve menos daño de lo esperado en el mandato de Jair Bolsonaro. "Por supuesto, el gobierno se desgastó mucho, pero lo más probable es que ya haya puesto precio al desgaste y ahora que se acabó, no hay ningún hecho nuevo", dice.
El analista político dijo que todavía es necesario saber cómo la oposición abordará el tema a partir de ahora, pero ellos son los que más ganan de ahora en adelante.
Para los abogados penalistas, la Comisión tuvo razón al no crear tipificaciones ni ampliar demasiado el alcance de las investigaciones. Aunque concluyó que existía una verdadera 'política de desinformación' dentro del gobierno federal en relación con la lucha contra el COVID-19.
De acuerdo con André Galvão, abogado penalista y socio de Bidino & Tórtima Advogados, "el informe del CPI terminó reconociendo la ausencia de una clasificación penal específica para sancionar satisfactoriamente a las personas que contribuyeron activamente a la divulgación de información falsa".
Galvão entiende que la solución encontrada por la CPI para responsabilizar penalmente al administrador público de esta “política de desinformación” fue a través de la verificación de la práctica del delito omisivo. "La CPI acusó específicamente al extitular de la Secretaría Especial de Comunicación Social (Secom), Fábio Wajngarten, del delito de malversación, entendiendo que él, para satisfacer intereses personales, habría fallado indebidamente en la práctica de un acto oficial consistente en hacer campaña para promover las medidas preventivas entonces disponibles”, explica.
En opinión contraria, a decir de André Damiani, criminalista especializado en Derecho Penal Económico y socio fundador de Damiani Sociedade de Advogados, “el genocidio contra la población indígena y el homicidio contra la población en general nunca se consumaron, lo que no quita la gravedad sin precedentes de los hechos revelados. El informe tomó un camino seguro para sostener futuros cargos criminales. Al fin y al cabo, en el proceso penal, quien no quiere nada consigue”, comenta.
Conrado Gontijo coincide con la acusación de Bolsonaro por el delito intencional de una epidemia con resultado de muerte, sobre la acusación de haber agravado los efectos de la pandemia al retrasar deliberadamente la compra de vacunas. “La actitud que tomó el presidente, ya sea de manera activa, alentando a las multitudes y desalentando el uso de la máscara, agravó el escenario. Hay suficientes elementos para caracterizar el delito”, dice. “Hay elementos técnicos para iniciar un proceso penal y una denuncia”, añade.
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