La batalla legal entre Cuba y un fondo buitre: Habla por primera vez la defensa del Estado

Cuando en 2020 el fondo de capital de riesgo CRF 1 Limited reclamó a Cuba el pago de una deuda de más de 78 millones de dólares, el Estado de la isla más poblada de las Antillas debía responder la demanda ante los tribunales comerciales ingleses y no encontraba al despacho que asumiera su defensa, hasta que tocó la puerta de Dávalos Abogados. A cuatro años desde el inicio del conflicto, la abogada Lourdes Dávalos León, especialista en reestructuración de deuda e inversiones extranjeras, entre otras materias, y quien ha llevado el asunto, confirma una resolución definitiva: CRF no es acreedor del Estado de Cuba.

Hay casos que llegan a un despacho y, en ese mismo instante, algo cambia en la atmósfera. Son casos que no se ven todos los días, que no tienen antecedentes y que, desde el "vamos", marcan historia para los involucrados. Esto sucedió con Dávalos Abogados, cuando decidió estar al frente de un litigio histórico para la República de Cuba ante los tribunales de Londres: hace cuatro años el fondo de capital de riesgo CRF 1 Limited reclamó el pago de más de 78 millones de dólares por dos préstamos más sus intereses, estos habían sido otorgados al país por bancos europeos en la era de Fidel Castro.

La firma salvó a la isla de correr con la misma suerte que Argentina en la década de los 2000, cuando el fondo buitre Elliott Management Corporation volteó al país entero en los mercados internacionales. En ese entonces, el grupo de inversores fundado por Paul Singer había rechazado la propuesta para reestructurar la deuda y consiguió que el Estado argentino le pagara 1.300 millones de dólares por bonos que compró a 40 millones de dólares, mientras el país estaba en default.

“Con esta demanda, la estrategia de CRF era hacer valer su pretendida y tan anunciada condición de ´mayor acreedor´ de deuda soberana cubana, a pesar de que Cuba desconoce cómo y cuándo se ha hecho con ella, porque tanto el Banco Nacional de Cuba (BNC) como el Estado cubano nunca consintieron ninguna cesión de deuda a favor de CRF: hay una sentencia firme que estableció que CRF no es titular de garantías soberanas cubanas. La realidad es que lo único que se ha determinado irrefutablemente, después de 4 años de pleito, es que CRF no es acreedor de Cuba. Esta es probablemente la gran diferencia con el caso de Elliot y Argentina. Cuba no le debe nada a CRF”, sintetiza Lourdes Dávalos León, socia directora de Dávalos Abogados. 

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El ABC de la demanda

Hace casi cuatro años, CRF1 Ltd reclamaba ser titular de dos instrumentos financieros de deuda pública cubana, contraída en 1984.

¿Cuál es el antecedente de la deuda? Entre los 70 y los 80, Cuba tomó préstamos de Estados soberanos y prestamistas comerciales. El entonces Banco Central (actual BNC), suscribió, en 1984, dos instrumentos financieros de deuda pública e intervino como prestatario. Los prestamistas fueron el Credit Lyonnais Bank Nederland NV y el Instituto Bancario Italiano.

“CRF no tenía, ni tiene, ninguna relación con Cuba. Sin embargo, ellos mismos alegan ser los mayores tenedores de deuda soberana cubana”, explica Dávalos León, asesora de inversores extranjeros.

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Detalles de la batalla legal contra un fondo buitre

Un fondo buitre u oportunista (vulture fund) es una entidad comercial privada que adquiere deuda impaga (distressed) de otras entidades en dificultades económicas. 

“En el contexto de la deuda soberana, su estrategia consiste en adquirir deuda de países subdesarrollados o en vía de desarrollo a un precio mínimo, muy inferior a su valor nominal en el mercado secundario. El objetivo es reclamar, mediante demandas, embargo de activos o presiones políticas, y obtener un reembolso total de capital de la deuda, intereses, y honorarios legales. Por tanto, no se trata solo de reclamación, sino de cómo lo hacen y de qué comportamiento emplean para acometer las reclamaciones”, señala Lourdes Dávalos León.

De acuerdo con Dávalos León, quedó evidenciado que CRF fue creado con el único propósito de intentar adquirir deuda soberana cubana usando los métodos que hicieran falta.

"En el propio juicio de primera instancia, que fue público, se pudieron ver varias pruebas documentales, donde CRF planteaba su objetivo de bloquear a Cuba de los mercados financieros. Por eso, nuestra defensa se basó en que CRF cumple con la caracterización de un fondo buitre, reconocida internacionalmente por expertos independientes de la ONU. El fondo buitre buscaba una sentencia contra Cuba usando los tribunales ingleses para rentabilizar su inversión a más del 1000% sobre lo que supuestamente había pagado en el mercado: quería ahogar financieramente al Estado, mediante una sentencia en rebeldía, a sabiendas de que CRF no tiene ningún crédito frente a Cuba”, explaya Dávalos León, socia directora de Dávalos Abogados.

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La Alta Corte de Inglaterra y Gales determinó que CRF no era acreedor del Estado Cubano en un fallo del 4 de abril de 2023, a través de la jueza Sara Cockerill, con una sentencia en primera instancia. Entonces Cuba ganó el pleito en Londres, pero no sucedió lo mismo con el Banco Nacional de Cuba.

“CRF pretendía condenar a Cuba alegando que el Estado era garante de unos instrumentos financieros. En defensa de Cuba, presentamos un jurisdiction challenge bajo la ley inglesa de inmunidad soberana, y objetamos que CRF fuese titular de garantías del Estado, con argumentos de ley cubana. Nuestro caso prosperó a favor de Cuba y así lo reconoció el tribunal de primera instancia en Londres. CRF no es ni nunca ha sido acreedor de Cuba: el Estado cubano ganó porque se demostró que jamás consintió la concesión de garantías. No hay documentos que prueben lo que alegaba CRF y, por tanto, no es dueño de las garantías para poder reclamar. Eso quedó claro y ya es cosa juzgada. De hecho, no apelaron”, explica la abogada.

Si bien le dio la razón a Cuba, Cockerill no tuvo en cuenta el concepto de´fondo buitre´, ya que el foco estaba puesto en determinar si CRF era o no era acreedor de Cuba.

“Ahora estamos tramitando el recurso interpuesto por BNC contra la sentencia dictada por Cockerill. Nuestros motivos de apelación se basan en la existencia de errores de apreciación de las pruebas presentadas por BNC contra las alegaciones de CRF. El juicio de primera instancia fue para resolver un incidente de impugnación a la jurisdicción, o de previo y especial pronunciamiento, sin entrar en el conocimiento, discusión y prueba del fondo del asunto. Por eso, el Tribunal de Apelación inglés concedió a BNC el permiso para apelar en octubre del 2023, y luego de que cada parte presentara sus argumentos por escrito, las sesiones de audiencia se llevaron a cabo a fines del mes pasado. A pesar de que no hay un plazo legal establecido para dictar y notificar a las partes la sentencia, esperamos que el Tribunal de Apelación emita su resolución antes de fin de año”, comparte Lourdes Dávalos León.

El Estado de Cuba ganó pero, ¿qué está en juego para el BNC?

La resolución del Tribunal de Apelaciones sobre el Banco Nacional de Cuba determinará si el cliente de Dávalos Abogados continúa o no hacia un proceso de fondo sobre la reclamación de la deuda de CRF.

“Si el Tribunal de Apelación decidiese mantener la sentencia de primera instancia a favor de CRF, el fondo podría continuar con la reclamación y entrar en un proceso para resolver el fondo del asunto. Entre otras cuestiones jurídicas, habría que determinar si la deuda existe o no, si la deuda es exigible o no y si el importe reclamado es ese o no. Todo ello sería otra fase larga, que se desconoce si va a tener lugar, pero, en ella, el BNC tiene muy definida cuál sería su posición al respecto. Si la decisión en apelación fuera favorable a BNC, CRF no podrá volver a demandar al BNC en el Reino Unido alegando ser su acreedor por estos créditos. Por tanto, de la sentencia del Tribunal de Apelación en ningún caso saldrá una obligación directa de pago de BNC al fondo buitre bajo los instrumentos financieros que alega poseer. La decisión solamente determinará si BNC se libera de este proceso legal iniciado por CRF o si continúa ante la jurisdicción inglesa para conocer y decidir el fondo del asunto”, expone Dávalos León.

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Protección de datos, fake news, sanciones de Estados Unidos y pandemia de coronavirus: los desafíos tras bastidores de representar a Cuba

Cuba necesitaba un representante en Europa con conocimientos de la ley cubana. Cuando el caso llegó a Lourdes Dávalos León, Dávalos Abogados no existía, pero la contactaron por su know how: es cubana, con doble titulación en La Habana y Madrid, y tiene experiencia en derecho societario internacional, derecho bancario y financiero, reestructuración de deuda e inversiones extranjeras.

El caso la impulsó a fundar Dávalos Abogados, el primer despacho boutique español especializado en transacciones entre España y Cuba.

“En la creación del equipo legal vivimos momentos muy tensos, porque varios despachos internacionales con práctica en Londres rechazaron defender a nuestros clientes debido a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos contra Cuba. Aquello nos alarmó, ya que esas normas extraterritoriales estaban poniendo en riesgo un derecho fundamental: el derecho a la defensa jurídica y la tutela judicial efectiva”, recuerda.

La complejidad de crear un equipo casi les cuesta caro: estuvieron a punto de ser declarados en rebeldía por no llegar a tiempo al proceso, en pleno lockdown por la pandemia de coronavirus.

“No teníamos abogados locales en Londres que estuvieran dispuestos a representar los intereses de nuestros clientes ante los tribunales ingleses”, afirma.

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Para Lourdes Dávalos León, el networking entre abogados y asesores financieros es clave en asuntos multi-jurisdiccionales.

“En este caso, ha sido angular contar con el apoyo de los abogados ingleses, que son los que deben hacer valer los derechos de nuestros clientes ante los tribunales del foro inglés. Pudimos hacer equipo bajo una enorme presión en plazos gracias a la amplia red de contactos desarrollada en los años de práctica. La boutique de litigación PCB Byrne fueron nuestros solicitors, y los barristers de la Essex Court Chambers aceptaron formar parte del equipo de defensa que necesitábamos en Londres”, detalla.

Durante el litigio, el equipo recibió amenazas de muerte y se enfrentó a una catarata de fake news.

“Este tipo de pleitos generan exposición mediática. No podemos esconder que la presión mediática es un tema complicado de gestionar en cualquier ámbito, pero los abogados debemos concentrarnos en nuestra materia y no desviar la atención del trabajo principal: asesorar y aportar valor añadido en el management del caso, crear estrategia y dar apoyo al cliente en todo lo que necesita. Convertir un caso como este, precioso para la innovación jurídica y netamente complejo del derecho mercantil, en un juego para hacer difamación y campaña política. Es penoso: hemos recibido hate y difamación, pero la falsedad no llega lejos. Hay que mantenerse tranquilos y dejar que los expertos en comunicación hagan su trabajo, el silencio no es una buena estrategia”, sentencia Dávalos León.

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Extracto de la entrevista

LexLatin: ¿Cómo han ido evolucionando las tácticas de los fondos de capital de riesgo a lo largo del tiempo?

Lourdes Dávalos León: En este caso, no hemos visto que el fondo buitre haya cambiado ni innovado en sus tácticas. De hecho, lo que hace CRF es un clásico. En general, las tácticas de un fondo buitre, más o menos agresivas o incluso ilegales, van en función del presupuesto que tengan para gastar en su ataque, intentando el recobro de aquello que alegan que es suyo. 

Ya vimos que con Cuba no funcionó esa estrategia, porque nuestra defensa fue implacable y nuestro equipo estaba bien preparado, así que seguimos trabajando con fuerza y optimismo en defender al BNC, ya en fase de apelación.

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¿Qué medidas podrían tomar los Estados latinoamericanos para prepararse mejor ante posibles litigios con fondos de capital de riesgo? 

Lourdes Dávalos León: Los países latinoamericanos han estado históricamente arrastrando los problemas de la deuda externa, ya sea con otros Estados o con acreedores privados internacionales. La deuda externa en manos de otros Estados soberanos se gestiona de forma diferente: los gobiernos que actúan como acreedores no venden sus créditos a fondos buitres.

Sin embargo, el llamado ´mercado secundario de deuda soberana´ supone un riesgo enorme para los países más pobres y en vías de desarrollo, porque los bancos o acreedores institucionales se deshacen de carteras de créditos y las venden a precio de saldo para liquidar provisiones financieras antiguas que afectan los balances. Muchas veces esas ventas de carteras se producen como consecuencia de requerimientos de la normativa bancaria. Ahí es donde llegan los fondos buitres como el mejor postor para adquirir esos créditos, y los deudores, que son países con una economía debilitada, quedan expuestos a lo desconocido.

Es importante que las instituciones públicas gubernamentales, que manejan o gestionan deuda soberana en cada país, tengan procedimientos de control interno estrictos para vigilar esas posibles cesiones de créditos hacia acreedores no deseados. Dadas las malas experiencias que se han vivido, y teniendo en cuenta las prácticas disruptivas que emplean los fondos buitres para el recobro de la deuda distressed, existe la tendencia de aprobar normas que prohíben la entrada de fondos buitres en la adquisición de deuda. 

Para un Estado es importante saber quién es su acreedor y tener la potestad de aceptarlo o no: controlar en manos que quién cae una deuda soberana es de gran relevancia, no solo por el impacto económico y las consecuencias que puede traer para la economía, sino por el riesgo que atañe para la soberanía del Estado y del pueblo. Pretender retornos a la inversión de más del 1000 % a costa de derechos humanos, como el acceso a la salud y a la educación, no debería permitirse.

El manejo de la deuda soberana supone la concesión de la más alta confianza. Si bien un banco o establecimiento financiero presta servicios generales, y asume compromisos financieros internacionales, no por ello el Estado los asume. Para los Estados se requiere un proceso de cautela para elegir el destinatario de su obligación. Se trata de una relación intuitu personae, o sea aquella existente entre dos o más personas en una determinada circunstancia, que no puede ser transportada o transferida a terceros, pues depende específicamente de las personas involucradas y de su comportamiento de cara al mercado. 

Hoy no existe un tratado internacional, ni siquiera best practices, que amparen una reestructuración ordenada de la deuda soberana con todos los stakeholders, a pesar que desde hace décadas se debate sobre ello en foros multilaterales, como el FMI y la ONU. Mientras tanto, los Estados soberanos latinoamericanos deberían adoptar legislación “anti-fondo buitre”, como ya ha pasado en algunos países europeos: Bélgica es pionero en esta materia.

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¿Qué aprendizajes han tenido sobre la gestión de tiempo y recursos en casos de este tipo, de alta complejidad?

Lourdes Dávalos León: La experiencia nos ha enseñado que lo primero es tener al equipo correcto. El recurso humano del que te rodees para gestionar un caso de esta magnitud, lo define todo. Cada uno de los profesionales que participamos desde La Habana, Madrid y Londres cumplimos un rol específico e indispensable que, en su conjunto, encajó como un rompecabezas y funcionó como un reloj, con precisión milimétrica.

Considero que hemos aprendido a escuchar más y mejor, y a integrar criterios de profesionales de una excelente calidad, que son la base de nuestro éxito.

El trabajo en este caso nos ha permitido reforzar nuestras destrezas en gestionar abogados de diferentes sistemas y culturas jurídicas (common law y civil law), con criterios muy distintos sobre la misma materia, y donde el reto de hacer que todo cobre sentido, para que encaje con la estrategia que necesitan los clientes, es una tarea titánica. Y esto último, para Dávalos Abogados, y para mí personalmente, nos ha supuesto un altísimo grado de responsabilidad que nos hace superarnos a nosotros mismos todos los días.

Representar a la República de Cuba y al Banco Nacional de Cuba frente a CRF posicionó al despacho de un lado del mostrador. ¿Cómo ha influido este precedente y qué nuevas oportunidades de negocio trajo para la firma?

Lourdes Dávalos León: Cuando defiendes a un Estado y a un banco de capital público, te posicionas de un lado de la mesa, porque las estrategias de defensa y los intereses son claramente opuestos a las que tienen los fondos buitre, que viven de poner este tipo de reclamaciones. Estar del lado del Estado cubano, ayudándolos a salir de un pleito de tanto riesgo, ha sido un reto; y estamos preparados para seguir con la defensa del BNC.

Una de nuestras prácticas principales es apoyar y asesorar proyectos de inversión extranjera en Cuba, ese es nuestro core business, así que tener la oportunidad de que Cuba sea cliente, nos da la posibilidad de conocer otro enfoque, otras formas de ver cómo funcionan las instituciones, y nos aporta una visión única en entender las necesidades del país.

Ser expertos en deuda soberana y litigios internacionales vinculados a esta materia, es efectivamente una práctica en la que ya estamos creciendo y destinando muchos recursos. Creemos que estamos bien posicionados y hemos logrado entrar dentro de un pequeño y exclusivo grupo de firmas internacionales que a nivel mundial se dedican a esta práctica. Históricamente, los líderes en representar a Estados en proceso de deuda soberana han sido despachos muy potentes de Nueva York o Londres, porque la mayoría de las grandes financiaciones con componente soberano están sometidas a New York law o English law. 

Dávalos Abogados es una boutique jurídica enfocada en el asesoramiento de transacciones y procedimientos complejos vinculados con y hacia Cuba. Por tanto, haber recibido la confianza del Estado cubano y BNC para representar y coordinar el equipo legal que atiende el caso desde La Habana, Madrid y Londres, lleva implícito para nosotros un reconocimiento en este campo y es, en consecuencia, una responsabilidad que llevamos con orgullo.