21/11/2025
En Argentina, hace poco más de 51 años, el 24 de junio de 1974, entró en operación el primer reactor nuclear de América Latina. Desde entonces, la Central Nuclear Atucha I, ubicada en la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, produce energía limpia que alimenta al Sistema Argentino de interconexión (Sadi) para llevar electricidad a la población.
Además de Argentina, que actualmente cuenta con tres centrales nucleares (Atucha I, de 362 MW; Atucha II, de 475 MW, también ubicada en Lima, y la Central Embalse, de 656 MW, ubicada en la provincia de Córdoba), Brasil, con las centrales nucleares Angra 1 y 2, y México, con la Laguna Verde, aportan un 1,9 % de la energía nuclear producida en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), correspondientes a junio de este año.
Estos tres países latinos entran en el grupo de 31 naciones que cuentan con reactores en operación, con una capacidad total de 380 GW, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA), que no obstante y desde hace varios años reconoce una curva descendente en el aporte global de la energía nuclear por diversas razones, entre ellas, políticas, tecnológicas, de mercado o ligadas a los graves accidentes de Chernobyl, en 1986, y de Fukushima, 25 años después.
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A pesar de que su aporte a la matriz energética pareciera no ser significativo, la energía nuclear está tomando auge en la región y el mundo desde hace unos cuatro años y especialmente a partir de la COP28, celebrada en Dubái a finales de 2023, en la que 22 países de cuatro continentes, se comprometieron a triplicar la potencia nuclear instalada hacia 2050 considerando su papel clave en la descarbonización.
Más allá de la región latinoamericana, Bélgica, por ejemplo, derogó una ley de 2003 que la obligaba a abandonar la energía nuclear a finales de este año, pese a las críticas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace. El clima político europeo favorable a la energía atómica también parece haber influenciado a Italia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y a los de Europa del Este. Japón anunció este viernes que reabrirá Kashiwazaki-Kariwa, la central nuclear más grande del mundo. Según la OEIA, actualmente 15 países, entre los que se cuentan Bangladesh, Turquía y Egipto, están construyen centrales con una capacidad conjunta de 65 GW.
La sequía y los consecuentes apagones que han afectado en los últimos años a países como Colombia, Ecuador, altamente dependientes de la hidroelectricidad, y El Salvador, ha llevado a algunos a analizar esta alternativa, luego de haber agotado otras como la hidráulica y solar y de enfrentar limitaciones territoriales para la geotermia, en el caso de El Salvador. Este impulso implica preparar normativas legales, como la Ley de Energía Nuclear de El Salvador y una iniciativa similar en Colombia, firmar convenios internacionales que permitan usar este tipo de energía con fines pacíficos, además de capacitar personal, lo que va dejando atrás la satanización que la marcó por mucho tiempo en la región y el mundo.
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Señales de un resurgir
Visto el interés de países de la región en la energía nuclear como no sucedía en años, la Olade no duda de que en Latinoamérica hay un renacimiento por incorporar la energía nuclear en la matriz eléctrica y las razones que lo explican son tecnología nueva (reactores nucleares pequeños o SMR) menos complejos y económicos en comparación con las viejas centrales nucleares, y que se están abordando temas como la seguridad e incluso por soberanía energética, entre otros.
Incluso, se cree que la masiva incorporación de energías renovables no convencionales que ha habido en la región precisa de la habilitación de fuentes no carbónicas de potencia firme, a lo que puede aportar la energía nuclear.
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“La región es líder en materia de energías limpias y la nuclear contribuye en esa perspectiva”, expresaba Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Olade, en un foro realizado a finales del año pasado.
Más recientemente, en septiembre de este año y reconociendo el valor estratégico de la energía nuclear, CAF y la OEIA suscribieron un memorándum de entendimiento a tres años para promover aplicaciones de la tecnología nuclear para la protección del medio ambiente, la seguridad energética y la descarbonización regional. Como parte del acuerdo, CAF recibirá asistencia técnica de la OIEA para fortalecer su base de conocimiento y capacidades especializadas en múltiples aspectos de la tecnología nuclear, como la planificación energética integral, el desarrollo de infraestructura crítica, la innovación tecnológica y la gestión segura de desechos radiactivos. Además, se plantea el desarrollo de marcos regulatorios sólidos y la promoción del uso seguro y pacífico de la tecnología nuclear.
La OEIA también ha venido trabajando muy de cerca con países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Argentina y Perú, con los que ha firmado acuerdos de cooperación en materia de minería de litio y otros metales raros necesarios en la industria nuclear.
Este año, el interés que ha despertado la energía nuclear en la región se ha visto reflejado también en operaciones de fusiones y adquisiciones. Es así como, a mediados de octubre, Eletrobras firmó la venta de na participación mayoritaria en Eletronuclear a J&F Investimentos.
En Argentina está planteada la venta del 49 % de la estatal Nucleoeléctrica para incorporar a inversionistas privados en la gestión y explotación de servicios nucleares. Sin embargo, está por verse, pues la operación enfrenta, al menos, dos amparos judiciales.
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La experiencia de Argentina
El país tiene una amplia trayectoria en generación nuclear a través de Atucha I (con capacidad instalada de 362 MW); Atucha II (de 745 MW), también ubicada en Lima, y la Central Embalse (de 656 MW), localizada en la provincia de Córdoba.
Con una potencia instalada total de 1755 MW, la participación de la energía nuclear en la matriz energética local es de aproximadamente el 8 %. Datos de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) indican que el mayor peso en la matriz de generación eléctrica en Argentina lo tiene la generación de fuente térmica, que participa con un 41%. Le sigue la generación hidroeléctrica con un 30 % y la energía de fuente renovable con un 21 %, que ha ido aumentado debido principalmente al impulso que le han dado las políticas públicas de promoción del sector, incluyendo las leyes 26.190 y 27.191.
Manuel Goyenechea, socio de Díaz Bobillo, Vittone, Carassale, Richards & Goyenechea, comenta que, si bien en los últimos años la energía nuclear ha ido perdiendo relevancia en el mercado interno debido a la fuerte dependencia de la matriz de generación eléctrica nacional de las centrales térmicas y al avance de la participación de las energías de fuente renovable, en 2024 Argentina registró un récord de generación nuclear (10.449 GWh) a partir del reingreso en operación de Atucha II (que estuvo fuera de operación entre octubre de 2022 y agosto de 2023) y antes de la salida de operación de Atucha I (en octubre de 2024, con la finalización de su primer ciclo de vida útil. La central volvería a operar en 2027). En promedio, en el último quinquenio, la generación nuclear provino en un 49 % de Embalse, 27 % de Atucha II y 24 % de Atucha I.
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Regulaciones
Argentina ha suscrito numerosos tratados y cuenta con normas locales que regulan el uso pacífico de la energía nuclear. Entre los tratados internacionales más importantes está el Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), al que se adhirió en 1995 a través de la Ley 24.448. También destaca el Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina como zona libre de armas nucleares, que fue aprobado por la Ley 24.272 (1991).
Además, es parte contratante de un acuerdo bilateral con Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear” aprobado por la Ley 24.046 (1991), el ‘Acuerdo Cuadripartito’ entre Argentina, Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aprobado por Ley 24.113 (1992), que establece salvaguardias internacionales conjuntas y permite a la OIEA verificar el uso pacífico de los materiales nucleares y que no se produzca desviación alguna de materiales nucleares hacia armas nucleares.
También ha aprobado diversas convenciones como la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por la Ley 24.776 (1997), la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada por la Ley 23.620 (1988), la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y de los Residuos Radioactivos, aprobada por la Ley 25.279 (2000).
Además, ha dictado la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley 24.804, del año 1997) y su Decreto Reglamentario No 1390/98, que designan a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como el organismo responsable de controlar, licenciar y fiscalizar todas las actividades nucleares del país, y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que tiene a su cargo las funciones de investigación y desarrollo de las actividades nucleares. La norma establece que toda actividad nuclear de índole productiva y de investigación y desarrollo que pueda ser organizada comercialmente, puede ser desarrollada tanto por el Estado Nacional como por el sector privado.
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El país proyecta convertirse en el líder global en el uso pacífico de la energía nuclear a través del Plan Nuclear Argentino, presentado a finales del año pasado, un proyecto de largo plazo a ser desarrollado en tres fases:
- Diseño y construcción, con financiamiento privado, de un reactor modular de 300 MW (tipo ACR-300) y de una planta para albergar cuatro unidades de ese tipo en el complejo nuclear Atucha.
- Avance hacia la exportación de reactores, en conjunto con el combustible (uranio).
- Atracción de inversiones extranjeras para proyectos tecnológicos (clústeres de inteligencia artificial), con utilización de energía nuclear.
En septiembre de este año, el Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 695/25, autorizó el procedimiento de privatización parcial (del 49 % del capital accionario) de Nucleoléctrica Argentina S.A. (NASA), que tiene a su cargo el gerenciamiento y la explotación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Goyenechea explica que esta medida está orientada a incorporar capital privado, así como también a mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga fiscal estatal, manteniendo el Estado Nacional el control mayoritario de la sociedad.
Mientras, se aguarda que se avance en el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 44 % de acciones (el restante 5 % estará destinado a un Programa de Propiedad Participada).
Otro asunto que resalta el socio de Díaz Bobillo, Vittone, Carassale, Richards & Goyenechea es que Argentina cuenta con numerosos recursos de uranio y, si bien no hay extracción nacional de este desde finales de la década de los noventa, existe un importante potencial geológico y una sólida capacidad técnica a través de la CNEA, con amplia trayectoria en exploración y procesamiento de este elemento químico metálico uranio. Aunque no están en ejecución, pero sí muestran diversos grados de avances, los proyectos existentes en provincias como Chubut, Río Negro, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, impulsados por la CNEA y empresas internacionales, están sujetos a la viabilidad económica y regulatoria de cada jurisdicción, como señala el abogado.
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A esto suma que Argentina cuenta con una planta de producción de agua pesada a gran escala (con capacidad de 200 toneladas anuales grado reactor), ubicada en Arroyito, provincia de Neuquén, operada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (Ensi), propiedad del gobierno provincial y de la CNEA. Aunque la planta se encuentra paralizada desde 2017, indica que se mantienen trabajos de mantenimiento para conservar el equipamiento en condiciones operativas y mantener el conocimiento especializado, a la vez que se realizan gestiones con el objeto de lograr acuerdos de provisión en el exterior que faciliten su reapertura.
El caso de Brasil
La energía nuclear ocupa un lugar estratégico, si bien proporcionalmente modesto, en la matriz eléctrica brasileña, de acuerdo con Brunno Vasconcelos, socio do Serur Advogados. Angra 1 y Angra 2, operadas por Eletronuclear, subsidiaria de propiedad mixta de la estatal Eletrobras, en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, son las centrales nucleares de Brasil, responsables de aproximadamente el 2,5 % de la generación eléctrica nacional, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable durante la última década, lo que —en su opinión— refleja una política de continuidad, pero también de prudencia en la expansión nuclear.
“A pesar de su pequeña participación cuantitativa, la energía nuclear desempeña un papel cualitativo esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico, especialmente en épocas de crisis hídrica”.
Para Vasconcelos, al ser una fuente firme y de carga base, la energía nuclear no depende de variables climáticas y opera con un factor de capacidad superior al 90 %, lo que la convierte en una valiosa alternativa complementaria para sostener el sistema durante períodos de sequía.
Destaca que el Plan Decenal de Expansión Energética (PDE 2034), de la Compañía de Investigación Energética (EPE), reconoce a esta fuente como fundamental para la transición energética hacia bajas emisiones de carbono, y proyecta que, con la puesta en marcha de Angra 3, la capacidad nuclear instalada podría aumentar de 2 GW a aproximadamente 3,4 GW para principios de la próxima década. Además, el país está explorando otras áreas de investigación, como los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).
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Paralelamente, el país invirtió en la integración vertical del ciclo del combustible nuclear, especialmente con la planta de enriquecimiento de uranio de Resende (RJ), operada por Indústrias Nucleares do Brasil (INB), y el Reactor Multipropósito Brasileño (RMB), en construcción en Iperó, estado de São Paulo, que ampliará la capacidad nacional de investigación y producción de radioisótopos. “Estos avances consolidan el liderazgo brasileño en todas las etapas del ciclo nuclear (desde la extracción hasta la generación de energía), bajo estrictas salvaguardias internacionales”.
Si bien Brasil no ha expandido significativamente su capacidad instalada desde 2001, la consolidación institucional, derivada especialmente de la creación de la ANSN (Ley 14.222/2021) y la actualización de la Política Nuclear Brasileña (Decreto 9.600/2018), ha fortalecido la gobernanza y preparado el terreno para nuevas inversiones.
“Por ello, la energía nuclear representa hoy una fuente muy importante para el sistema eléctrico brasileño, tanto por su papel complementario con respecto a las fuentes renovables intermitentes, como por su importante contribución a los compromisos de neutralidad climática para 2050”.
Vasto entramado legal
Vasconcelos asegura que Brasil cuenta con un sólido marco jurídico para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear, que combina los compromisos internacionales de no proliferación con una estructura nacional de regulación técnica, seguridad y transparencia.
A nivel internacional, el país es signatario de del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), así como del Acuerdo Cuatripartito, firmado en 1991 entre Brasil, Argentina, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y la OIEA, y promulgado en 1994.
Otros compromisos internacionales importantes incluyen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, la Convención sobre Seguridad Nuclear y la Convención Conjunta sobre la Seguridad del Combustible Gastado y la Gestión de los Desechos Radiactivos.
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Además, mantiene acuerdos bilaterales de cooperación nuclear con países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá y Argentina, con el objetivo de intercambiar tecnología, investigación y capacitación.
En el ámbito nacional, la Constitución Federal de 1988 establece que la Unión tiene el monopolio de las actividades nucleares y garantiza que su uso se realice exclusivamente con fines pacíficos y determina que toda actividad nuclear en territorio nacional depende de la aprobación del Congreso Nacional, aparte de prever la responsabilidad civil estricta por daños nucleares, aplicando el principio de riesgo integral. Asimismo, en 2018, el Decreto N° 9.600 consolidó la Política Nuclear Brasileña (PNB) y creó el Comité para el Desarrollo del Programa Nuclear Brasileño (CDPNB).
Para el socio de Serur, la modernización regulatoria se profundizó aún más con la promulgación de la Ley N° 14.222/2021, que creó la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), un organismo autónomo especial adscrito a la Presidencia de la República que asumió las funciones regulatorias que antes desempeñaba la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), haciéndose responsable del licenciamiento e inspección de las instalaciones nucleares, la estandarización de las normas de seguridad radiológica y la coordinación de las acciones en emergencias nucleares. Mientras que la CNEN conservó sus responsabilidades en materia de investigación, producción de radioisótopos y capacitación técnica.
El licenciamiento ambiental de las instalaciones nucleares corresponde al IBAMA, que evalúa los impactos y supervisa las medidas de mitigación y seguridad, como en el caso de la central Angra 3 y el Proyecto Santa Quitéria, en el estado de Ceará, en tanto que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) regula las tarifas y la estructura económica de las centrales nucleares, garantizando el equilibrio financiero del sector electronuclear y la previsibilidad de la remuneración por la energía generada. Externamente, la OIEA y el ABACC realizan inspecciones conjuntas y verificaciones in situ en instalaciones como las centrales nucleares de Angra, la planta de enriquecimiento de uranio de Resende (RJ) y las unidades del INB en Caetité, en Bahía.
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Internamente, la ANSN se encarga de la concesión de licencias y la supervisión de la seguridad técnica, mientras que el CNEN supervisa el uso de radioisótopos y el transporte de materiales radiactivos. El IBAMA, por su parte, supervisa los aspectos ambientales y los planes de emergencia, y la ANEEL supervisa la reutilización de materiales radiactivos. Regulación arancelaria.
Vasconcelos señala que un aspecto singular del sistema brasileño es la protección tecnológica aplicada a la planta de enriquecimiento de uranio de Resende, que permite a la OIEA monitorear la cantidad y el flujo de uranio sin acceso directo a la tecnología patentada desarrollada por la Marina brasileña, modelo que se considera un ejemplo de transparencia con soberanía tecnológica. El país mantiene un historial sin desvíos de material nuclear, uno de los más respetados en el sistema internacional de salvaguardias, de acuerdo con el abogado.
“En este contexto, resulta evidente que el conjunto de tratados internacionales, normas constitucionales e instituciones especializadas garantiza que el programa nuclear brasileño opere bajo un régimen de control riguroso, transparente y cooperativo”, señala al agregar que Brasil combina firmes compromisos internacionales de no proliferación con autonomía tecnológica soberana, lo que lo posiciona como un referente mundial en el uso pacífico y responsable de la energía nuclear, conciliando seguridad, desarrollo y sostenibilidad.
Desafíos
A pesar de los avances que tiene en materia de energía nuclear y del trabajo que viene haciendo para desarrollar esta industria, Goyenechea refiere que Argentina enfrenta desafíos estructurales derivados de la falta de armonización normativa y consenso entre las provincias y la nación.
“Numerosas provincias, que tienen el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio, no se han alineado a la planificación nacional, imponiendo restricciones a la actividad nuclear y en algunos casos prohibiciones a la instalación de centrales nucleoeléctricas dentro del territorio provincial”, comenta al advertir que la posibilidad de salvar ese escollo dependerá de una política nuclear a largo plazo, a la cual deberán adherirse tanto la nación como las provincias, de manera tal de armonizar la legislación federal con la legislación provincial.
La trayectoria de la energía nuclear brasileña comenzó en la década de 1970, cuando el país firmó el Acuerdo Nuclear Brasil-Alemania (1975), que preveía la construcción de ocho centrales nucleares y el dominio progresivo del ciclo del combustible. Sin embargo, de ese programa solo se concretaron Angra 1, inaugurada en 1985, y Angra 2, finalizada en 2001, tras retrasos y ajustes presupuestarios. Desde entonces, la expansión del parque nuclear ha avanzado gradualmente. El proyecto Angra 3, iniciado en la década de 1980 y reanudado en 2010, sigue siendo el principal desafío del sector, según el socio de Serur.
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La construcción de la que sería la tercera central nuclear brasileña se detuvo en 2015 en el marco de la Operación Lava Jato y la crisis fiscal, y desde entonces, el gobierno federal ha estado analizando alternativas de financiación y modelos regulatorios para su finalización. En 2024, Eletronuclear completó nuevos estudios de viabilidad técnica y económica, que fundamentan las conversaciones actuales sobre la reanudación del proyecto.
Vasconcelos señala que, a pesar de la evolución que ha tenido la energía nuclear en los últimos años, el reto, a partir de 2025, es transformar la base consolidada en un crecimiento efectivo de la capacidad, conciliando la viabilidad económica, la innovación tecnológica y el compromiso ambiental.
En su criterio, el sector nuclear brasileño atraviesa un periodo de reorganización institucional y reestructuración regulatoria, pues si bien el país cuenta con uno de los marcos legales más consistentes de América Latina, la expansión de la infraestructura nuclear —ya sea para la generación de electricidad o para aplicaciones médicas e industriales— aún enfrenta desafíos complejos relacionados con la gobernanza, la coordinación entre organismos y la sostenibilidad económica de los proyectos.
Entre los desafíos también menciona la consolidación total de la Autoridad Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), que, a pesar de los avances institucionales, aún se encuentra en proceso de estructuración administrativa, ajuste de personal técnico y consolidación presupuestaria. La nueva autoridad necesita armonizar su normativa con los estándares internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), revisar las antiguas resoluciones del Consejo Nacional de Energía Nuclear (CNEN) y modernizar los procesos de licenciamiento, inspección y supervisión de las instalaciones nucleares. “Este trabajo es fundamental para generar previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica para las nuevas inversiones”.
Otro desafío recurrente es la integración entre el licenciamiento nuclear, a cargo de la ANSN, y el licenciamiento ambiental, bajo la responsabilidad del IBAMA. Cada proceso tiene requisitos y plazos específicos, lo que a menudo genera etapas superpuestas, retrasos e incertidumbre para los empresarios, comenta al puntualizar que proyectos de gran envergadura, como la central nuclear de Angra 3 o el Proyecto Santa Quitéria, ejemplifican esas dificultades.
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Un asunto que —asegura— merece atención es la necesidad de definir modelos de financiación y fijación de precios, pues la naturaleza a largo plazo y el elevado costo de los proyectos nucleares exigen un modelo económico-regulatorio estable, en lo que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y el Ministerio de Minas y Energía (MME) han estado buscando soluciones para equilibrar el atractivo para el sector privado y la sostenibilidad tarifaria.
Vasconcelos comenta que el caso de Angra 3, cuya construcción se interrumpió en 2015 y cuya reanudación se debate desde 2023, ilustra este desafío, dado que todavía no existe consenso sobre el modelo de financiación: si mediante inversión pública, colaboración público-privada o capital mixto. La falta de claridad en cuanto a la clasificación tarifaria y la rentabilidad de la inversión es señalada por los expertos como uno de los principales obstáculos para la expansión del parque nuclear, advierte.
Finalmente, la identificación y el otorgamiento de licencias para nuevos emplazamientos de futuras centrales nucleares también requieren un marco regulatorio mejorado. El Decreto N° 9.600/2018, que estableció la Política Nuclear Brasileña, exige que la CDPNB (Comisión Nacional de Energía Nuclear) realice estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para seleccionar nuevas ubicaciones. Para 2025, el gobierno federal ya había mapeado áreas potenciales en las regiones noreste y sureste, pero la decisión sobre nuevos proyectos depende de la armonización regulatoria y el diálogo con las comunidades locales, explica.
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