24/06/2026
Mientras la Cámara de Diputados de Argentina debate el Súper RIGI, propuesto por el gobierno del presidente Javier Milei, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se somete su primera prueba de estrés.
Creado en 2024 mediante la Ley de Bases (Ley 27.742), el RIGI atraviesa una etapa clave de implementación. Desde su entrada en vigencia y hasta este mes, se han anunciado más de 30 proyectos bajo el régimen, la mayoría concentrados en los sectores minero y de hidrocarburos. Según datos del Observatorio RIGI, estas iniciativas representan inversiones por más de USD 130.000 millones y se distribuyen principalmente en las provincias de Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.
Megaproyectos del sector energético, como el del consorcio VMOS, que incluye un financiamiento de 2.000 millones de dólares para la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y la provincia de Río Negro liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander y otras 14 entidades financieras e inversionistas institucionales internacionales, han puesto a prueba al RIGI. Citi, JP Morgan y Banco Santander financian un tercio del costo del proyecto NGL (gas natural licuado) de Transportadora Gas del Sur en Vaca Muerta, valorado en USD 3.000 millones.
En simultáneo, el proyecto Argentina LNG, con el que YPF planea exportar gas natural licuado desde la costa de la provincia de Río Negro a Europa y Asia, busca el respaldo de 47 bancos para financiar la primera etapa, cuyo costo se calcula USD en 15.500 millones. Este financiamiento se perfila como el más grande project finance de América Latina.
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Ola de financiamientos
Para Alexia Rosenthal, socia de TCA Tanoira Cassagne, los megaproyectos energéticos que hoy acceden al mercado internacional de capitales se benefician de una combinación de factores regulatorios y macroeconómicos. Menciona al propio RIGI, que creó un marco específico destinado a otorgar mayor previsibilidad a inversiones intensivas en capital, mediante incentivos y mecanismos de estabilidad en aspectos fiscales, cambiarios y aduaneros.
El proceso de estabilización macroeconómica y consolidación fiscal impulsado por el gobierno destaca como otro de los factores que ha contribuido a mejorar las expectativas de los inversores respecto de la capacidad de Argentina de sostener proyectos de largo plazo (30 años) y atraer financiamiento internacional.
A la estabilización ha contribuido en parte la flexibilización gradual de las restricciones cambiarias. Jimena Vega Olmos, socia de Beccar Varela, agrega que posiblemente esta sea una variable considerada por bancos, agencias de crédito a la exportación (ECA) y organismos de crédito, pues es una buena señal sobre las políticas e intenciones del gobierno en el actual contexto.
Agrega que, si bien, en general, hay coincidencia de que el RIGI solo no alcanza para asegurar la concreción de los proyectos, se reconoce que ha sido una condición esencial para ellos, no solo por los beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria y operativa, sino por el esquema de estabilidad regulatoria de largo plazo y los remedios incluidos en el régimen para reforzar los derechos de los inversores (arbitraje internacional, remedios procedimentales tributarios y cambiarios, protecciones contra interferencias gubernamentales que impacten en la construcción, obtención de suministros, acceso a infraestructura y en la operación de los proyectos, entre otros).
Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo, es considerado como el activo subyacente por Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen, quien asegura que ha favorecido el financiamiento de megaproyectos en el sector energético argentino en los últimos años, al punto de generar apetito inversor independientemente del marco regulatorio.
Otros elementos que menciona son el contexto global de demanda energética, con Asia, India y Europa buscando diversificar proveedores post crisis ucraniana, la guerra con Irán y demás conflictos de Medio Oriente, aparte del cambio de señal macroeconómica, el apoyo electoral al gobierno en las elecciones de medio término del año pasado y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, en su opinión, redujeron la percepción de riesgo soberano lo suficiente como para que bancos de primera línea volvieran a estructurar deuda de largo plazo en Argentina.
El diferencial del RIGI
Los megaproyectos citados se están financiando bajo estructuras de project finance.
“Que estos proyectos avancen y se estructuren bajo el RIGI confirma que los inversores locales e internacionales ven al régimen como un diferencial”, señala Ricardo Castañeda, socio de Beccar Varela.
Su colega de Pagbam coincide en que, más que tensionar el régimen, estos proyectos lo están validando. En su criterio, el cierre de los primeros financiamientos con sindicatos de bancos internacionales comprometiendo miles de millones a largo plazo es la señal más clara de que los proyectos bajo el RIGI pueden ser bancables.
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Opina que el hecho de que prestamistas sofisticados hayan hecho due diligence y concluido que la estructura es financiable demuestra que el mercado considera que el régimen permite separar el riesgo argentino histórico del riesgo propio del proyecto.
“El VPU como vehículo exclusivo, la estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años y la libre disponibilidad de divisas permiten construir estructuras donde el repago depende de los flujos del proyecto y no del ciclo macroeconómico local, reduciendo la exposición a vaivenes políticos”.
Los primeros financiamientos bajo el RIGI funcionan como la primera prueba de estrés real del régimen. De acuerdo con Rosenthal, por un lado, validan su arquitectura jurídica al demostrar que puede atraer financiamiento internacional a proyectos de escala global. Por otro, obligan a verificar si las garantías de estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria satisfacen los estándares de bancos, agencias de crédito e inversores institucionales que comprometen capital a 10, 15 o 20 años.
Mitigación de riesgos
Las condiciones que determinan la bancabilidad de los proyectos dependen directamente del esquema de financiamiento. Castañeda explica que no es lo mismo un financiamiento corporativo, donde lo relevante es el balance del sponsor, que un project finance donde la fuente principal de repago es el flujo de fondos del proyecto en cuestión y el recurso a los sponsors es muy limitado.
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El socio de Beccar Varela menciona que en estos últimos esquemas los bancos internacionales miran, entre otras cuestiones:
(i) la existencia de contratos de suministro de largo plazo que aseguren una fuente de ingresos al proyecto por un período que, al menos, cubra el plazo de repago del
financiamiento;
(ii) que el proyecto sea financiera, técnica y regulatoriamente viable,
(iii) que los contratos de proyectos (EPC, operación, suministros y servicios esenciales, etc.) incluyan protecciones adecuadas para el vehículo de proyecto, incluyendo esquemas de incentivos y penalidades adecuados para asegurar la construcción del proyecto en los plazos requeridos;
(iv) la experiencia y antecedentes de los sponsors;
(v) la estabilidad jurídica en cuestiones relevantes para el proyecto; y
(vi) mecanismos de solución de disputas adecuados en foros imparciales.
En comparación con otros financiamientos cross-border, la financiación a proyectos del RIGI ofrece mayores garantías, pues, como explica Serrano Redonnet, mitiga o elimina los riesgos no comerciales del proyecto al proteger la convertibilidad y transferibilidad de divisas para el repago, asegurar la estabilidad tributaria y aduanera por 30 años, dar carácter de derecho adquirido en sentido constitucional a los beneficios del régimen, lo que mejora radicalmente el análisis de la matriz de riesgos de estos proyectos.
“Un contexto legal, tributario, cambiario y regulatorio predecible por 30 años, vuelve más predecible el flujo de fondos y el potencial repago del proyecto”, añade el socio de Pagbam al explicar que, de algún modo, Argentina da un cierto grado de cobertura del riesgo soberano no comercial de cada proyecto. Es así como el país asume obligaciones bajo el RIGI que pueden ser demandadas en tribunales arbitrales internacionales en caso de incumplimiento, incluso por acreedores internacionales que, en caso de default, se subroguen en los derechos de los accionistas extranjeros de estos proyectos.
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Rosenthal explica que, en líneas generales, proyectos como los de VMOS, TGS e YPF se están estructurando bajo esquemas de limited recourse project finance, con paquetes de garantías alineados con la práctica internacional y mecanismos que buscan dar visibilidad de largo plazo sobre los flujos de caja. De allí que considera que la combinación de contratos de largo plazo, control de flujos, reservas de liquidez, restricciones operativas y protecciones frente a determinados riesgos regulatorios permite construir una estructura de riesgo aceptable para bancos e inversores internacionales.
“El objetivo es que la bancabilidad del proyecto descanse principalmente en la solidez de sus flujos futuros y no exclusivamente en la fortaleza crediticia de sus patrocinadores”.
La estructura de estos proyectos busca aislar el flujo de fondos mediante un VPU que recibe el financiamiento y opera separado de los riesgos del sponsor. Vega Olmos explica que ese “anillo de protección” se sostiene en contratos de off‑take de largo plazo alineados con el repago y en un paquete de garantías que puede incluir cesiones de derechos, prendas, fideicomisos y gravámenes sobre activos estratégicos, además de compromisos limitados de los sponsors. Para reforzar la ejecutabilidad y la confianza de los prestamistas, los contratos principales suelen regirse por derecho extranjero y someterse a arbitraje internacional, lo que completa una estructura diseñada para dar previsibilidad y reducir el riesgo del proyecto.
Precedente para futuros proyectos
El éxito de las transacciones en marcha dependerá de que el régimen otorgue previsibilidad efectiva durante la vida de los proyectos, por lo que la socia de TCA estima que estos primeros cierres ayudan a construir el precedente que servirá de referencia para futuras inversiones de infraestructura y energía en el país.
Para Serrano Redonnet, el precedente es acumulativo. El avance de los primeros proyectos bajo el RIGI está generando un historial que reduce la incertidumbre y acelera la estructuración de los que siguen. Cada cierre exitoso deja contratos y modelos reutilizables, lo que baja costos y agiliza procesos, mientras que contar con análisis legales ya realizados y bancos con apetito formándose mejora las condiciones para los próximos megaproyectos.
En los desarrollos de GNL, donde los montos son mucho mayores, ese historial es clave, pues advierte que ningún sindicato internacional compromete miles de millones sin un track record reciente. El que los primeros cierres hayan sido exitosos y que bancos globales ya tomen mandatos para las siguientes etapas es la señal que el mercado necesitaba para trabajar estas operaciones con seriedad.
El socio de Pérez Alati también identifica un precedente institucional: la coordinación entre el marco federal del RIGI, las provincias y los reguladores sectoriales demostró ser viable y despeja una de las dudas que más afectaban la bancabilidad de la infraestructura en Argentina. Además, abre la puerta para replicar el modelo en sectores más allá de los hidrocarburos y muestra que el país puede absorber project finance de esta escala.
Rosenthal comenta que si estas primeras operaciones cierran financiamientos relevantes, funcionarán como casos testigo: validan estructuras de garantías, esquemas de repago, contratos de largo plazo y mecanismos de protección que podrán replicarse o adaptarse en otros sectores.
“Los precedentes son positivos, pero también elevan la vara: cuanto mayor es el capital requerido, mayor es la exigencia de previsibilidad jurídica e institucional”.
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Mientras Vega Olmos advierte que, aun con estos avances, cada proyecto tiene particularidades, por lo que las estructuras aplicadas no siempre pueden replicarse de manera uniforme.
Desafíos
Si algo caracteriza al RIGI es que fue aprobado en paralelo a reformas clave en las leyes de hidrocarburos y gas natural, paquete que luego fue reglamentado por el Decreto 1057/2024 y que creó un entorno más previsible para inversiones intensivas, aunque aún quedan aspectos sectoriales por aclarar para fortalecer la solidez del régimen, según Vega Olmos. A nivel provincial, destaca la adhesión al RIGI y los acuerdos específicos firmados por jurisdicciones como Neuquén y Río Negro, que suman una capa adicional de estabilidad, consolidando un andamiaje jurídico que busca dar certidumbre a proyectos de gran escala.
En su criterio, el principal riesgo no es jurídico sino institucional y político: la solidez de cualquier régimen de promoción depende de que sus disposiciones se respeten consistentemente en el largo plazo, independientemente de los eventuales cambios de gobierno, evitándose cambios normativos bruscos, desconocimiento de las protecciones o interpretaciones divergentes de las autoridades o los tribunales sobre el alcance de los beneficios y protecciones.
Con la socia de Beccar coincide Rosenthal, para quien el verdadero desafío del RIGI no es su diseño inicial, sino su capacidad de generar confianza intertemporal.
“Los proyectos que hoy se financian tendrán horizontes de 10, 15 o 20 años, por lo que los inversores evalúan no sólo el régimen vigente, sino también la probabilidad de que sus beneficios sean respetados por futuras administraciones”, expresa tras agregar que, además de los incentivos económicos, resultan fundamentales la seguridad jurídica, la protección de los derechos adquiridos y la credibilidad institucional del país.
El colega de ambas en Pagbam observa un inconveniente estructural y es que las garantías contempladas en el RIGI nacen de una ley nacional, y lo que una ley concede, otra ley posterior puede, al menos en los hechos, restringir, desnaturalizar o derogar.
No obstante, resalta que la Ley del RIGI dispone que los derechos e incentivos adquiridos se consideran inversiones protegidas en los términos de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones que la Argentina tiene celebrados (por ejemplo, con Estados Unidos, España o Alemania y otros países), y que su afectación podrá comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional bajo dichos tratados. Está previsto que nuevos tratados de protección de inversiones que celebre Argentina pueden recoger específicamente la protección a proyectos del RIGI y del Súper RIGI (si este fuera aprobado por el Congreso).
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