Arbitraje y reforma judicial: cómo la incertidumbre redefine los negocios internacionales en México

¿Por qué México se está convirtiendo en un caso de estudio para empresas e inversionistas que operan en América Latina? La respuesta más rápida, quizás, es que acaba de atravesar uno de los procesos de reforma judicial más profundos de su historia reciente. El rediseño del Poder Judicial, impulsado por el oficialismo tras años de tensión institucional, ha reactivado una pregunta clave para los negocios internacionales: cómo resolver disputas comerciales en un entorno marcado por cambios en las reglas, incertidumbre interpretativa y nuevos actores judiciales.

Ante este escenario, el arbitraje internacional comenzó a tomar mayor protagonismo en la gestión de riesgos legales, fundamentalmente en operaciones transfronterizas. La discusión ya no gira en torno a neutralidad o confidencialidad, sino que busca más la previsibilidad, especialización y ejecutabilidad en un contexto de transición institucional.

“La previsibilidad —hoy convertida en imprevisibilidad— es el principal foco de inquietud entre empresas con operaciones o contratos internacionales. Durante años, los tribunales mexicanos resolvían conforme a criterios jurisprudenciales consolidados y líneas interpretativas consistentes. Hoy, algunos juzgadores han comenzado a apartarse de esos criterios, generando incertidumbre sobre la aplicación del derecho. Desde una perspectiva institucional, la independencia seguirá siendo una variable presente en un esquema de juzgadores electos. Por eso, el reto para empresas y litigantes será identificar oportunamente ese factor y mitigar su impacto en cada caso concreto”, advierte, José Alberto Domínguez Téllez, socio del despacho mexicano González-Paullada Domínguez.

Para el experto en litigio y arbitraje, uno de los factores críticos de esta transición es la inexperiencia de los nuevos juzgadores y equipos técnicos: “En algunos casos carecen de carrera judicial y eso se refleja en ciertas resoluciones y en la conducción de los procedimientos”, detalla. 

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¿Por qué el arbitraje gana terreno frente a la incertidumbre judicial en México?

La discusión en torno a la reforma judicial en México ha pasado bajo la lupa a la previsibilidad del sistema de justicia y su impacto en la resolución de controversias comerciales.

“Con la continuidad del oficialismo, la reforma se consolidó como uno de los principales objetivos del Gobierno, que consideraba que el Poder Judicial representaba un obstáculo para ciertas reformas estructurales, particularmente por el uso del amparo y el control constitucional. Por eso, a mi criterio, los dos ejes centrales de la reforma son la elección popular de juzgadores, que tiene implicaciones directas en la institucionalidad del Poder Judicial y en la impartición de justicia; y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos —uno disciplinario y otro administrativo— cuya organización, funcionamiento e independencia aún generan interrogantes”, comparte Domínguez Téllez.

Frente a estos cambios, las empresas con operaciones transfronterizas han comenzado a revisar la forma en que estructuran sus cláusulas de resolución de disputas, con una preferencia creciente por el arbitraje.

Entonces, la posibilidad de elegir árbitros especializados, definir la sede y la ley aplicable, y operar bajo reglas procesales reconocidas a nivel internacional se ha convertido en un caballito de batalla para mitigar riesgos legales.

Si bien esta tendencia es más visible en relaciones comerciales internacionales y en sectores que demandan un alto grado de especialización técnica, donde la estabilidad del marco jurídico resulta determinante para la toma de decisiones, también viene ganando terreno en casos de contratos complejos o de largo plazo.

“Las empresas internacionales tienden a preferir cláusulas arbitrales para sus relaciones comerciales y, cada vez con mayor frecuencia, incorporan acuerdos arbitrales incluso en contratos ya vigentes. Esto es más visible en relaciones contractuales complejas o que requieren un alto grado de especialización técnica, como en las industrias de tecnología, construcción y servicios especializados. En contraste, el empresario nacional sigue mostrando cierto escepticismo frente al arbitraje, particularmente en lo relativo a la ejecución del laudo”, diferencia el socio de González-Paullada Domínguez.

Hoy día, en la práctica, uno de los factores que más inquieta a las empresas con operaciones transfronterizas es la estructuración de sus mecanismos de resolución de controversias.

Ahora bien, ¿se puede considerar al arbitraje como una herramienta de gestión preventiva de riesgos legales? No necesariamente. Para el experto, el arbitraje nunca debe sustituir al procedimiento jurisdiccional, menos aún cuando el sistema judicial atraviesa una etapa de transición institucional.

“Aquellas empresas que hoy negocian contratos internacionales en países donde el marco judicial está en evolución deben realizar un análisis previo de las partes, la naturaleza del contrato y la especialidad requerida. Las cláusulas escalonadas pueden ser útiles cuando existe una relación comercial sólida, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos. De hecho, el arbitraje no debería presentarse como la única solución en contextos de inestabilidad, sino como una herramienta estratégica más dentro del abanico de opciones para resolver controversias comerciales”, comparte José Alberto Domínguez Téllez.

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¿Arbitraje o procedimientos judiciales?

Según el referente en resoluciones alternativas de controversias, la elección entre arbitraje y procedimientos judiciales no responde a una regla general, sino a un análisis caso por caso. Mientras que el arbitraje suele ganar espacio en contratos internacionales y relaciones comerciales complejas, los tribunales siguen siendo una vía relevante en determinados tipos de disputas, sobre todo locales.

"El arbitraje es, en esencia, un mecanismo adversarial, por lo que no previene por sí mismo la existencia de controversias. Sin embargo, a través de cláusulas escalonadas que incorporen etapas reales de negociación, mediación o conciliación, puede convertirse en una herramienta eficaz para canalizar y, en ciertos casos, evitar disputas antes de que escalen. A diferencia del proceso judicial, donde en muchos países no pueden imponerse requisitos previos para demandar, el arbitraje permite diseñar mecanismos contractuales más flexibles y adaptados a la relación comercial”, explica.

Por eso, el arbitraje no tendría que concebirse como una solución universal.

“Es fundamental analizar la naturaleza de la relación comercial desde su negociación inicial. Factores como el perfil de las partes, la posibilidad de acceder a procedimientos judiciales sumarios, el nivel de especialización técnica requerido y los costos involucrados deben evaluarse cuidadosamente. En ciertos supuestos, el procedimiento judicial puede ser más eficiente y adecuado, especialmente cuando existen mecanismos procesales expeditos o cuando el costo del arbitraje resulta desproporcionado”, concluye Domínguez Téllez.