24/03/2026
El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 con la apuesta por introducir un modelo de inversión mixta que redefine la participación del capital privado. A diferencia de las asociaciones público-privadas tradicionales, el nuevo esquema prioriza la rectoría del Estado —que mantiene la propiedad y el control de los activos— mientras incorpora financiamiento privado mediante mecanismos de coinversión, en un intento por equilibrar eficiencia financiera, menor exposición fiscal y objetivos sociales.
El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de una política que prioriza la inversión pública y establece mecanismos complementarios para incorporar financiamiento privado sin modificar la titularidad de los activos estratégicos.
El plan contempla una inversión total de 5,6 billones de pesos (cerca de 329.000 millones de dólares) durante el periodo 2026–2030, destinada a más de 1.500 proyectos a nivel nacional. Para 2026, se proyecta una inversión adicional de 722.000 millones de pesos (alrededor de 40.000 millones de dólares), equivalente a cerca del 2 % del producto interno bruto, orientada a proyectos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Más allá de las cifras, Marco Antonio de la Peña, socio de Infraestructura y Energía en Cuatrecasas México, sostiene que el elemento central de la propuesta es la introducción de un esquema de inversión mixta que redefine la relación entre el Estado y los inversionistas privados.
“El plan resulta particularmente relevante desde una perspectiva jurídica y regulatoria, por el rediseño potencial de los mecanismos de participación privada en proyectos de infraestructura. La incorporación de nuevos vehículos de inversión y esquemas mixtos de inversión público-privada podría modificar la forma tradicional en que se han estructurado los proyectos en México en los últimos años, generando tanto oportunidades como desafíos regulatorios para inversionistas nacionales e internacionales”, opina.
El experto resalta tres aspectos centrales del plan: las diferencias entre los nuevos esquemas propuestos y el modelo tradicional de asociaciones público-privadas; los principales desafíos regulatorios y financieros que podrían enfrentar los inversionistas, y los sectores que probablemente generarán mayor actividad legal en materia de estructuración y financiamiento.
Cláusula anticorrupción para contratos de APP
Inversión mixta: un modelo distinto a las APP
¿Qué quiere decir mixta? El plan introduce un esquema de inversión mixta en el que el Estado participa junto con actores privados o sociales en el desarrollo de proyectos, manteniendo la propiedad de los activos y el control sobre su operación y objetivos.
A diferencia de las asociaciones público-privadas (APP) tradicionales, este enfoque no se basa en la transferencia de concesiones ni en la cesión del control operativo. En su lugar, plantea estructuras en las que el financiamiento privado se incorpora mediante instrumentos específicos, sin alterar la rectoría estatal.
“Las asociaciones público-privadas tradicionales se caracterizan por contratos de largo plazo entre el Estado y un desarrollador privado, en los que este último asume responsabilidades relacionadas con el diseño, construcción, financiamiento, operación o mantenimiento de la infraestructura”, agrega.
Bajo este nuevo esquema, explica el especialista, la participación privada puede canalizarse a través de contratos mixtos, coinversiones o mecanismos financieros diseñados para cada caso. El Ejecutivo ha señalado que estas alternativas buscan evitar estructuras con altos costos financieros y reducir la exposición fiscal.
“Entre las alternativas que han sido mencionadas en el debate público, destacan los vehículos de inversión mixtos, en los cuales el Estado y el sector privado participan conjuntamente como inversionistas en un mismo proyecto o entidad, dividiendo también el riesgo, pero resguardando el bienestar social como objetivo final de la infraestructura”, remarca.
Asimismo, el plan prioriza la inversión pública como eje rector, complementada con esquemas mixtos (público–privados o público–sociales).
Del mismo modo, Juan Carlos Serra, socio de Basham, explica que, a diferencia de las asociaciones público-privadas tradicionales, el esquema de inversión mixta introduce un modelo de coinversión en el que tanto el Estado como los privados participan directamente en la financiación de los proyectos.
“El Estado mantendrá la propiedad, reglas de operación, administración y los objetivos sociales, mientras que el capital privado busca acelerar la ejecución mediante vehículos de inversión específicos, como fondos, fideicomisos o similares, con tasas de interés competitivas y siempre buscando mayor transparencia”, señala.
Asimismo, indica que estos esquemas apuntan a transitar de un modelo basado en concesiones hacia uno de participación compartida, que permite distribuir riesgos entre distintos actores y habilita su intervención en diversas etapas del ciclo de vida de los proyectos. En ese marco, se prevé que el capital privado tenga un rol relevante en el financiamiento y desarrollo de las inversiones contempladas en el Plan México presentado a inicios de 2026.
“Estos modelos pueden resultar atractivos en la medida en que faciliten una mayor alineación de intereses entre el sector público y el privado, además de permitir estructuras financieras más flexibles. No obstante, también plantean interrogantes relevantes en materia jurídica, especialmente en lo relativo a la certeza contractual, la recuperación de la inversión, los mecanismos de resolución de controversias y la compatibilidad con el marco legal existente”, menciona el socio de Cuatrecasas México.
El especialista advierte que la implementación exigirá un entorno regulatorio previsible y consistente que permita estructurar iniciativas viables para el capital privado. Uno de los primeros retos será la coordinación entre las distintas autoridades involucradas.
Muchos desarrollos requerirán autorizaciones de diversas dependencias federales y, en algunos casos, también de autoridades estatales y municipales, incluyendo permisos ambientales, concesiones, derechos de uso de agua o evaluaciones de impacto social.
En esa línea, el experto Serra añade que otro desafío será la adaptación de estos esquemas al marco legal vigente, lo que requerirá mayor claridad sobre las reglas que definirán su implementación, ya sea a través de nuevos lineamientos o reformas específicas.
Sectores prioritarios: energía y conectividad
La inversión se concentrará en ocho sectores estratégicos, con un énfasis prioritario en energía y conectividad:
• Energía: 54.15%.
• Ferroviario: 15.63%.
• Carreteras: 13.93%.
• Salud: 6.48%.
• Puertos: 6.23%.
• Agua: 2.83%.
• Educación: 0.34%.
• Aeropuertos: 0.04%.
La distribución de recursos refleja una clara prioridad en actividades vinculadas a energía y transporte. El rubro energético concentra el 54,15 % del total previsto, seguido por el desarrollo ferroviario y carretero.
En particular, Serra destaca que el sector energético no solo concentra la mayor asignación de recursos, sino que también involucra una amplia diversidad de proyectos, desde hidrocarburos hasta nuevas fuentes como hidrógeno o geotermia, lo que anticipa una alta demanda de estructuración legal y financiera.
“Se planea desarrollar nuevas energías como litio, hidrógeno verde, geotermia, eólica marina, biocombustibles y captura de carbono”, detalla.
El plan también contempla la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en generación y distribución eléctrica.
“Hacia 2030, las metas incluyen 97 nuevas subestaciones, 95 ampliaciones, 6,875 proyectos de modernización de redes y más de 42,000 proyectos de electrificación, lo que anticipa una importante actividad en estructuración y ejecución de proyectos”, anuncia el experto.
En transporte, se prevén desarrollos ferroviarios, carreteros, portuarios y aeroportuarios destinados a mejorar la conectividad regional y fortalecer corredores logísticos.
“Dichos sectores son atractivos para inversionistas extranjeros dado que permiten la posibilidad de establecer alianzas estratégicas a largo plazo en áreas estratégicas para el desarrollo del país”, señala Serra.
Además de estos sectores, la propuesta incorpora inversiones en salud, agua y educación, orientadas a ampliar la cobertura de servicios básicos y reducir brechas entre regiones.
El Ejecutivo estima que su implementación contribuirá a un crecimiento cercano al 3 % anual y a la generación de empleo.
En línea con este análisis, Serra coincide en que los sectores con mayor actividad legal serán el energético y el de transporte.
A su vez, el especialista en Infraestructura y Energía de Cuatrecasas México indica que los desarrollos ferroviarios y carreteros implican retos asociados a concesiones, modificaciones de títulos y esquemas de financiamiento estructurado, que demandan un trabajo legal intensivo.
En paralelo, la infraestructura hídrica comienza a ganar relevancia en un contexto de mayor presión sobre los recursos de agua, lo que añade exigencias regulatorias y operativas a este tipo de iniciativas.
¿Cómo se financia el plan?
Para implementar el plan, el Gobierno prevé la combinación de recursos públicos con financiamiento privado canalizado a través de distintos mecanismos. Entre ellos destacan instrumentos del mercado de capitales, como las FIBRA y FIBRA E, así como esquemas de financiamiento provenientes de la banca comercial y de desarrollo.
Estas herramientas buscan ampliar las fuentes de fondeo disponibles y facilitar la participación de inversionistas institucionales, en un contexto en el que la magnitud de las inversiones requerirá estructuras financieras más sofisticadas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un rol clave en la estructuración y supervisión de estos mecanismos.
Asimismo, el plan contempla el fortalecimiento de entidades como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que asumirán un rol más activo en la implementación de los proyectos y en la articulación de esquemas de financiamiento mixto.
De la Peña sostiene que, bajo estos esquemas, será clave definir con precisión los mecanismos de remuneración del inversionista, las garantías de estabilidad contractual, los derechos de los acreedores, incluidos los step-in rights, y los mecanismos de solución de controversia
“El mayor reto será que el Estado defina con claridad los flujos y mecanismos de pago, así como las garantías para asegurar el retorno de la inversión y la adecuada mitigación de riesgos”, agrega el abogado Serra.
Gobernanza y marco normativo
La implementación del plan contempla ajustes regulatorios y la emisión de disposiciones específicas para cada sector.
En términos de gobernanza, se prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, encargado de la priorización de iniciativas, la coordinación interinstitucional y el seguimiento.
En opinión de Serra, el diseño institucional propuesto, en particular la creación del Consejo es un mecanismo clave para fortalecer la coordinación interinstitucional, la priorización de proyectos y la transparencia en la ejecución.
Asimismo, se desarrollará una base de datos nacional para monitorear el avance físico y financiero de las obras, con indicadores orientados a inversionistas y entidades de control.
El especialista de Cuatrecasas México subraya que la continuidad de las políticas públicas será un factor decisivo, considerando que este tipo de desarrollos suele tener horizontes de inversión de largo plazo. En ese sentido, la estabilidad y coherencia del marco legal deberán reflejarse de forma expresa en los contratos para consolidar la confianza de los inversionistas.
Próximos pasos: licitaciones y desarrollo normativo
De acuerdo con la información oficial, los primeros procesos de licitación y los mecanismos de participación privada podrían comenzar en el segundo trimestre de 2026.
La ejecución del plan dependerá de la estructuración de los proyectos, la aprobación de reformas legales y la definición de los instrumentos financieros correspondientes.
En este contexto, el desarrollo del marco regulatorio será determinante para establecer las condiciones de participación de inversionistas privados y la viabilidad de los esquemas propuestos.
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