En medio de un panorama complejo en lo político y económico, el 2023 será retador para América Latina. El escenario político estará marcado por elecciones y nuevos gobiernos en Brasil, Argentina, Paraguay y Guatemala. Habrá plebiscitos en Chile y Ecuador y el quehacer económico estará centrado en controlar la galopante inflación que sigue castigando a la región.
Al margen de las diatribas políticas y de ajustes macroeconómicos, en cada país se promulgarán leyes que marcarán las dinámicas a lo interno, algunas de ellas quizás de impacto transfronterizo porque moverán sutiles hilos que comunican las economías de varías naciones.
Una consulta entre firmas de varios países arrojó que la materia tributaria, el mundo digital y las actividades mineras tendrán prioridad en las agendas legislativa nacionales, perfilando así lo que será el futuro inmediato de esta zona del mundo.
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Argentina: tributos e hidrocarburos
Cabalgando la segunda mayor inflación del continente y una devaluación en proceso, dos áreas deberían ser prioritarias en Argentina este año electoral: hidrocarburos y tributos.
En materia de hidrocarburos, se espera la sanción de una ley que viabilice el desarrollo de estos recursos, en especial del gas natural (así como de la infraestructura necesaria para su industrialización y comercialización, tanto en el mercado interno como internacional).
“Existe consenso entre las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional sobre la conveniencia de establecer un régimen legal para desarrollar los hidrocarburos, que brinde las garantías necesarias para afianzar la soberanía y el autoabastecimiento energéticos”, señala Santiago Carregal, chairman de Marval, O'Farrell Mairal.
Respecto al área tributaria, Santiago L. Montezanti, socio del área en Beccar Varela, cree que el hecho de ser un año electoral juega en contra de la necesaria reforma tributaria, por lo que el gobierno buscará aprobar un bloqueo o una posible moratoria.
“Mediante esta medida, el Gobierno intentará incrementar sus recursos fiscales en el corto plazo”, dice experto.
Desde el mismo despacho, Álvaro J. Galli, socio del área laboral también en Beccar Varela, señala que, aunque hay consenso entre sindicatos, empresarios y partidos sobre una profunda reforma en la legislación laboral, estima que este será un tema para el gobierno que asuma en diciembre.
“Es muy poco probable que el tema sea introducido en un año eleccionario”, dice.
En otro orden, Santiago Carregal cree que es previsible que este año se materialice una reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo proyecto ya fue presentado en 2022.
“El proyecto busca servir de facilitador para la innovación, los negocios, las inversiones en negocios digitales y la economía digital en general. Durante muchos años la ley actual sirvió para fomentar la innovación y el crecimiento económico del país. Este proyecto sigue la misma línea, adaptándose a la nueva realidad mundial y posicionando al país a la par de los estándares internacionales vigentes”, acota el líder del bufete.
No obstante, dada la coyuntura electoral y, a pesar del consenso que existe a favor, Carregal estima poco probable que se apruebe normativa alguna relacionada con los hidrocarburos, que estima con suficiente potencialidad para cambiar la matriz económica argentina.
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Chile: minería, impuestos y pensiones
Si bien este año estará marcado por un nuevo plebiscito para aprobar o no una nueva Constitución —que pudiera redibujar el escenario económico chileno—, se espera la aprobación de importantes leyes en materia de minera, tributaria, pensional y laboral, de acuerdo con la firma Carey.
En cuanto a tributos, el Congreso discute una completa reforma tributaria que busca aumentar de manera significativa la recaudación fiscal y propone cambios tales como el establecimiento de un impuesto al patrimonio, reestructurar el impuesto a la renta, cambios en el impuesto al valor agregado y la introducción de medidas contra la elusión y evasión fiscal.
Es factible que se sancione un nuevo régimen de pensiones que propone un sistema mixto, en este se mantendría el pilar de ahorro individual pero se agregaría un nuevo componente que sería financiado por los empleadores mediante una cotización adicional de 6 %, entre otros cambios.
La de royalty a la minería es otra ley que se espera sea sancionada en breve. Aprobada por el Ejecutivo y Senado, solo resta la revisión final de Diputados. La ley prevé un nuevo impuesto a la extracción minera, básicamente de cobre y litio, que aportaría de inicio alrededor de 1 % adicional al PIB chileno.
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Se prevé que en materia laboral sea sancionado el Proyecto 40 horas, que propone modificar el Código del Trabajo para reducir la jornada ordinaria laboral semanal de 45 a 40 horas, y la posibilidad de que las jornadas semanales tengan cuatro días de trabajo y tres de descanso.
“En el proyecto de nueva Constitución que se elabore, posiblemente se introduzcan cambios significativos en lo que se refiere a la participación del Estado en la economía, el derecho de propiedad, cambios en derechos sociales, pensiones, salud, gasto y responsabilidad fiscal, derechos laborales, entre otras materias”, dice Cristián Figueroa, socio de Carey, quien estima que tanto la reforma pensional como el nuevo royalty minero son las leyes que mayores impactos tendrán en la economía de su país.
Colombia: Energías verdes y reforma laboral
Si bien el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que desacelerar sus planes de reducir drásticamente la producción de carbón e hidrocarburos ante el peso de estos en el PIB, que Colombia se convierta en modelo en cuanto a producción de energías verdes es solo cuestión de tiempo.
De allí la posibilidad de que este 2023 se den pasos importantes para la regulación del sector, lo que incluye normas de promoción de inversiones y contrataciones para la creación de la infraestructura necesaria para la comercialización de estas alternativas, además de la reglamentación para que los consumidores pueden también ser productores de energía.
El otro gran aspecto que Gustavo Petro se comprometió a atender es el laboral, por lo que una reforma de las leyes estaría en ciernes. Esta reforma, a decir de los expertos, debe incluir la derogación de disposiciones que limitan pagos por jornadas nocturnas y fines de semana, regular el trabajo en plataformas digitales, estimular la contratación colectiva y el cumplimiento de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.
Esto, como es de esperarse, significará una modificación del sistema pensional colombiano, materia que sería revisada a posteriori.
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Costa Rica: Reforma fiscal y laboral
El país se prepara para una posible reforma fiscal, en virtud de la promesa hecha el año pasado el Ejecutivo. Ello implicaría cambios en el impuesto sobre la renta como del impuesto sobre el valor agregado, con la posible eliminación de la tarifa reducida del 4 % de la que gozan la venta de boletos aéreos, que pasarían a pagar 13 %.
Al hablar sobre impuesto a la renta, Adolfo Sanabria, asociado en la oficina costarricense de Consortium Legal, señala la ley de renta global dual permitiría englobar todos los ingresos de una persona física, incluyendo salarios, dietas, alquileres y otras rentas, para calcular un gravamen. Esto significa que cuantos mayores sean los ingresos que reciba una persona al mes, mayor será el impuesto que deberá pagar.
También se prevén nuevas normativas en materia laboral, entre ellas una contra el acoso en el sector público y privado; del trabajador independiente; para la libertad de elección de empleo de las mujeres y leyes relacionadas con los empleados de plataformas digitales, entre otras, según señala el también experto de Consortium Legal en Costa Rica, Osvaldo Madriz.
El Salvador: Apuesta por lo digital
Siendo el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, el gobierno de El Salvador ha hecho una apuesta grande por la innovación tecnológica, con especial énfasis en la digitalización del sistema financiero, a fin de atraer inversión tanto nacional como extranjera.
Es por ello que los escritorios Arias, García & Bodán y Lexincorp coinciden en señalar que la promulgación de leyes relacionadas con lo digital serán la prioridad este 2023. De hecho, el 11 de enero la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, que regula la transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas, así como los requisitos y obligaciones de los emisores, proveedores de servicios de activos digitales y demás participantes en el proceso de ofertas públicas.
“Se espera la aprobación de los reglamentos y normativa que desarrolle esta materia, en especial la creación de normas, estándares técnicos, guías e instructivos para la emisión de ofertas públicas con activos digitales”, Julissa Castro, asociada de Arias.
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En este mismo sentido, Guisela Rodas, asociada en García & Bodán, estima que será aprobada una reforma a la ley de zonas francas industriales y comercialización, cuyo objetivo sería “eliminar requisitos y reducir plazos, habilitar herramientas tecnológicas para mejorar el servicio de las zonas francas”.
También llama la atención sobre la Ley de Compras Públicas, que como su nombre señala, establece las normas básicas que regularan el ciclo de la compra publica en sus fases de planificación, selección del contratista, contratación y liquidación de las contrataciones.
Adriana Portillo, socia de Lexincorp, destaca, además, que en materia tributaria es posible que los sectores interesados en contar con beneficios o incentivos fiscales, puedan buscar a lo largo del año desarrollar la emisión de dichos incentivos.
Guatemala: Comercio electrónico y tributos
Con una elección presidencial en el horizonte, Guatemala es otro país de Centroamérica que buscará enfatizar iniciativas para promover y facilitar el comercio electrónico y otras formas transaccionales a través de internet.
Desde Consortium - Guatemala, la asociada sénior Melisa Morán cree se presentarán dos iniciativas de ley, una relativa a las criptomonedas y otra al mercado de valores, mientras que Mario Estuardo Archila, socio de la oficina de Consortium Legal en ese país, duda que, por ser año electoral, sea posible la aprobación de reformas tributarias pendientes, que incluyen modificaciones al Código Tributario, el impuesto sobre la renta y el IVA, entre otras.
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Honduras: Inversiones y anticontrabando
Desde Honduras, la oficina local de Consortium Legal considera que, a grandes rasgos, este año podrían ser aprobadas una batería de leyes que pueden considerarse como coadyuvantes de las actividades económicas de envergadura en esa nación centroamericana.
José Ramón Paz Morales, socio de la firma y experto en derecho corporativo, comenta que entre las más resaltantes está una ley de protección contra el comercio ilícito y contrabando, la ley especial para atracción y promoción de inversiones, normativas relacionadas con el comercio exterior y la logística y reformas a instancias enfocadas en la institucionalidad económica nacional.
México: Ciberseguridad, seguridad social y trabajo
La segunda economía más grande de América Latina no escapa a las vicisitudes que enfrenta la región como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa a Ucrania, que ha reducido los pronósticos de crecimiento y ralentizado las inversiones a escala global.
Con este marco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entra en su recta final –habrá elecciones presidenciales en 2024- y todo apunta a que la agenda política copará la escena nacional, enfocada en una reforma que busca “modernizar” la democracia de ese país.
Ello significaría que podría seguir pospuesta la esperada reforma fiscal que, a decir de Ángel Escalante Carpio, socio de Escalante & Asociados, busca simplificar el complejo sistema tributario mexicano y ampliar la base de contribuyentes, que es de las más bajas en los países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
“Hacia el último trimestre del año se debe aprobar el paquete económico, que implica la reforma fiscal. Sin embargo, estimamos que no será relevante", afirma Escalante, quien cree que las leyes que pudieran ser sancionadas estarán enfocadas en materias como hidrocarburos, ciberseguridad, seguridad social y trabajo remoto.
Una iniciativa que tendría cabida este 2023 es la planteada por el Ejecutivo de reformar la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos, que abriría los cielos mexicanos a las aerolíneas internacionales al permitir el cabotaje, con lo cual las empresas locales perderían la exclusividad de operar vuelos interestatales.
Según el gobierno, esta libertad incrementaría la competencia en los mercados de pasajeros y de carga, elevando la conectividad y, por consiguiente, beneficiando el turismo interno y externo, una de las principales fuentes de ingresos para el Estado. Adicionalmente, se cree estimularía mejoras en la infraestructura aeroportuaria e incluso sería un incentivo para la construcción de nuevos terminales.
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