En 2018, cuando el titular del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia, hizo público su compromiso de concluir todas las obras de infraestructura impulsadas durante su sexenio. En aquel momento manifestó que se encargaría de terminar otras obras del gobierno anterior, como el Tren Interurbano México-Toluca.
Sin embargo, el 22 de noviembre y luego de haber publicado un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que estableció que todas las obras de infraestructura serían consideradas prioritarias, de interés público y de seguridad nacional, el mensaje fue otro.
De acuerdo con especialistas consultados por LexLatin, el acto oficial podría explicarse como una salida ante la imposibilidad de cumplir con los plazos prometidos. La burocracia alrededor de las obras ha representado una barrera para proyectos como el Tren Maya, un ferrocarril turístico de pasajeros y carga en el sureste del país, uno de los proyectos bandera de la actual administración.
Hace dos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) resquebrajó la estructura legal publicada en el DOF, pues frenó uno de los puntos más importantes inherentes de las obras prioritarias: la clasificación de información.
Esto ocurrió a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que consideró que el decreto transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, debido a una reserva anticipada y generalizada de la información por cada proyecto. Este punto fue aceptado por la máxima autoridad judicial mexicana.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás al artículo primero del acuerdo, pues el gobierno sí ha utilizado el argumento de seguridad nacional para no presentar información que es de índole técnica y financiera.
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Antes de publicar el acuerdo, el Gobierno Federal aplicó el criterio de reserva, argumentando seguridad nacional para la obra aeroportuaria que se construye en la base aérea militar no.1 en Santa Lucía.
Pese a que la obra ya tenía un título de concesión de aeropuerto civil y que, por lo tanto, el precepto de seguridad nacional -al ser instalación militar- no suspendía la publicación de información técnica, el gobierno optó por reservar por cinco años todo documento técnico y financiero del nuevo aeropuerto.
“Es importante mencionar que, al tratarse de una obra de infraestructura de carácter estratégico y prioritario para el Estado, proporcionar a un tercero la información del expediente pudiera posibilitar un sabotaje para materializar el mismo y poner en riesgo su construcción, lo que podría tener un impacto debilitador para la seguridad nacional”, indica el gobierno a una solicitud de información de LexLatin.
Sin embargo, la SCJN se negó a suspender el artículo segundo del acuerdo, el que permite iniciar una obra sin contar con todos los requisitos necesarios e incluidos en la Ley de Obras Públicas.
Autorización provisional de las obras
El acuerdo del 22 de noviembre instruye a todas las dependencias federales a otorgar una autorización provisional, en máximo cinco días hábiles contados a partir de las solicitudes, para iniciar los proyectos y, con ello, 'conseguir su ejecución oportuna'. Para este plazo aplica la afirmativa ficta: si no se emite una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. Cabe mencionar que la SCJN no censuró este punto.
"La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva", indica el documento oficial.
La lectura de Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es que se han dado cuenta de que no van a lograr terminar las obras, por lo que "decidieron doblegar los trámites diciendo: si yo mismo gobierno hago los trámites, produzco un acuerdo que pase por encima de lo que yo mismo debería respetar y que, además, le exijo a todos”, señala.
Después del fallo de la Suprema Corte, el presidente manifestó en su conferencia mañanera que nunca fue su intención ocultar la información de las obras de infraestructura bajo la protección de seguridad nacional y que la Corte, en el fondo, había validado el acuerdo para simplificar los trámites.
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Si bien en la opinión pública la preocupación inicial era sobre el derecho a la información pública y a la transparencia, ahora la atención se enfoca en la ‘vía rápida’ que tiene el gobierno para iniciar toda obra sin tener que esperar los tiempos que los propios trámites requieren.
Con este acuerdo, por ejemplo, apunta Varela, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de un proyecto grande no podría ser analizada y -de esta forma- la autorización de inicio será otorgada. El gobierno, de hecho, podrá iniciar la obra a pesar de no cumplir con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas.
En esto está de acuerdo Norma Solórzano, abogada y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explica que todos los proyectos del gobierno tendrán la vía libre para comenzar, a pesar de la existencia de lineamientos sobre aspectos a cumplir cuando se trata de obras con impacto social, ambiental e incluso planes maestros de las obras.
“Este acuerdo lo que evita es que las obras cuenten con todas las aprobaciones para iniciar su construcción”, remarca Solórzano.
Posibles juicios futuros
Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad encargada de construir el Tren Maya -con una longitud de 1.550 kilómetros en el sur de México y cuyo costo asciende a los 12.000 millones de dólares- señaló que el acuerdo no exime a la obra del cumplimiento de la ley, pero sí agiliza su construcción.
“Este (acuerdo) simplemente nos ahorra tiempo. Estamos obligados a rendir cuentas”, dijo Jiménez Pons dos días después de la publicación del acuerdo.
No obstante, las obras podrían enfrentar un nuevo problema aun cuando estén terminadas y en funcionamiento, advierte Varela. "Un juez podría considerar que esos proyectos de infraestructura no cumplieron con la normativa aplicable", explica.
Lo anterior implicaría la suspensión de su funcionamiento y la revisión a fondo de las violaciones a reglamentos, así como a normas o leyes.
“El presidente está tratando de saltarse las leyes mediante un acuerdo, el primero que debe cumplir las leyes es el Poder Ejecutivo, es por eso que estos tres párrafos son muy preocupantes para la democracia y la competitividad del país, es una muy mala señal”, subraya Varela.
Los criterios del acuerdo solo se aplicarán a las obras del gobierno, por lo que se crea un marco que pone en desventaja a la iniciativa privada que invierte en obras públicas, un marco discriminatorio para concesiones, adjudicaciones directas o concursos.
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