Tras Argentina, ¿qué sigue para la lucha del aborto legal en América Latina?
La legalización de la interrupción del embarazo es un clamor imparable de las mujeres de América Latina.
La legalización de la interrupción del embarazo es un clamor imparable de las mujeres de América Latina.
Ecuador DPR Funding emitió bonos Serie 2020-1 a tasa fija por 150 millones de dólares por medio de un programa de titulización de derechos de pago diversificados (DPR, por sus siglas en inglés) existentes y futuros de Banco Pichincha, de Ecuador, y subsidiarias.
Desde el 24 de noviembre, los colectivos feministas Siempre Viva y Coordinadora Feminista tomaron las instalaciones del Congreso local en Puebla, México. Tres días después, la Red Feminista Quintanarroense siguió el ejemplo en Quintana Roo. Ambas tomas tienen el objeto de presionar la discusión de proyectos de ley para despenalizar del aborto.
En México, por cada 100 abogados hombres reconocidos en los principales rankings de firmas legales, hay solo 14 abogadas. Lo mismo sucede en Argentina y Chile, con solo 18 abogadas por cada 100 hombres. En Brasil, 32. La cifra más cercana a la paridad la tiene Nicaragua, donde se reconocen 76 abogadas por cada 100 abogados, y República Dominicana, con 68 abogadas.
La desigualdad de género no se limita a un menor salario, es mucho más estructural que eso.
En México, la Cámara de Diputados discute una iniciativa de ley elaborada por el colectivo Menstruación Digna que propone que todos los productos de gestión menstrual, como toallas sanitarias, pantiprotectores, toallas de tela, tampones y copas menstruales, tengan una tasa del 0 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con el proyecto, su uso es indispensable para la salud de las mujeres por lo que deberían estar exentos del gravamen de 16 % que actualmente tiene.
Banco Davivienda, de Colombia, emitió bonos sociales de género a un plazo de siete años por un monto en pesos colombianos equivalente de 100 millones de dólares. En paralelo, también suscribió un contrato de préstamo subordinado a plazo por 50 millones de dólares con OPEC Fund for International Development (OPEC Fund).
El Estado peruano está en deuda con las mujeres, hacen falta leyes básicas sobre cuotas de participación de las mujeres en puestos clave para la toma de decisiones en el país y de inclusión y protección laboral.
El estudio peruano Payet, Rey, Cauvi, Pérez implementó un programa para igualar las oportunidades entre mujeres y hombres profesionales del derecho.
María Macarena García Mirri, socia de Marval O'Farrell Mairal, se desempeña en el área de sociedades y fusiones y a