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AMLO - Presidencia de la Republica
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México deja a la deriva a los empresarios en medio de la crisis del COVID-19

A diferencia del resto de Latinoamérica, el Gobierno de López Obrador descarta cualquier facilidad fiscal fuera de acelerar la devolución del impuesto al valor agregado
por Aminetth Sánchez
publicado el08/04/2020
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Agilizar la devolución de los saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA). Disminuir los pagos provisionales del ejercicio fiscal 2020. Establecer estímulos fiscales temporales al empleo y a la inversión. Diferir durante seis meses la presentación de la declaración anual. Pagar los impuestos hasta en 12 parcialidades y sin recargos. Suspender temporalmente los actos de fiscalización. La lista de propuestas era larga. 

En más de una ocasión durante las últimas semanas, el sector empresarial mexicano –a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras organizaciones– puso sobre la mesa las facilidades fiscales mínimas que el Gobierno debía poner en marcha durante la contingencia del COVID-19. Estas medidas permitirían a las compañías tener liquidez para seguir operando, continuar con el pago de las obligaciones laborales, evitar la pérdida de empleos y activar la economía. 

Del total de las propuestas, el Gobierno mexicano solo consideró una: la primera. “Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del plan de reactivación económica por el COVID-19, realizada el pasado 5 de abril. El resto de los planteamientos no fueron incluidos. 

Para los especialistas en materia fiscal, el anuncio se queda corto frente a las necesidades de flujo de efectivo de las compañías, principalmente de las 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas (mipymes) que existen en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

“Nos deja en un estado de incertidumbre a todos. No están pensando en los contribuyentes, quieren que sigan pagando y que no despidan (a colaboradores). Puedes tener toda la intención de no correr a tus empleados, pero si no tienes el dinero los vas a despedir”, dice Karina Robledo y González Plata, asociada de asuntos fiscales nacionales e internacionales de Santamarina y Steta.

Para Manuel Rico, socio de impuestos internacionales de KPMG México, la aceleración de las devoluciones de IVA es una ayuda para que los contribuyentes mantengan el flujo de efectivo, pues se entregarían en un periodo de 20 a 30 días, pero es un apoyo relativo. “Lo único que va a suceder es que se le va a regresar al contribuyente lo que ya tenía derecho a recuperar”, destacó el experto. “Hay otras medidas que se esperaban, como el diferimiento del pago de impuestos”.

Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que la no incorporación de medidas adicionales es reflejo de una inflexibilidad fiscal. “Me parece muy delicado, porque piensan que todas las compañías son grandes y no es el caso, en México hay muchos tipos de empresas y en este momento seguramente su caja está muy estirada, probablemente tienen la preocupación de que si pagaron impuestos este fin de semana, no tienen para la nómina”, dijo.

A inicios de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó sus perspectivas económicas provisionales en el entorno de la propagación del coronavirus que, destacó, representa el mayor peligro para la economía desde la crisis financiera de 2008. “El virus amenaza con asestar un nuevo golpe a la economía mundial que ya se había debilitado por tensiones comerciales y políticas. Es preciso que los gobiernos actúen de inmediato”, dijo la economista en jefe de la OCDE, Laurence Boone.

Entre las medidas sugeridas, el organismo recomendó poner en marcha facilidades fiscales y presupuestales temporales principalmente en los sectores más afectados por la desaceleración, como el turismo, automotriz y tecnológico. Además, propuso proporcionar liquidez para que la banca asista a las empresas con problemas de efectivo y, si la pandemia se propaga de manera más amplia, establecer un marco coordinado a escala internacional para brindar estímulos fiscales y monetarios coordinados para reconstruir la confianza. 

Algunos países han atendido las recomendaciones. Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Canadá, China, Colombia, Israel, España, Perú y Corea, por ejemplo, ampliaron los plazos para presentar y pagar impuestos. Y naciones como Australia, Italia y Reino Unido han suspendido multas e intereses. Bélgica, Finlandia, Hungría y holanda han implementado planes de pago de deuda. 

Otros países como Argentina, Brasil, Alemania y España suspendieron la recuperación de la deuda, que incluye embargo de salarios, cuentas bancarias, incautaciones y ventas de activos. Respecto de reembolsos rápidos, nueve países los han implementado, entre ellos, Australia, China y Francia. Además, 22 naciones han realizado cambios a sus políticas de auditoría y 29 administraciones tributarias han implementado estrategias de servicios digitales y comunicaciones mejoradas. 

Pilar López, socia líder de servicios legales de PwC, considera que el Gobierno mexicano todavía está en tiempo de implementar medidas fiscales adicionales. “Esperaría que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esté trabajando en delinear de manera muy puntual (el plan presentado por el presidente) y eso se va a traducir en beneficios tanto para personas físicas como para mipymes”, agregó. 

De no hacerlo, enfatiza Manuel Rico, las empresas estarían en peligro de terminar con sus operaciones. “El riesgo de que no se pongan en marcha (medidas adicionales), ojalá nos equivoquemos, es el cierre de pequeñas y medianas empresas que no tengan suficiente flujo de efectivo para solventar sus principales obligaciones, principalmente la laboral”. 

Una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), a finales de marzo, reveló que de un total de 1,211 mipymes mexicanas, 77 % podría dejar de operar en menos de dos meses; 87 % perderá ventas, clientes y nuevos proyectos; 31 % tendrá dificultad para pagar préstamos o créditos, 25 % se verá forzada a despedir personal y 40 % tendrá dificultades para pagar impuestos. 

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