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México, Perú y Chile son tres países en los que se han realizado adjudicaciones directas recientemente / LexLatin
México, Perú y Chile son tres países en los que se han realizado adjudicaciones directas recientemente / LexLatin

COVID-19 y la corrupción en las licitaciones públicas en Latinoamérica

Las compras por adjudicación directa están justificadas tras casi cuatro meses de cuarentena, pero el cúmulo de contratos representa un reto para la fiscalización
por Ana Karen de la Torre
publicado el26/06/2020
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Al menos 9,5 millones de personas se han contagiado de COVID-19 en el mundo y alrededor de 500.000 han muerto. En Latinoamérica, los contagios superan los 2,2 millones y las defunciones ya rebasaron las 100.000. La situación de emergencia no ha cesado y hace que los Gobiernos se valgan de mecanismos especiales en sus contrataciones públicas.

Hacer compras mediante adjudicación directa sigue siendo un acto justificado y, luego de casi cuatro meses en crisis, el cúmulo de contratos pactados hoy representa un reto para la fiscalización. La Fiscalía Anticorrupción en Perú investiga 869 casos por sobrevaloración de equipo médico e irregularidades en la distribución y compra de canastas. En México y en Chile se han denunciado compras a sobrecosto de mascarillas. En Bolivia y en México se han denunciado incluso compras de respiradores pulmonares. En El Salvador, recientemente, fue destituido un funcionario encargado de la administración de un fondo estatal por suministrar caretas protectoras a través de su empresa particular. 

Chile, entre pruebas rápidas y mousse de pato

“Uno entiende que por la pandemia las cosas tengan que hacerse así, por un tema de urgencia, pero la verdad es que la cantidad de casos de corrupción que estamos viendo, al menos en Chile, no es usual”, comenta Juan José Lyon, director ejecutivo en América Transparente y periodista investigador de las compras públicas. 

Las denuncias más recientes son por comprar comida gourmet desde Presidencia. Sí, comida gourmet: caviar de salmón y trucha, paté de jabalí, queso ciliegine y mousse de pato, entre otras. 

Es también reciente el desvelamiento del conflicto de interés con contratistas de residencias sanitarias, esos espacios que destinó el Gobierno de Sebastián Piñera para que las personas de escasos recursos pudieran aislarse. Entre los contratistas había funcionarios de atención primaria del Ministerio de Salud y personas vinculadas al partido oficialista Unión Demócrata Independiente.

Además, en una investigación en la que participó el propio Juan José Lyon, se descubrió que 64 entidades públicas -entre municipalidades, hospitales y servicios de salud, ordenaron la compra de casi 50.000 tests rápidos no validados por el Ministerio de Salud. Lyon detalla que en muchos casos en los contratos no se señalan las marcas de las pruebas y, en otros, no se señala la cantidad.

El director ejecutivo de América Transparente menciona que la descentralización de las compras, sumada al precario sistema de búsqueda de compras, favorece la opacidad. Sin un criterio estándar de titulación de estas órdenes de compra se vuelve casi imposible rastrear los contratos. 

El asunto clave en estas contrataciones está vinculado con la incertidumbre de la fecha de término para realizar las compras de trato directo. “Los estados de emergencia suelen extenderse. Hoy todavía se hacen estas compras para el último terremoto de Chile que ocurrió en de 2010. Aunque estos contratos se deben hacer cumpliendo los requisitos mínimos, estos no son mejores que los de licitación pública. Es un terreno propicio para la corrupción”, señala Lyon.

Perú, un cantante para motivar

El Gobierno peruano, encabezado por Martín Vizcarra, también ha optado por las adjudicaciones directas en la compras del Estado. Para esto se amplió el plazo, de 10 a 30 días, para la regularización que deben hacer las entidades públicas luego de realizar cada compra. Es la única modificación que se le ha hecho a la norma.

Perú es uno de los países latinoamericanos con más resultados en su lucha anticorrupción, por ejemplo, tiene a todos sus expresidentes procesados. Aún así, Samuel Rotta Castilla, director ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, detalla que al tratarse de sumas millonarias se dificulta la fiscalización (hasta ahora, al menos 63.441 millones de dólares han sido distribuidos en amplias series de contratos). 

La Contraloría está funcionando de manera concurrente y hace apenas unas horas anunció que la compra de tablets, a cargo del Ministerio de Educación, era riesgosa. En la auditoría se detalla que los equipos no cumplen con las características técnicas que se requieren. El riesgo también está en el plazo de entrega, pues se considera un tiempo no apto para hacer validaciones. 

Uno de los mayores escándalos de este periodo ha sido la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. El Ministerio de Cultura lo había buscado para dar charlas motivacionales por 8.559 dólares. Tras conocerse la noticia del contrato, Sonia Guillén renunció a su cargo como ministra de Cultura. 

“Las instituciones de contrapeso están haciendo su trabajo, a nosotros aún nos parece insuficiente porque estamos hablando de un universo muy grande de procesos de contratación, donaciones, bonos a población vulnerable, estímulos económicos para la reactivación, para una cantidad bastante grande de empresas de todo tamaño”, comenta Rotta y agrega que un efectivo contrapeso por parte del Gobierno hubiera sido aumentar la transparencia de los procesos, algo que no se ha hecho. 

Aunque el derecho al acceso a la información no está suspendido, el portal único de transparencia del Gobierno del Estado permaneció inhabilitado con fundamento en el decreto de urgencia, al menos durante más de tres meses. Un desatino en opinión de Samuel Rotta. “En este contexto de emergencia el Poder Ejecutivo tiene mayor poder y mayor discrecionalidad. La existencia de controles y contrapesos y, en este caso, el acceso a la información pública, cobran mayor importancia, pues se da la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer control de las gestiones”.

México, criterios indefinidos

En México la situación no es mejor. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha realizado una serie de investigaciones sobre las adjudicaciones directas, que son las favoritas en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en el contexto de la pandemia, esta figura se ha explotado todavía más. Entre las contrataciones por el COVID-19 hay una denuncia emblemática, la compra irregular de ventiladores por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una persona sentenciada por fraude en los Estados Unidos. Otra es la compra de los ventiladores más caros en esta coyuntura en beneficio del hijo de Manuel Bartlett, un funcionario que en 2019 fue investigado por enriquecimiento oculto y conflicto de interés.

Gerardo Carrasco, director jurídico de MCCI, explica que en México hay cada vez más obstáculos en el combate a la corrupción. “Al presidente de la República no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, lo tachó de sistema neoliberal; incluso planteó que el Tribunal de Justicia Administrativa sea de una sola sala cuando están pensadas cinco, que a mi gusto son pocas”. Parte del problema es que el sistema no está completo pues aún no hay designaciones de los magistrados anticorrupción y, en consecuencia, no hay quien imponga faltas administrativas graves con competencia constitucional.

El director jurídico de MCCI ve que los organismos autónomos constitucionales se han alineado con el Poder Ejecutivo con ayuda del Legislativo. Con una serie de cambios y propuestas en materia anticorrupción, México se está quedando desarmado. Para combatir la corrupción se necesita la confluencia de la ciudadanía, respeto a la autonomía de las instituciones, real equilibrio de Poderes, rendición de cuentas y castigos ejemplares. 

“Las investigaciones de corrupción en el país que dependen del Ejecutivo cada vez dejan más de qué desear. No olvidemos que Manuel Bartlett fue exonerado sin ton ni son por parte de la Secretaría de la Función Pública”, comenta Carrasco. 

Para el director, hoy ya no están justificadas las adjudicaciones directas. Ahora, luego de hacer las mediciones estadísticas necesarias, el Gobierno debería prever los brotes de contagios más altos para equiparse y realizar concursos de contratación y no esperar hasta el último día. En México la vigilancia ciudadana también se encuentra limitada ya que los plazos para el acceso a la información permanecen suspendidos. “Yo creo que estamos viendo una fórmula perfecta para que el combate a la corrupción se quede en términos discursivos, sin resultados”, refiere Carrasco. 

Hay una coincidencia tajante entre los expertos: son bastante ilustrativos los ejemplos de cómo las formas mínimas procedimentales en los tratos directos no se están cumpliendo. Al contrario, se están realizando contrataciones con tantas omisiones que dejan amplio margen para los actos de corrupción. 

 

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