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Salini Impregilo amenaza con demandar a Panamá por USD 2.2 billones
Salini Impregilo amenaza con demandar a Panamá por USD 2.2 billones

Salini Impregilo amenaza con demandar a Panamá por USD 2.2 billones

por Angela Castillo
publicado el11/08/2015
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La empresa constructora Salini Impregilo amenaza con exigir a Panamá el pago de USD 2.2 billones en un tribunal internacional en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Italia y la nación del istmo.


La cifra surge de un cálculo de pérdidas financieras causadas por “acciones y omisiones” de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, que permitirá ampliar el tránsito marítimo por el canal.


En una carta del 16 de julio, el presidente de la compañía, Pietro Salini, planteó al presidente panameño, Juan Carlos Valera, iniciar un proceso de negociación y consulta con las autoridades del país. La empresa invoca el Tratado Bilateral de Inversiones entre Italia y Panamá como marco para resolver la disputa.


Altos funcionarios de la administración panameña ya han expresado que la posición del Estado es que cualquier reclamo debe ser resuelto en las instancias fijadas en el contrato de adjudicación del proyecto.


La empresa responsabiliza al Estado panameño por haber ocultado información geotécnica sobre las condiciones del terreno en el sitio de la obra, y por no haber informado sobre la calidad del basalto extraído de un yacimiento cercano y que se utiliza para elaborar la mezcla de concreto. Señala además que la ACP no ha actuado con transparencia y celeridad para evitar incrementos en el presupuesto y pérdidas para la compañía.


Salini Impregilo forma parte del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), junto con la constructora española Sacyr; la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana. En 2009, estas empresas obtuvieron el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas, por USD 3.18 billones. El presupuesto total de la ampliación del Canal asciende a USD 5.2 billones.


El reclamo multimillonario de Salini es independiente de una serie de demandas del consorcio GUPC contra la ACP y que totalizan USD 2.68 billones.


Conflictos contractuales y laborales paralizaron la obra por varias semanas en febrero y abril de 2014. En agosto del año pasado, el consorcio y la administradora del canal llegaron a un acuerdo para finalizar el tercer juego de esclusas, que no contemplaba el reconocimiento de sobrecostes o reclamos.


Las partes acordaron extender la culminación de las compuertas hasta diciembre de 2015, lo que permitiría iniciar operaciones comerciales en el primer trimestre de 2016.


En enero de este año, la Junta de Resolución de Conflictos, la segunda instancia creada en el contrato para zanjar diferencias contractuales, dictaminó que la ACP debía pagar USD 233 millones al consorcio, un monto que parcialmente reconoce uno de los reclamos por sobrecostes de los contratistas. Panamá apeló esta decisión ante el tribunal de arbitraje contemplado en el contrato, que estipula que las partes deben reunirse en Miami y que el procedimiento debe regirse de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.


En abril de 2014, las partes designaron a sus árbitros en un panel de arbitraje para decidir sobre reclamos contractuales que totalizan USD 1.6 billones. GUPC contrató a Bernardo Cremades, de B Cremades y Asociados.


Cremades había representado a Salini Impregilo en una disputa por un proyecto hidroeléctrico en Pakistán. La demanda fue llevada ante un tribunal de arbitraje bajo las reglas del CIADI. El desacuerdo fue resuelto en 2005.


GUPC también cuenta con la representación de Bonelli Erede Pappalardo, en Italia. El equipo está formado por los socios Paolo Di Giovanni y Paolo Daino y el of-counsel Antonio Crivellaro. El consorcio también es representado por Carolyn Lamm, jefa del departamento de arbitraje internacional de White & Case LLP.


La ACP fue representada por Robert Gaitskell, de Keating Chambers, y por Nick Henchie, director de la constructora Vinson & Elkins, y quien a su vez trabaja con un equipo de abogados de su antigua firma, Mayer Brown LLP.


Gaitskell fue parte de un tribunal de arbitraje que rechazó un reclamo de Salini Impregilo en contra de Uganda, luego de que este país se negara a pagar desembolsos adicionales por un proyecto de construcción vial.

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