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Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, da un mensaje a la Nación para disolver el Congreso/Archivo
Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, da un mensaje a la Nación para disolver el Congreso/Archivo

Los pendientes legislativos en Perú tras la disolución del Congreso

El país ha convocado elecciones parlamentarias para finales de enero
por Ana Karen de la Torre
publicado el02/10/2019
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La noche del lunes 30 de septiembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra Cornejo disolvió el Congreso de la República. El Decreto Supremo de disolución contiene la convocatoria a elecciones de los nuevos miembros del Poder Legislativo para el 26 de enero del próximo año. Es decir, que en Perú no habrá Congreso por casi cuatro meses. Esta decisión deja en el aire el debate de decenas de proyectos urgentes como la regulación del voto en el extranjero, la Ley de Presupuesto y la Ley del Libro.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de Elecciones, que el Congreso aprobó el mes pasado, dejó sin posibilidad de votar a los peruanos en el extranjero ya que no se contempló un distrito electoral para ellos (anteriormente era Lima). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución de apertura del proceso electoral y fijó el 30 de septiembre como cierre del padrón electoral, que para las elecciones generales de 2016 registró 884.924 votantes. 

Las próximas elecciones generales en el Perú se realizarán el domingo 11 de abril de 2021 y, de acuerdo con su reglamentación, la convocatoria debe publicarse nueve meses antes de la jornada electoral. De modo que el nuevo Congreso tendría menos de cuatro meses para la discusión, aprobación y publicación de esta modificación, considerando que el segundo periodo ordinario de sesiones iniciaría el 1 de marzo de 2020 y terminaría el 15 de junio.

Además de las modificaciones a la regulación electoral, otra discusión pendiente del Congreso disuelto es la de la Ley de Presupuesto, sustentada con las leyes de equilibrio financiero y endeudamiento del sector público que fue presentada a inicios del mes pasado por el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el extitular de Economía, Carlos Oliva. La Ley de Presupuesto no alcanzó a ser publicada, la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú (FENAEP) remitió una propuesta de normas complementarias que retrasaron su aprobación. 

En el caso de que el Legislativo no remita al Ejecutivo la Ley de Presupuesto antes del 30 de noviembre, la Constitución prevé que entre en vigencia el proyecto de ley propuesto.

También debía verse a la brevedad la ley que promueve la industria del libro, el acceso a la lectura y las bibliotecas. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural ya había emitido un dictamen a favor de prorrogar hasta por 10 años más la exoneración del 18 % del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la producción e importación de libros y productos editoriales, pero no se logró llevar la discusión al Pleno. Este beneficio termina el próximo 12 de octubre y había estado vigente desde hace 15 años. 

El nuevo Congreso tendrá que retomar proyectos que tienen que ver con la promoción, accesibilidad y publicidad de medicamentos genéricos; la modificación al Plan Nacional de Competitividad y Productividad; la modificación al acuerdo entre Perú y Bolivia para transferir personas condenadas y menores de edad; y la incorporación del uso de armas no letales de última generación para la Policía Nacional del Perú.

La Comisión Permanente del Congreso se mantendrá durante el interregno parlamentario, pero solo puede designar o ratificar nombramientos y aprobar créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones del gasto público. A la vez, la Carta Magna establece que el poder ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia: estos no pueden emitirse en materia tributaria, pero sí en economía y finanzas.

Datos de contexto de la disolución del Congreso

La Constitución peruana faculta al titular del Ejecutivo para disolver el Congreso si este le censura o niega la confianza a dos Consejos de Ministros. 

Esta decisión fue impulsada por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC): el Congreso realizó esta elección en un lapso de cinco días; analistas políticos y prensa local atribuyeron el hecho al debate del habeas corpus de Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, actualmente condenado por delitos de corrupción, peculado y de lesa humanidad. Keiko Fujimori está siendo procesada por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lavado de activos, vinculado al Caso Odebrecht. 

Los magistrados del TC tienen a su cargo el conocimiento de procesos de inconstitucionalidad, última instancia sobre resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento y conflictos de competencia. 

El viernes 27 de septiembre, Martín Vizcarra presentó su segunda cuestión de confianza para cambiar la modalidad de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y evitar los nombramientos del Congreso. Por ello, en la mañana del lunes, Salvador del Solar sustentó la cuestión de confianza ante el Congreso, pero este continuó con su agenda; así que el Ejecutivo interpretó que hubo censura de confianza. 

Además de la presentación de la cuestión de confianza, el jueves 26 de septiembre las organizaciones Instituto de Defensa Legal (IDL) y la ONG Flora Tristán interpusieron un amparo ante el Poder Judicial para suspender la elección de los magistrados del Tribunal porque el procedimiento de elección de magistrados no contaba con los mecanismos de publicidad y transparencia que permitan asegurar la independencia, idoneidad y legitimidad de los candidatos.

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