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Empresas de alimentos inician proceso de arbitraje contra Venezuela

Empresas de alimentos inician proceso de arbitraje contra Venezuela

por Rosa Ramos
publicado el23/05/2016
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Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., propiedad de Serafín García Armas y Karina García Gruber, inversionistas hispano-venezolanos, iniciaron un proceso de arbitraje contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en busca de una compensación por la expropiación de los activos de ambas compañías, ejecutado por el gobierno de Hugo Chávez Frías.

El arbitraje fue registrado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) el pasado 5 de mayo. Venezuela se encuentra representada por la Procuraduría General de la República y Hogan Lovells (París) LLP y Hogan Lovells US LLP (Caracas). Por su parte, Frisa y Dole son representados por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Los demandantes alegan que la Junta de Administración que tomó las instalaciones de sus empresas en mayo de 2010, a través de la ejecución de una serie de medidas gubernamentales, entre las que se incluyó la suspensión de la comercialización y decomiso de los productos, aún ocupa sus instalaciones, lo que les ha generado deudas y la pérdida total del valor de sus inversiones.

A esto se suma el hecho de que uno de sus dueños (García Armas) está involucrado en varias disputas y acciones judiciales en Venezuela y Estados Unidos en las cuales se reclama el pago de deudas de las que García es garante (como representante de Frisa y Dole), pero que no han sido pagadas por el gobierno venezolano.

De acuerdo con la demanda, hecha bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la ocupación arbitraria del gobierno bolivariano (y la ausencia de una compensación por esta expropiación) viola el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Venezuela para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (Appri) que los ampara, ya que los demandantes son tanto españoles como venezolanos.

Los empresarios exigen al Tribunal que obligue al Estado venezolano a pagar las deudas que no fueron honradas en su momento (cercanas a los USD 8 millones), que les paguen una compensación por la expropiación de la que fueron objeto sus activos y por la violación al Appri, así como una compensación adicional por daños y la cancelación de los gastos del arbitraje iniciado este mes.

Venezuela, que atraviesa actualmente una crisis económica y social profunda, ha acumulado varios reveses ante el Ciadi, tres de los más recientes fueron  el laudo que le obliga a pagar USD 98 millones en favor de Vestey Group Limited, una indemnización de USD 1.386 millones para Crystallex, y una compensación a Tidewater por 27,4 millones de dólares. Todas estas producto de procesos relacionados a expropiaciones.

Asesores de la República Bolivariana de Venezuela:

Procuraduría General de la República: Procurador Manuel Enrique Galindo.

Hogan Lovells (París) LLP: Socia Carmen Núñez-Lagos.

Hogan Lovells US LLP (Caracas): Socios Luis Bottaro, Bruno Ciuffetelli, Gonzalo Rodríguez-Matos. Asociado Carlos Rodríguez.

Asesores de Serafín García Armas y Karina García Gruber:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Washington, D.C., Roma, Londres) : Socio Nigel Blackaby, counsel Lluís Paradell y asociado senior Jean-Paul Dechamps.

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