La violencia contra las mujeres en el Perú es una realidad alarmante que ha alcanzado niveles críticos, convirtiéndose en una de las principales problemáticas sociales del país. A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos por promover la igualdad de género, miles de mujeres continúan siendo víctimas de distintos tipos de violencia, y estos van desde la física y psicológica hasta la sexual y económica. Este fenómeno tiene profundas raíces culturales, sociales y económicas, que afectan gravemente a las víctimas, sus familias y comunidades.
En los últimos años, la visibilización de la violencia de género ha aumentado considerablemente en el Perú, gracias a los movimientos feministas, la presión de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Te puede interesar: La propuesta de abogadas constitucionalistas de Chile
Sin embargo, a pesar de este aumento de la conciencia, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Además, los casos de feminicidios continúan siendo un problema grave. Solo en 2023, hasta el mes de septiembre, se registraron más de 100 feminicidios en el país, lo que demuestra que las medidas actuales siguen siendo insuficientes para proteger a las mujeres.
La violencia contra la mujer en el Perú no discrimina por nivel socioeconómico, edad o lugar de residencia. Si bien las mujeres en situación de pobreza y de zonas rurales suelen estar más expuestas a situaciones de violencia, en las zonas urbanas y entre mujeres de clases medias y altas se han registrado casos graves. Por lo tanto, este es un problema que afecta a todas las esferas de la sociedad.
Las raíces de estas violencias son profundas y están vinculadas a factores culturales, sociales y económicos. Una de las principales causas es el machismo, una ideología que coloca al hombre en una posición de superioridad sobre la mujer. El machismo se encuentra profundamente arraigado en la sociedad peruana y se manifiesta en comportamientos cotidianos, desde los roles de género tradicionales hasta la justificación de actitudes violentas hacia las mujeres.
En esa misma línea, otra causa importante es la falta de educación y sensibilización sobre los derechos de las mujeres. Aunque en las últimas décadas se han implementado políticas de igualdad de género y se ha incorporado la educación sobre derechos humanos en los currículos escolares, sigue existiendo una gran falta de conocimiento y conciencia sobre la gravedad de la violencia de género.
Además, la pobreza y la desigualdad económica también son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia: las mujeres que dependen económicamente de sus parejas suelen tener más dificultades para salir de una relación violenta, ya que temen no poder mantener a sus hijos o enfrentar el rechazo social.
Te sugerimos leer: Feminismos latinos; las hijas de la revolución
Por otra parte, en las últimas décadas, el Estado peruano ha adoptado una serie de medidas para combatir la violencia de género, como la implementación de la Ley N° 30364.
La norma, promulgada en 2015, es una de las principales herramientas legislativas en este campo y tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, establece mecanismos de protección para las víctimas, como las medidas cautelares que buscan alejar al agresor del entorno de la mujer.
A su vez, el Perú cuenta con Centros de Emergencia Mujer (CEM), estos brindan atención integral a las víctimas de violencia, ofreciendo apoyo psicológico, legal y social. Estos centros han sido fundamentales para que muchas mujeres puedan denunciar y recibir apoyo inmediato en situaciones de violencia; sin embargo, a pesar de estos avances, existen grandes desafíos en la implementación efectiva de estas políticas.
Quizá quieras revisar: El derecho a la lactancia materna, ¿los despachos legales se suman a los objetivos de desarrollo sostenible?
Desafíos más allá de la norma: cómo implementar correctamente la legislación
Uno de los principales problemas del Perú es la impunidad. En muchos casos, los agresores no son sancionados adecuadamente, lo que genera una sensación de desprotección y falta de justicia entre las víctimas.
Asimismo, la falta de formación y sensibilización del personal judicial y policial en temas de violencia de género es otro de los obstáculos para la correcta aplicación de la ley. Sin contar, además, la falta de recursos: aunque existen leyes y programas de protección, muchas veces no cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios para su implementación efectiva.
Por otro lado, la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede recaer únicamente en el Estado, ya que la sociedad civil desempeña un rol fundamental en este proceso.
En el Perú, organizaciones feministas y de derechos humanos han sido clave en la visibilización del problema y en la promoción de cambios legislativos, movimientos como “Ni Una Menos” han logrado movilizar a miles de personas en marchas y manifestaciones, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio y violencia de género. El trabajo de estas organizaciones ha sido esencial para brindar apoyo a las víctimas, especialmente en casos en los que el Estado ha fallado en protegerlas o asistirlas; muchas veces, las redes de apoyo comunitarias y las ONGs son el único recurso disponible para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Esta problemática afecta a miles de mujeres cada día y requiere una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad. Aunque se han logrado importantes avances en términos legislativos, todavía queda mucho por hacer en la implementación efectiva de las leyes y en la sensibilización de la población.
Finalmente, la erradicación de la violencia es un objetivo alcanzable, pero requiere un compromiso continuo y un esfuerzo colectivo: es importante continuar con los esfuerzos por erradicar el machismo y promover la igualdad de género, no sólo a través de políticas públicas, sino también mediante la educación y el cambio cultural.
En resumen, solo cuando la sociedad en su conjunto rechace de manera contundente todas las formas de violencia hacia las mujeres, será posible avanzar hacia una realidad más justa y equitativa para todos.
*Alejandra Ordaya Enriquez es abogada especializada en Derecho de Familia del Estudio González Salinas +.
}
Add new comment