Para los venezolanos, el año 2019 pareció durar una eternidad. Con la economía sepultada en una fosa y el país apenas resistiendo los embates de dos años funestos, se detonó un éxodo masivo. Todo esto en medio de una crisis política que dividió al país entre Juan Guaidó —reconocido como presidente por más de 50 países, pero sin poder alguno en la práctica real— y Nicolás Maduro, quien había violado las leyes electorales y la propia constitución para aferrarse al poder. Además, un apagón de proporciones nacionales que se extendió por varios días y cuyas consecuencias siguen afectando a muchas ciudades que aún hoy no tienen servicio continuo de electricidad.
Hoy el gobierno pregona la narrativa de una recuperación económica. Las proyecciones de crecimiento del PBI para 2022 son variopintas, van desde un 3% hasta un 20%, pero todas apuntan hacia un crecimiento. Se trata, sin embargo, de un crecimiento relativo, dada la contracción económica de casi 80% desatada desde 2013. Aunque a principios de este año Venezuela pudo dejar atrás cuatro años de hiperinflación, la tasa de inflación anual actualmente ronda el 170%, siendo una de las más altas del mundo, según reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas.
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A pesar de esto, el ciudadano común se muestra más propenso a aplaudir la reaparición de los productos y servicios básicos que a comparar su situación actual versus su situación una década atrás. En el plano internacional, la más leve mejoría parece resonar en titulares positivos. Este optimismo hace olvidar que el gobierno no ha alcanzado esta aparente recuperación a través de reformas profundas o cambios significativos en sus políticas públicas, sino a través de una desregulación repentina e informal que ahora deja a la economía en una situación vulnerable.
Sumado a todo esto, tenemos el hecho de que en 2019 el gobierno casi desapareció. Dejó de aplicar controles de precios y de divisas y permitió al dólar circular libremente, las autoridades impositivas y aduaneras dejaron de recaudar —aranceles, impuesto sobre la renta, IVA—, y el cumplimiento de las leyes laborales se esfumó.
Con el poder adquisitivo del bolívar diluido, un pequeño flujo de dólares circulando libremente en el país ha sido capaz de oxigenar levemente algunos sectores de la economía. Los productos importados que habían desaparecido emergieron de nuevo en el mercado, así como algunas marcas locales que muchos creíamos extintas.
En 2020, el gobierno resurgió para adjudicarse el crédito de la reforma económica no oficial. Incluso con la llegada de la pandemia, el sector privado asumió el control de muchos servicios, apuntando a aquellos consumidores con capacidad para costearlos. En las grandes ciudades, comenzaron a aflorar nuevos emprendimientos, desde proveedores de internet, educación, restaurantes, entretenimiento, alimentos importados (los mentados ‘bodegones’), sistemas de pagos electrónicos y servicios de delivery.
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Estas nuevas formas de ingreso han permitido al gobierno apuntalar su cruzada silenciosa para reducir el déficit. Obviamente, siempre desde una perspectiva informal. El gobierno se limitó a dar continuidad a los recortes en el gasto público, matando de hambre a los empleados públicos, quienes perciben el salario más bajo de toda la región. Esto precipitó el movimiento de protesta más efectivo en muchos años, uno liderado por los educadores del sector público, quienes tomaron las calles para manifestarse en contra de “los salarios del hambre”.
La estrategia de una “reforma económica extraoficial” no parecía sustentable, pero luego de tres años ha permeado cada industria del país. Si bien sigue siendo informal y débil, esta reforma impulsada más por acuerdos tras bambalinas y una filosofía laissez-faire que por leyes o políticas, ha logrado sortear las densas aguas del modelo clásico chavista de control económico y de exclusión del sector privado.
La Ley Antibloqueo, diseñada para atraer inversiones extranjeras y evadir las sanciones, ha sido clave dentro de esta estrategia. Esta ley fue sancionada por la Asamblea Constituyente. Esta instancia legislativa había sido conformada originalmente para redactar una nueva constitución, aunque en realidad terminó siendo un órgano parlamentario paralelo desde el momento en que la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional.
En esencia, la ley es una estrategia de marketing que promete confidencialidad y condiciones de negocios favorables, que se han traducido en reuniones extraoficiales entre los potenciales socios e inversores y agentes del poder, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo Tareck El Aissami, según reportan algunos de los asistentes a este tipo de reuniones preferenciales. Sin embargo, la ley se queda muy corta ante las expectativas de una reforma amplia del sector hidrocarburos, aspiración de los socios extranjeros de Venezuela, principalmente China y Rusia, que persiguen lo que todos los que están en el negocio petrolero en Venezuela aspiran: menos interferencia de la petrolera estatal PDVSA y un porcentaje mayor de participación en los proyectos. Chevron, uno de los socios estadounidenses de PDVSA, al parecer también se ha unido a este coro.
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Tanto el parlamento paralelo de Maduro como la nueva Asamblea Constituyente han fracasado en su intento por aprobar esta reforma. La razón en ambos casos es la misma: los ideólogos chavistas y ciertos agentes de poder de la vieja guardia, que no están dispuestos a conceder la privatización de las empresas estratégicas del país. Así que, de momento, el viejo marco legal permanece vigente, a pesar de las lagunas legales creadas por la Ley Antibloqueo.
El gobierno intenta valerse de esas lagunas para levantar la producción petrolera, al construir alianzas estratégicas y atraer nuevos inversores. No tiene nada que perder, pues la mayoría de los activos e instalaciones ofrecidos para la privatización está en ruinas. Para los inversionistas privados, es una apuesta de alto riesgo por el historial de expropiaciones que tiene el país, pero simultáneamente representa una oportunidad de ingresar al sector petrolero a precios de remate.
En este momento tan particular, la estrategia de Maduro de sacar provecho de la invasión rusa a Ucrania pareciera estar rindiendo frutos. A pesar de que Venezuela está profundizando su cooperación con Irán, también se encuentra en negociaciones con compañías estadounidenses y, a su vez, está renovando las relaciones con los socios europeos de sus proyectos conjuntos.
Maduro se siente cómodo ejerciendo el poder así. Su administración ya no intenta convencer al mundo para que la reconozca como una democracia legítima. En cambio, impulsa una narrativa de recuperación económica y se enfoca en transformar a la ciudad de Caracas en una ciudad modelo del madurismo, una especie de Casablanca económica donde operan jugadores de todo tipo.
Coexisten inversionistas de alto riesgo, emprendedores tecnológicos locales en busca de capital, dueños de pequeños negocios y compañías tradicionales, aliados del gobierno y lavadores de dinero. La ciudad exhibe ahora anuncios publicitarios del sector privado, allí donde antes solía estar la propaganda gubernamental. La oferta de productos y servicios empieza a superar la demanda local, mientras que nuevas y llamativas edificaciones permanecen vacías. Este ínfimo destello de recuperación ha bastado para cambiar la narrativa internacional. Vemos cómo los analistas que antes hacían énfasis en la crisis humanitaria ahora especulan sobre la mejoría del panorama económico venezolano.
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Sin embargo, la falta de un marco legal sólido acentúa la incapacidad del gobierno para adelantar iniciativas esenciales, como la de una política monetaria coherente. Entretanto, el comportamiento errático del gobierno sigue siendo visto como una amenaza activa, que lo lleva a intensificar sus políticas económicas regresivas; por ejemplo, el nefasto impuesto a las grandes transacciones financieras.
Aun así, con sus reformas ad hoc, el gobierno ha demostrado que puede mantenerse a flote crisis tras crisis, incluso tras las sanciones directas impuestas por Estados Unidos a PDVSA en 2019.
En este momento, si el gobierno consigue formalizar estas reformas, podría sacar provecho de su capacidad de supervivencia. ¿Qué pasaría si el madurismo brindara suficiente seguridad jurídica a socios e inversionistas extranjeros? La respuesta está más supeditada a los designios de la política partidista que al resultado de las negociaciones con la oposición o con agentes internacionales.
*Raúl Stolk es CEO de Caracas Chronicles y miembro del Consejo Directivo de LexLatin. Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Americas Quarterly.
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