En el contexto actual, la sostenibilidad y el desarrollo económico son fundamentales para la prosperidad y estabilidad de las naciones, especialmente en Centroamérica. Ante los retos socioeconómicos, ambientales y políticos que enfrenta la región, es esencial implementar estrategias legales y políticas públicas que no solo fomenten el crecimiento económico, sino que también aseguren la conservación del medio ambiente, la justicia social y el bienestar de las generaciones venideras. En este sentido, el enfoque legal hacia la sostenibilidad en Centroamérica para 2025 cobra una relevancia crucial, al buscar equilibrar las necesidades económicas de los países con las exigencias del entorno global.
Dentro de ese entorno global, no se puede dejar de lado el impacto de las políticas a ser implementadas por Estados Unidos, especialmente en términos de sostenibilidad y relaciones internacionales. El anuncio de salida de Estados Unidos del Acuerdo de París ha generado diversas reacciones en la región. Además, la suspensión de fondos destinados a ayudas en otros países y la declaración de una emergencia energética han tenido repercusiones ambientales y financieras en América Latina.
Centroamérica por su parte enfrenta retos comunes como la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, y la vulnerabilidad ante fenómenos naturales (como huracanes, sequías e inundaciones). Sin embargo, cada país tiene sus propias características, prioridades y enfoques en relación con el desarrollo económico y la sostenibilidad. La sostenibilidad en esta región no solo implica la conservación de recursos naturales, sino también la capacidad de los países para diversificar sus economías, crear empleos verdes y mantener una gobernanza que permita el acceso a recursos de manera equitativa y responsable.
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El concepto de sostenibilidad implica un desarrollo económico, social y ambiental. En términos económicos, la sostenibilidad no se limita a la producción de riqueza a corto plazo, sino que promueve un modelo de crecimiento que sea inclusivo, responsable y capaz de generar valor a largo plazo. En el ámbito social, busca reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, mientras desde el punto de vista ambiental, se refiere a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la gestión eficiente de los recursos naturales, sobre todo en aras de evitar desastres naturales que cada año son más frecuentes e intensos.
A nivel de legislación, los países centroamericanos han comenzado a adoptar diversas leyes y políticas para promover la sostenibilidad y el desarrollo económico, aunque la implementación y el cumplimiento de estas normativas sigue siendo un desafío. Las iniciativas legales pueden variar en cada país, pero existen esfuerzos comunes que permiten sentar las bases para un futuro más sostenible.
Una tendencia creciente en Centroamérica es la integración de la sostenibilidad en las políticas públicas. En muchos países, como Costa Rica, la sostenibilidad ha sido un eje central de la política nacional durante décadas. Ese país ha liderado el camino en el impulso de la descarbonización de su economía, la protección de los recursos naturales y la promoción del turismo ecológico.
Otros países de la región también han comenzado a aplicar políticas que combinan el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. A nivel regional, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU que contiene “Los 17 objetivos para transformar nuestro mundo”, sigue siendo un punto de referencia para muchos de estos países.
Una de las áreas de desarrollo más importantes para la sostenibilidad es la regulación ambiental. Para 2025, es previsible que los países centroamericanos sigan fortaleciendo sus normativas relacionadas con la gestión de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, no basta con tener un marco legal robusto; es fundamental contar con instituciones públicas eficaces y eficientes. Estas instituciones deben garantizar un fácil acceso a la información, una revisión transparente de los procesos y una gestión ágil de la permisología. Solo así se puede asegurar que las leyes se apliquen de manera justa y oportuna, promoviendo la confianza y la participación ciudadana en el sistema.
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Para el año 2025, Centroamérica debe adoptar un enfoque de sostenibilidad que busque equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social. A pesar de las nuevas tendencias políticas en Estados Unidos, que indudablemente influyen en la región, los países centroamericanos deben unirse en la implementación, como región, de políticas que promuevan la energía renovable, la conservación de recursos naturales y la inclusión social. Este enfoque fortalecerá la resiliencia de la región frente a los desafíos globales, asegurando un futuro sostenible para sus habitantes.
*Vanessa Oquelí es socia directora de García & Bodán - Honduras.
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