A nivel mundial nos encontramos en una situación muy complicada por el brote de COVID-19. Estamos ante un contexto que va más allá de la seguridad que pueden otorgar los gobiernos a través de las diferentes medidas adoptadas, a nivel sanitario y desde la perspectiva económica y social, y que nos pueden llevar a un punto de no retorno. Más allá de las lecciones de prevención -como una mayor planificación y políticas públicas coherentes y adecuadas dentro del sector salud- el problema económico y la recesión global es algo que también debemos considerar como una “segunda pandemia”.
En un escenario de detrimento económico en el que las personas buscan salvar a las empresas de una inminente quiebra apelando a opciones de refinanciación o reestructuración, hay pérdidas cuantiosas de dinero. El rompimiento de muchas cadenas de pago se ha hecho inevitable y termina con la suspensión y reducción de la prestación de servicios como el transporte terrestre o aéreo, así como el cierre temporal de restaurantes, florerías, tiendas, plataformas digitales de contacto imposibilitadas para operar, entre otros negocios. Las consecuencias inician con la pérdida del empleo.
Por lo anterior, el Gobierno peruano ha planteado algunas medidas de fomento administrativo que buscan incentivar la supervivencia de la mayoría de estas empresas y, con ello, contribuir a recuperar la economía.
El fomento administrativo es una herramienta pública para dirigir la actuación de los agentes económicos. Un ejemplo es el impulso económico a través de distintos incentivos como regímenes excepcionales que facilitan la inversión, subsidios, reformas legales y respiros tributarios. Para ello, no se utiliza la coacción ni se crean servicios públicos, sino que se deja actuar al sector privado, impulsándolo con estímulos acertados con la finalidad de satisfacer la necesidad de interés general.
No obstante, la efectividad de las medidas de fomento administrativo se vería seriamente dañada si no se acompaña de un enfoque de simplificación administrativa y mejora regulatoria. Es decir, no se puede pretender que las empresas salgan a flote y que las inversiones en el Perú se recuperen, e incluso se reinventen, sin las normas necesarias o con regulaciones excesivas y trámites engorrosos que obstaculizan el proceso de inversión y de reactivación económica.
La simplificación administrativa y la mejora regulatoria no son conceptos divorciados, por el contrario, uno se alimenta del otro y juntos conforman la base fundamental de un Estado moderno que ofrece a sus ciudadanos y empresas un marco normativo adecuado. Con esto se garantiza el ejercicio de derechos como la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y el derecho de petición.
En un contexto como la crisis económica pos-COVID-19, estas herramientas deben destacar dentro del proceso normativo que se está viviendo. La simplificación administrativa contribuiría a hacer más sencillos los procesos administrativos para el ciudadano y para que las normas se adapten a la coyuntura, sin forzar la aplicación de una normativa que no está acorde con las circunstancias desencadenadas por esta pandemia.
A través de la simplificación administrativa y desde un enfoque de mejora regulatoria se pueden encontrar caminos hacia la digitalización de los trámites administrativos, mediante un fácil acceso que los convierta en procedimientos más amigables y ágiles. Asimismo, se pueden plantear modificaciones normativas orientadas a la reducción de requisitos a presentar en un procedimiento, así como la revisión orientada a la eliminación de regulaciones.
Recientemente un municipio limeño ha emitido una norma simplificando el trámite para la ampliación de giro o área de las licencias de funcionamiento obtenidas por los diferentes negocios de su distrito, sin que sea indispensable -en la mayoría de los casos- que el giro original sea compatible con el giro ampliado. Además, establece condiciones para que los negocios operen, como la desinfección del personal, entre otras. Eso es ir en sintonía con el contexto.
*Lucía Luna es asociada sénior en Estudio Olaechea.
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