El 18 de junio de 2019, el presidente de Brasil sancionó la Ley N ° 13.846 / 2019, llamada Ley de Fraude contra la Seguridad Social. De acuerdo con el Gobierno, esto permitirá intensificar la lucha contra el fraude para mejorar la calidad del gasto en seguridad social y reducir la judicialización de los problemas de seguridad social. La intención es disminuir los gastos para generar ahorros en más de 2.300 millones de dólares (9.800 millones de reales brasileños al 19 de noviembre) dentro de 12 meses.
Con origen en la Medida Provisional 871, presentada por el Gobierno el 18 de enero de 2019, la nueva ley tiene como objetivo habilitar al Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para monitorear e identificar el fraude a través de una revisión cuidadosa de los beneficios y procesos con indicaciones de irregularidades, así como para cambiar las reglas de otorgamiento de beneficios, tales como subsidio de reclusión y pensión por fallecimiento.
Según el secretario especial de Seguridad Social y Trabajo del Ministerio de Economía, la sanción de la nueva ley permitirá al Gobierno revisar más de seis millones de procesos de beneficios con el INSS.
Esta noticia, que al principio parece beneficiosa para la sociedad, podría tener graves efectos en los empleadores, ya que, por obligación legal, tendrán que absorber la fuerza de trabajo cuyo contrato se suspendió debido a la concesión del beneficio. Estos efectos son de varias órdenes y cantidades, que van desde el costo de retirar a los beneficiados de la seguridad social, hasta la necesidad de crear vacantes y políticas de rehabilitación, hasta la confrontación del infame "limbo legal de la seguridad social / laboral".
La concesión del beneficio de seguridad social que requiere que el empleado deje el trabajo, ya sea por enfermedad o subsidio por accidente, tiene como causa inmediata la suspensión del contrato de trabajo, en lo que la Ley N ° 8.213 / 91, en su artículo 63, llama como un "empleado con licencia".
En la misma línea, la concesión de la jubilación por discapacidad, de conformidad con el artículo 475 de la consolidación de las leyes laborales, provoca la suspensión del contrato de trabajo durante el período establecido por las leyes de seguridad social para el otorgamiento del beneficio.
Esto significa que el contrato de trabajo, mientras dure cualquiera de estos beneficios, permanecerá vigente. En todos los casos el empleado puede regresar al trabajo cuando cese el beneficio de la seguridad social.
Estas reglas imponen una obligación al empleador de reubicar al empleado al mismo trabajo o, si corresponde, identificar y ofrecer un nuevo puesto si se requiere rehabilitación.
Actualmente se sabe que las empresas trabajan al límite de su capacidad económica / financiera, con repercusiones directas en los empleos. Por lo tanto, el retorno a largo plazo de un empleado con licencia, ya sea debido a beneficios de seguridad social o jubilación por discapacidad, es un desafío importante que deben enfrentar las áreas de Recursos Humanos y Financiero.
El despido de la seguridad social ocurre con la concesión de beneficios por enfermedad, beneficios por accidentes y jubilación por discapacidad y las consecuencias de su asignación dependerán del tipo de beneficio y el estado físico y / o mental del asegurado.
Este artículo es la primera parte de un análisis más extenso. Para leer el resto de la información en portugués, puede entrar aquí.
}
Add new comment