En 2007, luego de haber admitido pagos a grupos paramilitares y guerrilleros en la zona bananera de Colombia, Chiquita Brands International fue multada con US$25 millones por el gobierno de los Estados Unidos. Chiquita fue acusada de complicidad y financiamiento de grupos terroristas, endosándosele cargos de homicidio, tortura, terrorismo, y otras violaciones de los derechos humanos. Los enredos legales de Chiquita por estos hechos en Colombia siguen aún vigentes, y con la reciente revelación de los Nuevos Papeles de Chiquita (New Chiquita Papers), la compañía está nuevamente en el ojo del huracán.
Los New Chiquita Papers revelan información que hasta hace poco era altamente sensible y confidencial, tal como las identidades de los ejecutivos que aprobaron y supervisaron por años los pagos a grupos responsables de innumerables violaciones de derechos humanos en Colombia, y los detalles de las operaciones. Las consecuencias de estas revelaciones van más allá del debate académico y de la responsabilidad netamente corporativa. Una nueva ola de investigaciones y demandas se vislumbra en camino, y el foco es la contribución de ejecutivos en crímenes de lesa humanidad. Y en el contexto colombiano, su impacto se verá necesariamente reflejado en los procesos de justicia transicional.
El caso de Chiquita es un claro ejemplo de los vacíos que tienen las políticas tradicionales de responsabilidad social empresarial, especialmente en entornos complejos desde la óptica económica, política y cultural. Aunque las compañías gastan millones de dólares y recursos en instaurar y promover estas iniciativas, la mayoría tienen buenas intenciones pero una gran falla: no tienen en cuenta el panorama completo y, por lo tanto, no generan cambios sostenibles —convirtiéndose en simples paños de agua tibia frente a la problemática global.
En efecto, las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial responden limitadamente a la necesidad de tener en cuenta las consecuencias sociales de la actividad productiva. Por ello, no sorprende el hecho de que muchas empresas hayan implementado programas sociales con buenas intenciones y luego se han visto inmersas en críticas fuertes por parte de la sociedad civil, crisis reputacionales, y problemas de legitimidad social.
La expectativa sigue siendo la de exigir de las empresas un comportamiento responsable y transparente. Los empresarios que operan en mercados globalizados lo saben y para ellos es evidente que las actividades comerciales deben ir de la mano con el progreso social si se quiere crear un valor compartido. La interrogante que se abre entonces es ¿cómo replantear la responsabilidad social corporativa y lograr una solución sostenible a estos retos competitivos?
La respuesta pareciera estar a la mano. En 2011, las Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos, ilustrando el camino y mostrando a las empresas los pasos a seguir para alcanzar esta meta. Esta iniciativa ha tenido eco en otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, la OCDE incluyó los Principios Rectores de la ONU en sus Lineamientos para las Empresas Multinacionales; la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial—reconoció en su política social y ambiental de 2012 la responsabilidad del sector privado en el respeto por los derechos humanos. La Comisión Europea y la Organización de Estado Americanos (OEA) han seguido estos pasos.
Ante este panorama y la presión cada vez más fuerte, empresas como Yahoo, Nestlé, Google, Microsoft, Unilever e IBM han replanteado sus iniciativas de responsabilidad social corporativa para integrar la lógica de los derechos humanos en su estructura organizacional. Lo más interesante de esta evolución es que las compañías que han dado este paso han experimentado mayores retornos en su inversión. De acuerdo con el Business and Human Rights Resource Center, este tipo de iniciativas han afianzado la legitimidad social, incrementado la retención de talento, fomentado la innovación al interior de las empresas, generado nuevos mercados y atraído nuevos inversionistas. Así, el respeto por los derechos humanos no sólo responde a una estrategia de negocio inteligente, sino que integra la lógica moderna de lo que significa ser empresario.
El apremio por el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, ha llegado también a los tribunales de arbitraje, quienes han entendido que es inadmisible pensar que las empresas con operación internacional sean inmunes al derecho internacional. Así, recientemente, en Urbaser S.A c. República de Argentina (Caso CIADI No. ARB/07/26), el tribunal arbitral analizó la relación del tratado bilateral de inversión suscrito entre Argentina y España con el derecho internacional y los derechos humanos, concluyendo que la responsabilidad social de las empresas es un “estándar de vital importancia para aquellas empresas que operan en el ámbito del comercio internacional” que incluye “obligaciones de cumplir con los derechos humanos en el marco de las operaciones de tales empresas en países distintos a su país de origen o registro.” (Urbaser S.A c. República de Argentina - Caso CIADI No. ARB/07/26)
La tendencia hacia la regularización también es cada vez más fuerte. La ONU adoptó en 2014 una resolución proponiendo la elaboración de un instrumento jurídico regulando la interacción derechos humanos-empresas. Una vez se concluya, este instrumento podría obligar a los Estados a que adopten políticas públicas y procedimientos para la prevención y mitigación de impactos en derechos humanos cometidos por terceros. Pese a la opinión de quienes la critican, esta nueva iniciativa ilustra la tendencia hacia la regularización de las prácticas empresariales de cara al respeto por los derechos humanos.
Para América Latina, en el marco de la Alianza del Pacífico y otras iniciativas de colaboración e integración regional, integrar los derechos humanos en las estrategias corporativas para entrar o expandirse en nuevos mercados será primordial. Colombia, abandera el tema con su “Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos”, lanzado con la meta de crear espacios de diálogo para prevenir y remediar los impactos negativos sobre los derechos humanos que puede tener la actividad empresarial. Las empresas que incorporen una lógica social y un sistema de gestión en derechos humanos en sus cadenas de valor tendrán una ventaja competitiva. El desarrollo social será primordial y las empresas que no lo hagan a tiempo simplemente se quedarán atrás.
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