Son frecuentes las consultas que recibimos acerca de qué pasos dar para tramitar una residencia legal en Uruguay, así como también advertir cuáles son las implicancias fiscales que dicho trámite puede derivar.
El contexto cambiante de los países de la región del Mercosur, así como los estrechos lazos sociales y económicos, ha llevado a que el trasiego de personas entre los países se vuelva cada vez más frecuente. Las normativas de cada país deben así ajustarse a las nuevas realidades.
En el año 2014, Uruguay aprobó la ley que regula una modalidad distinta de residencia definitiva, dirigida a los naturales nacidos en el Mercosur, países asociados y familiares de uruguayos. Tras cinco años de su entrada en vigencia, se ha vuelto el instrumento preferido para iniciar trámites de residencia en Uruguay, llevando incluso a demoras que, al diseñarse el sistema, seguramente no se habían previsto.
Los principales aspectos del trámite
Este proceso habilita a extranjeros a permanecer en Uruguay sin límite de tiempo y pudiendo trabajar durante dicho período.
En primer lugar, tengamos presente que es un trámite al que pueden acudir los nacidos en el Mercosur y Estados asociados y para el cual se necesitan los siguientes documentos: documento de identidad o pasaporte, partida de nacimiento del país de origen, antecedentes penales de países de residencia en los últimos cinco años.
La partida de nacimiento, en caso de corresponder, debe ser traducida al castellano por un traductor público uruguayo y legalizada ante el Consulado uruguayo de la localidad más próxima y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Una vez finalizada la cadena de legalizaciones, las mismas deben ser inscritas en el Registro Civil. Otro punto importante es que se exige contar con un esquema de vacunación uruguayo que incluya las vacunas contra el sarampión y la antitetánica.
Una vez reunidos los requisitos, se deberá agendar día y hora por internet, pudiendo iniciarse el trámite en oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay o en algunos consulados expresamente habilitados para ello.
En lo que refiere a fiscalidad, según la normativa uruguaya la residencia fiscal se configura conforme a dos hipótesis alternativas: una objetiva, basada en la permanencia o presencia física en territorio uruguayo; y una segunda alternativa de carácter subjetivo, con base en la radicación en Uruguay de ciertos intereses. Cumplida alguna de las dos hipótesis la persona física podrá solicitar el certificado de residencia ante la administración fiscal uruguaya. Una vez determinada la calidad de residente fiscal uruguayo, la persona deberá tributar en su calidad de residente los impuestos que correspondan.
La Dirección General Impositiva es la autoridad competente para emitir los certificados de residencia que acreditan la residencia fiscal. En cualquier caso, el hecho de ser residente fiscal en Uruguay no es incompatible con que la persona pueda ser también residente en otro país en los términos de su propio ordenamiento normativo tributario.
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