Reforma laboral en Chile: ¿Qué tan viables son las propuestas de los candidatos presidenciales?

Las recientes discusiones sobre las reformas laborales en Chile han generado expectativas importantes respecto del futuro del empleo. Sin embargo, tras revisar con detalle las propuestas de los candidatos en las elecciones presidenciales de este domingo, se observa un patrón constante: aspiraciones legítimas que no siempre vienen acompañadas del diseño técnico, la estructura de financiamiento o la capacidad institucional que permitan convertirlas en políticas públicas efectivas.

En un contexto marcado por la informalidad, baja productividad y un crecimiento económico debilitado, evaluar la viabilidad real de estas iniciativas resulta indispensable para no profundizar las fragilidades estructurales del mercado laboral chileno.

Muchas de las medidas planteadas buscan avanzar en equidad, dinamismo y protección. No obstante, la principal debilidad radica en su financiamiento y en los efectos que su implementación podría generar sobre la contratación formal.

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Beneficios entredichos

El caso más evidente es la propuesta de la candidata Jeannette Jara de avanzar hacia un “ingreso vital” de $750.000. Aunque el objetivo es claro, el mecanismo para alcanzarlo —un subsidio estatal permanente— no cuenta con una fuente sólida de financiamiento. Esto implica un gasto fiscal estructural en un país que aún no retoma un ritmo de crecimiento sostenido y enfrenta múltiples demandas sociales.

La “sala cuna universal”, por su parte, exige una reforma solidaria compleja, probablemente vía cotizaciones o impuestos, cuyo diseño técnico todavía no existe. En ambos casos, el desafío no es la aspiración final, sino la ingeniería fiscal y operativa necesaria para sostener estas medidas sin afectar negativamente el empleo formal.

En el caso del candidato José Antonio Kast, la propuesta de “indemnización a todo evento” busca reducir la incertidumbre y facilitar la movilidad laboral futura. Sin embargo, tropieza con un punto crítico: el costo de transición para los trabajadores que ya acumulan años bajo el sistema actual. La interrogante sobre cómo resguardar esos derechos adquiridos es significativa y requiere más que una declaración de principios. A ello se suma la resistencia sindical que probablemente generaría abandonar la indemnización tradicional por despido injustificado. Sin un acuerdo político amplio, su viabilidad práctica es baja.

Más allá del contenido específico, preocupa la ausencia de metas, cronogramas, indicadores y mecanismos de evaluación. Las propuestas hablan de transformaciones profundas, pero no explican cómo se medirán sus avances, con qué instituciones, bajo qué estándares ni con qué herramientas legales. Un mercado laboral estancado requiere algo más que buenas intenciones: exige planificación, ejecución y capacidad de corrección oportuna.

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Riesgoza flexibilidad

Otro aspecto crítico es el uso simultáneo de flexibilidad laboral y subsidios como herramientas centrales para promover la contratación. La flexibilidad, en principio, puede ser un instrumento positivo; sin embargo, cuando parte del financiamiento de las remuneraciones depende del Estado, surgen riesgos significativos.

El “ingreso vital” propuesto por Jara podría crear una distorsión estructural: en lugar de fomentar aumentos reales en productividad, trasladaría parte del costo salarial al gasto público. Si su financiamiento no se explica con claridad o si se concibe como un apoyo temporal, puede transformarse en una medida insostenible una vez retirado el subsidio.

Del lado de Kast, la flexibilidad extrema —incluyendo contratos por hora y amplios acuerdos individuales— plantea riesgos asociados al falso autónomo, la subdeclaración de horas y la pérdida de protección social. La flexibilidad no debe ser sinónimo de desprotección. Una regulación mal diseñada podría profundizar la precarización en segmentos ya vulnerables del mercado laboral.

En ambos modelos existen riesgos de deterioro de derechos. La implementación simultánea de un ”ingreso vital” elevado y una reforma universal de sala cuna, sin una base productiva sólida o financiamiento estable, podría presionar fuertemente los costos de MiPymes y Pymes, generando informalidad o reducción de jornadas. En sentido contrario, la “indemnización a todo evento” puede percibirse como una merma de protección ante el despido injustificado, mientras que la flexibilidad sin límites podría diluir la noción de jornada definida, aumentando la vulnerabilidad de los trabajadores.

A todo esto, se suma un problema estructural: la institucionalidad laboral chilena no está preparada para asumir reformas de este calibre. La Dirección del Trabajo ya se encuentra exigida al máximo tras la implementación de la Ley Karin, lo que evidencia una brecha relevante entre las aspiraciones normativas y las capacidades reales del Estado. Para evitar el colapso de la institución sería necesario aumentar su dotación y especialización técnica, digitalizar completamente procedimientos y establecer criterios administrativos estables que otorguen certeza regulatoria. Sin un fortalecimiento serio de la DT, ninguna reforma relevante tendrá ejecución efectiva.

*Leticia Ruminot es socia y gerente del área corporativa de Franco & Cía.