En el artículo El SAT refuerza fiscalización con tecnología, ¿de qué trata el Plan México y en qué consisten las auditorías digitales?, publicado por LexLatin, el análisis identificaba una transformación relevante: una autoridad fiscal con mayores capacidades tecnológicas para usar información, cruces de datos y modelos de riesgo como herramientas de fiscalización.
Esta reflexión permite plantear una nueva pregunta: ¿qué ha ocurrido en el Plan México en su ejecución? Y en particular, ¿qué tan cerca estamos de que la tecnología y la simplificación se traduzcan en mayor certeza para quienes invierten y cumplen sus obligaciones fiscales en México? La respuesta, hasta ahora, muestra avances, pero también un reto importante.
Bajo esa lógica, durante el 2026 se han materializado diversas medidas que reflejan el inicio de la ejecución del Plan México, tal como la publicación de incentivos fiscales de carácter administrativo. En mayo, se publicó el Decreto que crea la Autorización Inmediata de Inversiones y el Decreto para habilitar la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, ambos orientados a reducir tiempos y cargas administrativas para los proyectos de inversión.
Sin embargo, la competitividad fiscal de un país no depende únicamente de la tasa impositiva o de los estímulos disponibles, sino también del tiempo, el costo y el grado de incertidumbre que implica cumplir con las obligaciones necesarias para operar.
Las autoridades fiscales publicaron el Acuerdo 68/2026, con criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal.
El documento contempla, entre otros aspectos, una visión de revisión integral, el uso de muestras representativas y acciones para mejorar determinados procesos de atención al contribuyente.
Si bien los criterios tienen un carácter orientador y no limitan las facultades de las autoridades fiscales, su impacto dependerá de que los principios previstos se conviertan en prácticas consistentes y medibles. La ejecución del Plan México no está enfocada únicamente en lo que dicen los proyectos y acuerdos, sino en lo que experimentan los contribuyentes cuando solicitan una devolución, atienden una revisión o requieren una autorización.
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Por su parte, en junio la Secretaría de Economía, el SAT y Aduanas anunciaron la eliminación de la dictaminación de determinados avisos de comercio exterior, bajo la premisa de agilizar trámites y aprovechar mecanismos de autogestión. Aunque este tipo de medidas puede parecer meramente administrativas frente a los grandes objetivos de inversión del Plan México, en realidad pueden ser uno de sus componentes más importantes.
Es justamente aquí donde el diagnóstico sobre la fiscalización tecnológica adquiere una nueva dimensión: si las autoridades fiscales cuentan con más información para identificar riesgos, esa misma capacidad podría permitirles diferenciar entre contribuyentes con distintos niveles de cumplimiento. Una empresa con información consistente, operaciones trazables e historial de cumplimiento representa, en principio, un perfil de riesgo distinto de aquella que presenta inconsistencias recurrentes.
El siguiente paso podría ser usar la tecnología no solo para determinar a quién revisar, sino también para determinar a quién facilitar. Esto no significa reducir la fiscalización, sino hacerla proporcional al riesgo y, eventualmente, utilizar el buen cumplimiento como un elemento que facilite la relación con la autoridad.
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Para los contribuyentes, esto también implica un cambio de perspectiva. En un entorno de mayor fiscalización basada en datos, el cumplimiento tributario deja de ser únicamente una obligación defensiva. La calidad de la información financiera y fiscal, la trazabilidad de las operaciones y la consistencia de los datos que se presente a la autoridad puede convertirse en elementos estratégicos para reducir contingencias y facilitar procesos.
Por ello, el reto de la segunda mitad de 2026 no debería ser únicamente medir cuánto ha recaudado la autoridad o cuántas auditorías ha realizado. Habría que medir también cuánto tiempo se ha reducido en los trámites, qué tan oportunamente se atienden las solicitudes de los contribuyentes y si existe una mayor predictibilidad en la interacción con la autoridad.
El Plan México parece haber comenzado a transitar de la planeación a la ejecución. La oportunidad ahora consiste en cerrar la brecha entre facilitar la inversión y generar verdadera certeza para invertir.
La fiscalización inteligente puede detectar mejor el incumplimiento, pero la verdadera transformación ocurrirá cuando esa misma inteligencia permita reconocer el cumplimiento y hacerlo más sencillo.
Porque atraer inversión no consiste solamente en ofrecer incentivos, consiste en construir un entorno en el que una empresa pueda anticipar razonablemente las reglas, cumplirlas y tomar decisiones de largo plazo con confianza.
*Erika Baez Elizondo es socia de la práctica fiscal y Federico Fernández, asociado de la práctica fiscal de Greenberg Traurig México.
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