De acuerdo con el reporte estadístico del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2019, Perú estuvo entre los tres países más demandados en 2018. Los otros países que encabezan la lista fueron España y Colombia. El reporte arroja datos relevantes como las principales materias de controversia: la de petróleo, gas y minería acumula el 21 % de los arbitrajes llevados ante el CIADI. Electricidad y otras energías corresponden al 20 %.
Entre 1998 y 2018 se han registrado en el CIADI 22 demandas en contra del Estado peruano. Sin embargo, desde 2018 el número de casos ha aumentado de manera relevante. Solo entre julio de 2019 y junio de 2020 se registraron cinco controversias por parte de inversionistas.
¿Cuáles son las causales por las que se demanda al Estado peruano? Aunque son varios los factores, encontramos un elemento común: la falta de coherencia en las actuaciones del Estado respecto de las obligaciones asumidas frente a los inversionistas.
Por ejemplo, uno de los arbitrajes iniciados ante el CIADI es el de la compañía peruana Hydrika, de capitales estadounidenses y filial del grupo IBT Group, con sede en Miami. La compañía ha presentado una demanda de arbitraje de inversión bajo las reglas del CIADI relacionada con la concesión de proyectos de construcción de seis centrales hidroeléctricas en Ancash. De acuerdo con el informe de Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Construcción (División de Supervisión de Electricidad, mayo 2018), los factores del freno del proyecto son “demoras en la obtención del cierre financiero y la consulta previa con las comunidades que solicitan compensación”.
Circunstancia parecida ocurre en el caso de Latam Hydro LLC, por las operaciones de su subsidiaria CH Mamacocha S.R.L., que no ha podido llevar adelante el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Mamacocha, en la región de Arequipa, debido tanto a las acciones como inacciones de las distintas entidades del Estado que perjudicaron su realización.
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Dentro de poco, el Terminal Portuario Paracas (TPP), concesionario a cargo de la modernización del Puerto General San Martín de Pisco, presentará una demanda contra la República del Perú. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) declaró infundada la apelación presentada por el TPP y, ante el rechazo de la modificación de su estudio de impacto ambiental, la empresa ha indicado que se le ha generado un perjuicio económico de más de 200 millones de dólares. Además, señala que las observaciones realizadas por el Senace al estudio de impacto ambiental contravienen los términos de referencia de este, sin cuestionar la creación de las plantas de tratamiento o de almacén de concentrado. En síntesis, el concesionario encuentra que una entidad del Estado está perjudicando el desarrollo del proyecto, sin tener sustento legal para ello.
A la fecha, la República del Perú aparece como demandada en trece casos pendientes de solución. Cinco de estos se han registrado solamente en los dos últimos años.
¿Qué está sucediendo con el Estado peruano? ¿Por qué los inversionistas han tenido que llegar al punto de iniciar procedimientos arbitrales internacionales con todos los costos que esto implica?
Un factor podría ser la crisis política y de corrupción en la que nos encontramos hace ya varios años. Esta llegó a su punto máximo a mediados de noviembre de 2020, con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y las protestas en contra de las decisiones adoptadas por el Congreso de la República y en contra del expresidente Manuel Merino (luego de su renuncia el Congreso eligió como presidente interino a Francisco Sagasti).
Todo lo anterior es el reflejo más claro de lo que sucede día a día en nuestro país: la ineficiencia de las autoridades, la falta de decisión política y de responsabilidad para adoptar las decisiones necesarias, la demora en el otorgamiento de títulos habilitantes, tales como permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión y/o las puestas de operación comercial y la emisión de actos administrativos con una motivación deficiente que traba dichos proyectos, entre otros.
La cifra de las demandas contra Perú registradas ante el CIADI es un llamado de atención. Debemos despertar y generar un cambio que permita mantener el interés de los inversionistas extranjeros en esta plaza y así seguir adelante con los proyectos de inversión, en lugar de obstaculizarlos y, en el peor de los escenarios, detenerlos.
*Licy Benzaquén Gonzalo es socia del área de energía y recursos naturales en Estudio Olaechea. Representa a CH Mamacocha en la controversia de Latam Hydro LLC vs. la República del Perú.
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