La presentación temprana de pruebas periciales simplificadas en casos de infracción de patentes constituye una técnica procesal legítima y potencialmente eficaz. En litigios tecnológicos, caracterizados por su alta complejidad técnica, la presentación temprana de pruebas periciales puede reducir las asimetrías de información, mejorar la evaluación de la probabilidad y permitir decisiones más fiables, especialmente en casos de medidas cautelares urgentes.
El problema surge cuando la lógica aplicable a las patentes ordinarias se traslada automáticamente a las disputas que involucran patentes esenciales para estándares tecnológicos, las denominadas Patentes Esenciales para Estándares (SEP). En estos casos, la anticipación de pruebas técnicas no puede considerarse simplemente un mecanismo para acelerar los procedimientos, sino que también debe funcionar como un filtro técnico y competitivo.
En Brasil, el Código de Procedimiento Civil proporciona una base normativa suficiente para la adaptación procesal. En las patentes ordinarias, la anticipación de la opinión de expertos técnicos puede resultar eficaz. Si la controversia implica una comparación entre el producto en cuestión y las reivindicaciones de la patente presuntamente infringidas, un examen técnico previo puede esclarecer rápidamente la existencia de la infracción, lo que permite al juez decidir con mayor certeza sobre cualquier medida cautelar que pudiera adoptarse.
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Esta lógica, sin embargo, no se aplica automáticamente a las patentes esenciales para estándares (SEP): si la patente es esencial para el estándar tecnológico, es posible que quien la implemente no disponga de una alternativa técnica viable dentro de ese mismo estándar. Entonces, la disyuntiva deja de estar entre utilizar la tecnología patentada o adoptar una solución alternativa; más bien se convierte en licenciar o quedar fuera del mercado.
El propio CADE reconoce que los estándares tecnológicos promueven una comunicación eficiente entre productos, reducen costos, aceleran la adopción de nuevas tecnologías y favorecen la entrada de agentes económicos. Precisamente por ello, la titularidad de una patente SEP (Special Purpose Entity) otorga a su propietario una posición negociadora diferenciada en comparación con las patentes no estandarizadas.
Si bien la Ley N° 9.279/96 garantiza al titular de la patente el derecho a impedir la explotación no autorizada de la misma, en el caso de las SEP, este derecho debe interpretarse conjuntamente con el compromiso FRAND, por el cual el titular se compromete a licenciar la tecnología en términos justos, razonables y no discriminatorios.
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) describe el principio FRAND como un mecanismo de equilibrio entre el interés del propietario en recuperar las inversiones en investigación y desarrollo y el acceso de los implementadores a tecnologías estandarizadas, al tiempo que se preserva la competencia y la innovación.
En esta misma línea, la política de propiedad intelectual del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) estructura esta lógica en torno a dos ejes complementarios: evitar que las inversiones en normas tecnológicas se vean imposibilitadas por la falta de derechos esenciales y equilibrar las necesidades de normalización para el uso público con los derechos de los titulares, operacionalizando este equilibrio mediante la exigencia de un compromiso de licencia irrevocable en términos FRAND.
En este contexto, la pericia técnica avanzada adquiere una función específica. En las disputas sobre patentes ordinarias, puede servir principalmente para agilizar la aplicación de los derechos de patente. Sin embargo, en las disputas sobre SEP, su función debe ser más cautelosa: actuar como un mecanismo para evaluar el conocimiento judicial antes de adoptar medidas potencialmente excluyentes.
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Esto requiere un análisis no solo de la infracción técnica, sino también de la esencialidad real de la patente; la correspondencia entre las reivindicaciones, el estándar y el producto; la conducta de las partes en las negociaciones FRAND; la buena fe del implementador; la suficiencia de la compensación monetaria y los posibles impactos competitivos de la acción legal.
La relevancia de esta distinción radica en que las medidas cautelares en las disputas sobre SEP pueden tener efectos económicos mucho más amplios que en los litigios tradicionales sobre patentes. En determinadas circunstancias, la amenaza de exclusión del mercado puede trasladar la negociación del valor justo de la licencia a un entorno de presión económica.
Algunos estudios identifican el riesgo de abuso de patentes en este escenario, una situación en la que el titular de la patente se aprovecha de la dependencia estructural del estándar para exigir una remuneración que exceda el valor incremental de la tecnología. El problema puede agravarse por la acumulación de regalías, donde varios titulares de patentes acumulan cargos sobre el mismo producto complejo.
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Sin embargo, también existe el riesgo contrario. Quienes implementan la tecnología pueden optar por la negación de pagos, retrasar las negociaciones o utilizarla sin la compensación adecuada, aprovechándose de las demoras judiciales. Por lo tanto, se recomienda que, antes de imponer una medida cautelar, el juez verifique que la patente es realmente esencial, que hubo una oferta FRAND transparente, que el implementador actuó de buena fe y que las medidas menos gravosas, como regalías provisionales, depósito de garantía o rendición de cuentas, serían suficientes.
En Brasil, el desafío radica en conciliar la eficiencia procesal, el carácter contradictorio y la proporcionalidad en los litigios sobre SEP. Estos instrumentos requieren un manejo cuidadoso, según la naturaleza de la controversia.
La prueba técnica simplificada del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil puede ser eficiente en litigios menos complejos, pero en el caso de las SEP, rara vez resuelve cuestiones de esencialidad e infracción. Una simplificación excesiva puede generar una apariencia de eficiencia, pero una falta de fiabilidad.
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El mismo cuidado se aplica al cumplimiento específico. El artículo 497 del Código de Procedimiento Civil es pertinente, pero no autoriza la abstención automática en las Entidades de Propósito Especial (EPE). Su aplicación debe estar condicionada por la proporcionalidad, el daño recíproco, la suficiencia de la compensación monetaria y el interés público.
Esto no implica debilitar los derechos de patente, sino protegerlos con mayor seguridad técnica y proporcionalidad. La anticipación del análisis pericial revela así su potencial más sofisticado: no solo agilizar el procedimiento, sino también cualificar el conocimiento judicial antes de la adopción de medidas capaces de producir impactos relevantes en mercados estructurados por estándares tecnológicos.
La distinción entre patentes ordinarias y patentes esenciales para estándares (SEP) no es meramente una cuestión académica. Es lo que diferencia una protección judicial proporcionada de una intervención potencialmente excesiva en mercados donde la tecnología, los estándares y las patentes están profundamente interrelacionados.
*Socio fundador de Di Blasi, Parente & Associados.
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