Remontémonos al mes de septiembre del año 2016, cuando se suscribe la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, luego de la realización de una cumbre de la Naciones Unidas. Allí, se genera un   instrumento legal en el cual líderes gubernamentales de todo el mundo se comprometen, de manera conjunta, a elaborar un pacto migratorio con el propósito de lograr una migración segura, ordenada y regular a nivel mundial.

Esta declaración contiene compromisos muy claros y determinantes, relativos principalmente al respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, provengan de donde provengan.

Se determina, entre otros, el deber de proteger a todos los refugiados y migrantes, indicando expresamente la protección especial de las mujeres y los niños, no solo en lo relativo a su integridad física y psicológica, sino también con relación a su derecho a la educación, a no ser violentados sexualmente, ni discriminados de manera alguna por razón de sexo, género, raza, origen o religión.

Del mismo modo, se establecen lineamientos que se aconsejan cumplir a los países participantes. Estos versan sobre el trato que debe dispensarse a los migrantes y refugiados, la asistencia humanitaria y la ayuda y cooperación que debería brindarse a los países más afectados al recibir y acoger a grandes cantidades de los mismos, entre otros.

Se postulan, claramente, los mecanismos que deberán adoptarse para materializar estos acuerdos, concretamente mediante un "Pacto mundial migratorio". Este deberá contener directrices, principios comunes y se suscribirá en el año 2018 (tal como ocurrió), protegiendo, sobre todo, a aquellos migrantes en máxima situación de vulnerabilidad (niños que migran solos), dándole a las Naciones Unidas la potestad de vigilar estos procesos.

El pacto

Es así que, en diciembre del año 2018, en la ciudad de Marrakech (Marruecos) se genera este acuerdo, llamado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Este convenio se otorga con la aceptación de 165 países y establece 23 principios básicos —no vinculantes— que crean un marco de cooperación internacional para tratar la migración, considerada como fenómeno mundial y absolutamente vigente.

Ocurrió que 11 países, que inicialmente se comprometieron a suscribir el acuerdo, finalmente desistieron de hacerlo. Lo hicieron esbozando argumentos relacionados a su soberanía, ya que los principios allí recogidos podrían, según sus opiniones, restringir la facultad de decidir acerca de su política migratoria interna.

Tales países son: Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Israel, Australia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Chile y República Dominicana. Otros más siguen, aún, evaluando su suscripción.

Sin embargo, los países que apoyan el citado convenio sostienen que este, al no ser vinculante precisamente, no  crea ningún derecho a migrar, por lo que no ataca la soberanía de un país. El pacto solo  trata de generar una solidaridad responsable  durante los procesos migratorios, protegiendo la dignidad de las personas, su seguridad,  sus derechos y libertades fundamentales. También busca orientar las migraciones en la  contribución del  desarrollo de los países de destino, favoreciendo  condiciones que permitan a todos los migrantes enriquecer las sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales, con resultados positivos.

Este convenio, como hemos indicado, abarca 23 compromisos, entre los cuales destacan estos cinco:

1. Facilitar las vías para una migración segura, regulada y ordenada.
2. Salvar vidas y establecer mecanismos internacionales para encontrar a los migrantes desaparecidos.
3. Establecer condiciones dignas de trabajo y proveer a los migrantes de servicios básicos en sus lugares de destino.
4. Combatir desde todo lugar y bajo cualquier circunstancia el tráfico de personas.
5. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y trabajar en alternativas viables.

Tal como se aprecia, se busca primordialmente reducir la gran vulnerabilidad con la que los migrantes enfrentan sus desafíos y, del mismo modo, aminorar las posibilidades de abandono de sus lugares de origen mitigando los factores que producen esa situación.

Se plantea expresa y básicamente la necesidad de salvaguardar y respetar sus derechos humanos, su salud, su integridad y su bienestar, combatiendo cualquier tipo de abuso, explotación o crimen que los afecte.

De esta manera, se orienta y aconseja a los países firmantes a que, con base en estos lineamientos, creen políticas de Estado migratorias coordinadas para lograr objetivos concretos.

El Perú es uno de los países que ha suscrito este pacto, lo que nos compromete a seguir elaborando nuestra política migratoria desde la visión de la solidaridad y la protección del ser humano desvalido y vulnerable.

No creemos que este acuerdo pueda generar algún tipo de coyuntura desfavorable para nuestra sociedad o colectividad. Al contrario, nos parece un compromiso responsable en pro de la dignidad de las personas, un mecanismo de protección ante el desarraigo de seres humanos que se ven en la triste obligación de abandonar sus lugares de origen por motivos ajenos a su voluntad y en situaciones extremas.

Será voluntad de cada país integrar en su normativa estas prerrogativas, brindando de esta manera la protección y ayuda que requieren los migrantes ante una situación de vulnerabilidad, considerando importante que quienes suscribieron el acuerdo las consoliden legislativamente, para lograr una normativa principista, justa, coordinada  y solidaria.